Vivienda pública en León: la inacción de los ayuntamientos deja toda iniciativa en manos de la Junta
El acceso a la vivienda es, desde hace años, el centro del debate público, especialmente entre los leoneses más jóvenes que reclaman desde hace años a las administraciones públicas que se haga más por facilitar el alquiler y la compra de vivienda. Un modo de hacerlo es promover la vivienda pública y, en la provincia de León, hay más de 200 inmuebles en fase de proyecto o construcción que entran dentro de esta categoría. Todas ellas, a pesar de que los ayuntamientos también tienen capacidad para hacerlo, proyectadas por la Junta de Castilla y León.
La vivienda de protección pública es aquella a la que su acceso está condicionado por una serie de criterios sociales y económicos y, además, está financiada y gestionada por la administración pública; en este caso la Junta. En León, por tanto, existen 221 viviendas de nueva construcción o en rehabilitación, en el caso de las zonas rurales que tienen como objetivo facilitar el acceso a un hogar para personas dependientes, familias numerosas o jóvenes, ya sea mediante el alquiler o compra del inmueble.
Las competencias de vivienda están, prácticamente en su totalidad, transferidas a los gobiernos autonómicos desde el estatal. En el caso de Castilla y León, las únicas promociones públicas que se llevan a cabo actualmente (y, al menos, desde hace años) son las de la Junta, concretamente a través de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a cargo del leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, mediante la polémica Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).
Sin embargo, la administración autonómica no es la única con competencias para promover vivienda pública. También podrían hacerlo los ayuntamientos que, en el caso de la provincia de León, pero los principales consistorios no lo han hecho desde hace años, limitándose a colaborar con la Junta en algunas de ellas. Por su parte, la Diputación de León no tiene competencias para la creación de viviendas públicas, sino que se limita a la colaboración con la Junta o la creación de líneas de ayudas a la adquisición, alquiler y reformas de la vivienda rural.
Llegados a este punto cabe destacar que las competencias del Gobierno de España en materia de vivienda pasan por la creación de un marco legislativo base y la planificación general económica en este ámbito. El resto de cuestiones son responsabilidad de las Comunidades Autónomas por igual.
¿Dónde está la vivienda pública en la provincia de León?
Así pues, a lo largo de la provincia de León existe vivienda de promoción pública, ya sea de alquiler o de compra, pero todas las opciones han sido promovidas por la Junta de Castilla y León.
Para empezar, en la ciudad de León la Junta promueve, en la zona de La Palomera, la construcción de 100 ‘minipisos’ de alquiler para jóvenes que estarán listos en el año 2027, según afirma la propia Consejería. También en alquiler promueve 20 viviendas en Ponferrada, 10 en Astorga y 28 en Valencia de Don Juan (estas dos últimas promociones ya están entregadas). En total, la inversión que ha realizado la Consejería, junto a Somacyl, para estas 158 viviendas de alquiler social asciende a los 20,3 millones de euros.
Por otro lado, en cuanto a la vivienda social que se puede comprar, en la provincia hay un total de 32 viviendas en el municipio de Carracedelo y 31 en la ciudad de León. En el primer caso, se trata de viviendas de nueva construcción ubicadas en tres parcelas de la localidad de Posada del Bierzo. En el caso de las 31 viviendas de alquiler social de la ciudad de León, 13 de ellas se ubicarán en El Ejido y otras 18 en La Granja; ambas promociones también de nueva construcción. La inversión total del Gobierno autonómico en estos tres proyectos asciende a los 10 millones de euros.
Además, la Junta añade a las 221 viviendas de nueva construcción y con destino al alquiler o la compra social, se suman otras 19 del programa Rehabitare, que tiene como objetivo rehabilitar inmuebles en propiedad de los municipios o del obispado, principalmente en zonas rurales, para dedicarlas al alquiler social. Un ejemplo de ello fue la rehabilitación de unas viviendas en el municipio de Villablino. Por tanto, aunque son 221 viviendas sociales de nueva construcción, la cifra total de vivienda pública asciende en León a un total de 240, incluyendo las rehabilitadas.
A esta cifra se suma la construcción de 6 viviendas de protección pública en Carracedo del Monasterio (municipio de Carracedelo), también promovida por la Junta, con un presupuesto base de licitación asciende a 802.000 euros, con un plazo estimado de ejecución de 16 meses una vez adjudicadas las obras.
Promociones de ayuntamientos de León en los últimos 10 años
Con todo, a pesar de que los ayuntamientos tienen capacidad para promover y construir vivienda pública dentro de sus términos municipales, en la provincia de León la inacción de estas administraciones públicas ha provocado que la única oferta de inmuebles públicos sean de promoción autonómica.
Este periódico se ha puesto en contacto con los diez ayuntamientos leoneses con más población: León, Ponferrada, San Andrés, Villaquilambre, Astorga, La Bañeza, Bembibre, Villablino, Valverde de la Virgen y Sariegos. A pesar de que en la mayoría de casos los consistorios no han contestado a la solicitud de información de este periódico, ILEÓN ha podido constatar que ninguno de ellos ha construido viviendas sociales en los años recientes.
Los que sí han respondido ha sido para confirmar que no se ha creado vivienda pública en sus términos municipales. Por ejemplo, San Andrés del Rabanedo (gobernado por UPL) reconoce que ni ha promovido inmuebles de este tipo ni existen de otro tipo de administraciones públicas, algo que se explica por sus complicadas condiciones económicas; tampoco en Villaquilambre (ahora también liderado por UPL).
Por otro lado, el Ayuntamiento de León (gobernado por el PSOE) no promueve “de forma directa la construcción de vivienda pública”, explican, sino que facilita que la Junta pueda llevar a cabo proyectos públicos, como ya está haciendo, “con la cesión de varios terrenos de propiedad municipal”. Ha sido el caso de las viviendas de alquier para jóvenes, que se realizan en una parcela municipal cedida a tal efecto.
Otro de los grandes ayuntamientos de la provincia de León que no ha contestado a este periódico es el ayuntamiento de Ponferrada (cuyo equipo de Gobierno está liderado por el PP y cogobernado por Coalición por El Bierzo), a pesar de haber creado recientemente un Registro de Interesados en Vivienda Pública con el objetivo de “iniciar una acción concertada con la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para facilitar la construcción y entrega de nuevas viviendas para personas con dificultades en el acceso al mercado libre”, según informaron recientemente.
Una forma útil de tener una perspectiva diferente a la inacción de los ayuntamientos de la provincia leonesa es mirar hacia otros ayuntamientos de Castilla y León. Un ejemplo que salta a la vista es el de Salamanca (gobernado por el PP), que desde 2011 ha promovido la construcción dentro de su municipio de 384 viviendas públicas en alquiler (aunque algunas promociones incluyen opción de compra). Lo hace a través del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) y, más recientemente (promoviendo 55 viviendas de alquiler social), con la financiación de los fondos europeos Next Generation, mediante el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). Es el gran ejemplo de los ayuntamientos de la Región Leonesa, que cuando hay voluntad política para intervenir en el mercado de la vivienda, se encuentran fórmulas.
