REPORTAJE
Cuatro décadas de la primera solicitud de aborto en la provincia de León: un derecho reconocido que todavía no es público
Era 23 de agosto de 1985 y los periódicos de la época se hacían eco en sus portadas de un acontecimiento singular que, en realidad, siempre había sucedido en arriesgadas intervenciones caseras y clandestinas, pero que en España era la primera vez que se solicitaba de forma legal. 'Primera solicitud de aborto en la provincia', rezaba el titular de Diario de León.
Hace 40 años hubo una mujer en León que solicitó ejercer este derecho que se había despenalizado parcialmente por primera vez en el país aquel año. Joven, casada, con hijos y con problemas de salud después de una cirugía gastrointestinal, la mujer alegaba que dar a luz en sus condiciones podría suponer un riesgo para su vida; uno de los tres supuestos que amparaba aquella primitiva ley. Una ley que ya había permitido que ese mismo mes de 1985 se llevasen a cabo los dos primeros abortos legales de España en Oviedo.
Para llevar a cabo aquella intervención se creó una Comisión de Evaluación en el Hospital Virgen Blanca de la capital leonesa (hoy perteneciente al Complejo Asistencial Universitario, público, como por entonces) que determinaría si se daban o no las circunstancias para practicar este aborto.
Mientras la sociedad reclamaba la legalización, los médicos se oponían
La presidenta de Flora Tristán, Herminia Suárez Mata, rememora aquellas décadas de lucha para lograr una legalización del aborto que reclamaba gran parte de la sociedad, con independencia de su clase social o ideología política: “La sociedad estaba ávida por resolver la problemática de la planificación familiar. Nosotras recibíamos bastantes consultas en relación a embarazos no deseados. Nosotras nos centramos en promover un Centro de Planificación Familiar y lo conseguimos crear en 1984. Funcionábamos como una asesoría social y luego jurídica. Teníamos muchísimas consultas sobre el aborto de gente de todo tipo, no solo personas vulnerables”.
La Ley de despenalización del aborto de 1985, conocida como ‘Ley de supuestos’, en realidad no regulaba ni reconocía el aborto como un derecho, solamente reconocía tres casos en los que se podía practicar a través de la Sanidad pública o privada, sin riesgo de una pena de cárcel, como hasta ahora se imponía. Así ocurrió en octubre del año 1979, cuando la Audiencia Provincial de Vizcaya juzgó a once mujeres acusadas de abortar y, en León, Flora Tristán aprovechó aquel suceso para recordar a las mujeres el reto que suponía la lucha por ese derecho.
Los supuestos eran los siguientes: cuando existía un riesgo para la salud física o psíquica de la embarazada (siempre que constase así en un dictamen emitido con anterioridad, salvo caso de urgencia por riesgo vital), que el embarazo fuese consecuencia de una violación (siempre dentro de las primeras 12 semanas de embarazo y con una denuncia previa) y malformación del feto (durante de las 22 primeras semanas de gestación).
Aquellas condiciones eran insuficientes para la realidad de las mujeres y, en algunos casos, incluso cumpliéndose en teoría, las interesadas se encontraban con un obstáculo inevitable: los médicos objetores de conciencia: “Nosotras consideramos que esa ley para nada se correspondía con el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Era un parche, nada más”, recuerda Suárez Mata. “Resulta que los sectores conservadores de la profesión médica se opusieron a la propia existencia de la ley y después de la aplicación de la ley. Y lo siguen haciendo ahora”, adelanta la presidenta de Flora Tristán.
Polémica médica
De hecho, los periódicos de la época dejan constancia de esta oposición de los médicos. En agosto de 1985, el presidente del Colegio de Médicos de León, Vicente Serrano, mostraba su disconformidad con la Orden reguladora de la objeción de conciencia que se aplicaba para la Ley de despenalización y que implicaba que los médicos, de forma individual, podían decidir no participar en la interrupción de un embarazo. El Colegio de Médicos, sin embargo, estaba en contra de que los profesionales dieran a conocer a las Administraciones Públicas su negativa a practicar estas intervenciones y solicitaba, en cambio, que fuesen los médicos que sí querían practicar abortos quienes pusieran su preferencia de manifiesto.
A pesar de ello, el Colegio de Médicos recomendaba a los sanitarios que no mostrasen su opinión al respecto. Así lo reconocía en 1985 el subdirector provincial de INSALUD (Instituto Nacional de la Salud de España, que prestaba asistencia sanitaria pública): “Aunque se pretendía que los médicos se hubieran definido en cuanto a su posible objeción de conciencia de forma general, no quieren definirse de esa forma, sino que lo harían cuando se presente un caso en concreto”.
Los periódicos de la época reflejaban que, a pesar de que el Gobierno de España (por aquel entonces con Felipe González a la cabeza) hubiera dejado instrucciones, reglas y un procedimiento claro para que los médicos expresasen o no su objeción de conciencia. Ninguno lo había hecho en agosto de 1985, según los diarios.
Sin rastro de aquella primera petición
No hay rastro de que ese aborto se llevase finalmente a cabo en la provincia y alguna de las socias de la asociación Flora Tristán, un grupo de mujeres feministas que llevan 50 años luchando por los derechos de la mujer, apuesta a que no se llegó a realizar, al menos de forma legal. Tal y como llevaba haciéndose siempre. De hecho, el propio subdirector provincial de INSALUD declaraba por entonces a Diario de León que no parecía estar claro que el caso estuviera amparado por los tres supuestos de la Ley.
Por todas estas trabas que representaba la ‘Ley de supuestos’, en 1986 la asociación Flora Tristán participa en manifestaciones y edita un díptico en el que informaban a las mujeres de la necesidad de evitar abortos clandestinos, que inevitablemente sucedían e implicaban altos riesgos de muerte para el recién nacido y la madre, y facilitaba información sobre clínicas y países más cercanos donde los abortos se realizaban de forma legal.
La presidenta de Flora Tristán, que ya formaba parte de la asociación por aquel entonces, recuerda manifestaciones en León durante aquella época en las que a las feministas que participaban les lanzaban huevos. Otro de los recuerdos de Suárez Mata de aquella época es el de haber acudido a clínicas extranjeras donde se realizaban las operaciones de interrupción voluntaria de embarazo: “Recuerdo haber estado en Inglaterra, había un sitio allí que estaba lleno de mujeres españolas que habían ido a abortar. Estaban allí solas, doloridas, 'empastilladas'. En fin, en unas condiciones poco humanas”.
Sin embargo, seguía siendo una de las mejores opciones para aquellas mujeres que necesitaban interrumpir su embarazo sin el alto riesgo que suponía hacerlo de forma clandestina en España, la mayor parte de veces con métodos rudimentarios y con el añadido del peligro de la cárcel.
Otra de las socias de Flora Tristán que lleva décadas participando en las labores de la asociación recuerda acompañar a mujeres al aeropuerto para viajar a aquellas clínicas extranjeras: “Tienes que ayudar con dinero, información, acompañando al aeropuerto… Es como lo resolvían para no ir de forma clandestina. ¿Cuánta gente muere hoy en día por abortar de forma voluntaria? ¿Y antes? Tenían que meter agujas de coser o lo que hiciera falta. Para que no haya esas muertes de fetos tienes que permitir el aborto. Eso es matemática elemental”, argumenta.
La evolución social y legislativa del aborto que, sin embargo, sigue dejando lagunas y tabúes
La ‘Ley de supuestos’ de 1985 siguió dejando desamparadas a las mujeres que necesitan abortar de forma segura. No fue hasta la ‘Ley de plazos’ del año 2010 que el aborto se reconoció como un derecho de la mujer, despenalizando la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo.
Sin embargo, a pesar de que parecía que el derecho al aborto había sido ya ganado, en el año 2013 el Gobierno de España del ‘popular’ Mariano Rajoy y su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentaron una reforma de la Ley que eliminaba la posibilidad de abortar durante aquellos plazos, estableciendo un sistema de indicaciones incluso más restrictivo que el del año 1985 (al eliminar el supuesto de las malformaciones del feto y reclamando que fuesen necesarios dos informes que demostrasen que dar a luz supondría un daño físico y psíquico para la madre o el bebé). Finalmente, la falta de consenso político hizo que Rajoy anunciase la retirada de este anteproyecto y provocó la dimisión de Gallardón.
A pesar de la caída en desgracia de Gallardón tras este intento de reversión de los derechos de la mujer, en Castilla y León Vox trató de implementar una serie de medidas ‘pro vida’ durante el año 2023, cuando cogobernaba en la Junta con el PP de Mañueco. Sin embargo, estas medidas se quedaron en papel mojado porque las competencias de Sanidad recaían en los ‘populares’, que no llegaron a ejecutarlas.
2023: ultima reforma de la Ley del Aborto
La última reforma de la Ley del aborto se llevó a cabo en el año 2023 (durante el segundo mandato de Pedro Sánchez) y eliminaba la necesidad de obtener permiso paterno a partir de los 16 años para abortar, el aborto ‘libre’ a partir de las 14 semanas (22 semanas en caso de alto riesgo), suprime los tres días de reflexión y garantiza la distribución gratuita de la píldora de emergencia en centros de salud. Además, esta ley reclamaba el derecho de conciencia de los profesionales médicos de forma individual y garantizaba que siempre hubiera personas suficientes para llevar a cabo Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). En este sentido, la norma deja claro que quien se declare objetor, lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.
Sin embargo, esta norma no se aplica, según los datos y las expertas de asociaciones como Flora Tristán. En Castilla y León la última cifra existente de profesionales sanitarios que se acogen a la objeción de conciencia para no practicar IVE es de 437. Una cifra que no se renueva desde el año 2010 y que debería haberse hecho desde la Junta de Castilla y León con la reforma de 2023.
“Parece que han desaparecido las trabas con las reformas, ¿no? Pues no es cierto, porque resulta que una cosa es el derecho al aborto y otra el derecho al aborto en la Sanidad pública”, denuncia Suárez Mata. “Tiene que haber un registro de médicos objetores desde el año 2023, pero en los centros de salud la respuesta siempre es el silencio o el ‘no sé’. Y ese es el gran problema”.
Sin abortos en la sanidad pública de Castilla y León
Esto provoca que las mujeres de Castilla y León se vean obligadas a recurrir principalmente a la sanidad privada para abortar. De hecho, aunque antes del año 2010 el desplazamiento de las mujeres para abortar se tenía que llevar a cabo en el extranjero, hoy en día estas mujeres siguen teniendo que desplazarse de su entorno para interrumpir voluntariamente su embarazo, ya que ninguna clínica en León proporciona estos servicios, ni siquiera en la Sanidad privada.
Esta laguna hace que las mujeres tuviesen que viajar en el año 2024 a clínicas privadas de Valladolid o Madrid, mediante contratos firmados entre estos centros y la Junta de Castilla y León para externalizar la práctica de abortos de las mujeres de la provincia. No hay hospitales ni públicos ni privados (ya que la propia clínica privada a la que señalaba la Junta desmintió ya en 2024 que lo hiciera) que practiquen abortos voluntarios en la provincia de León. “Las mujeres tienen que hacer un itinerario para abortar. Cuando una mujer toma una decisión de este tipo es una decisión compleja y que duele. Si además las hacen peregrinar por la geografía española e ir abonando los gastos, sin tener en cuenta a los acompañantes… Nos encontramos con que no se está cumpliendo el derecho al aborto como está establecido. Es un derecho, y ese derecho se está vulnerando, todavía”.
En el año 2023, último año del que la Junta ha hecho públicos los datos de IVE, 613 mujeres de la provincia de León se sometieron a interrupciones voluntarias de embarazo. Según los datos de la Junta el 56,12% de estas intervenciones se hicieron sin financiación pública, frente al 43,8% que se hicieron con financiación pública, la mayor parte de ellos en hospitales de Castilla y León, sin especificar la provincia o el carácter de la clínica. Hay que tener en cuenta que estos datos incluyen los abortos farmacológicos, que en el año 2023 fueron un total de 98 y que se llevan a cabo en la provincia de Burgos.
“Al final este tipo de derechos en la práctica no se pueden llevar a cabo, al menos de forma pública”, reflexiona otra de las socias de Flora Tristán, “Los llevan a cabo de manera que las condenan a la anomalía, a sentir un rechazo social que no hay realmente. Porque las mujeres de todas las clases sociales tienen que abortar y porque hay una Ley que ha salido adelante y nadie se ha tirado al monte por eso”.
Desde la asociación feminista Flora Tristán piden que la sociedad no olvide este derecho que ha tardado tanto tiempo en ser considerado como tal y que aún hoy en día está lejos de ser perfecto: “Todas las nuevas generaciones tienen que saber que si no luchan por sus derechos pueden estar en riesgo. Esto es una cadena de relevos”, recuerda la presidenta de la asociación, que este año además celebra su 50.º aniversario sin perder de vista los retos del futuro.
