El alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, condenado por la Audiencia Nacional hace ya casi un año a ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público por el caso de corrupción destapado por la 'Operación Púnica' en la Diputación de León, dejará su cargo tras un ultimátum que le ha tenido que dar a él y al secretario del Ayuntamiento la propia Junta Electoral Central.

La sesión ha sido fulminantemente convocada este viernes para esta misma tarde, a las 17.00 horas, de manera extraordinaria y urgente, como había exigido en un acuerdo a modo de ultimátum ayer día 11 de abril la Junta Electoral Central. Y además, ante la presión de un pequeño grupo de personas, vecinos del municipio, que se han presentado hoy en el Consistorio exigiendo que se cumpla la sentencia, con un cartel que rezaba: “Alcalde, vete ya de una vez”.

En su duro escrito, la más alta entidad electoral del país afeaba el incumplimiento de la pérdida de la condición de alcalde y de concejal de Sánchez transcurridos casi once meses de la sentencia de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y casi tres desde que, en otra resolución, la Junta Electoral zanjara que el regidor tenía que abandonar definitivamente todo cargo municipal.

En todo este tiempo transcurrido, varias fueron las maniobras dilatorias del propio alcalde y también del secretario de este Ayuntamiento, Borja Javier Miguélez Rodríguez. Desde mediados de enero hasta finalizar el primer trimestre del año no se convocó Pleno alguno en el Consistorio, pese a la obligación legal, de modo que así no se tomaba la decisión, que es automática y ni siquiera necesita votación alguna, de que Pedro Vicente Sánchez abandonara su acta después de un cuarto de siglo como alcalde. De hecho, esto le permitió seguir cobrando el elevado sueldo municipal del que disfrutaba. Además, hace unas pocas semanas que el alcalde cogió la baja médica, algo que aducían también ambos para que no se celebrara la sesión plenaria.

Colmando la paciencia

Tales maniobras acabaron colmando la paciencia de la Junta Electoral Central, cuyo presidente, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, a instancias nuevamente de un vecino indignado con la situación de manifiesta ilegalidad, llegó en última comunicación a amenazar con acciones penales si no se resolvía de una vez esta situación.

De hecho, llegó por escrito en la resolución a “apercibir al alcalde y al secretario del Ayuntamiento de Puebla de Lillo de las responsabilidades, incluidas las de naturaleza penal, en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento del requerimiento de esta Junta”. Incluso ante las más altas instancias, remitiendo “testimonio a la Fiscalía General del estado”. Tal firmeza por fin resultó ejecutiva: la convocatoria del Pleno tardó apenas unas horas.

La sesión no requiere ni que voten los concejales asistentes, ni siquiera que acuda el propio todavía alcalde, como ya pasara con el precedente del alcalde de Cuadros y expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, igualmente condenado a causa de 'Púnica' a los mismos ocho años de inhabilitación. En su caso, él dimitió minutos antes del Pleno.

La Junta Electoral, además, pide pruebas a Puebla de Lillo de que se cumpla el motivo de la “incompatibilidad sobrevenida” tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y reclama al secretario que traslade “de manera inmediata certificación acreditativa de la vacante de concejal” a la sede de Madrid.

Perfil de 'el hombre de las nieves'

Pedro Vicente Sánchez García, apodado políticamente por algún rival como 'El hombre de las nieves', por ser el alcalde del Partido Popular desde los años 90 del siglo pasado de Puebla de Lillo, donde se sitúa la más importante estación de esquí de la Diputación en la provincia leonesa, fue también diputado provincial de Turismo (el área del que dependen las estaciones invernales) y alto cargo de Presidencia cuando no consiguió el acta provincial.

En ese cargo, mano derecha elegido a dedo por la entonces presidenta del PP y de la Diputación, Isabel Carrasco, fue desde el que según la condena facilitó el pago de hasta 107.000 euros a las empresas del entramado de la Púnica del empresario Alejandro de Pedro, dinero a cambio de favores personales que beneficiaron primero a Carrasco hasta que murió asesinada en mayo de 2014 y después a su sucesor, Marcos Martínez Barazón, hasta su detención fulminante por la Guardia Civil en noviembre de ese mismo año. El destino de ambos alcaldes quedaría sellado, junto al del exinterventor provincial, Jesús 'Suso' López, que recibió idéntica condena. Y es que los dos tuvieron que abandonar el PP y presentarse a las elecciones por sendos partidos independientes, que no sólo ganaron sino que arrasaron en Lillo y en Cuadros en las elecciones posteriores.

El concejal que hoy firma la convocatoria del Pleno que será el adiós de Sánchez es José Ramón Alonso, teniente de alcalde junto a Teodomiro Fernández Martínez. Pero está por ver, en una sesión plenaria posterior, si alguno de ellos o alguien diferente de la lista electoral asume la Alcaldía de Lillo, después de que tome posesión el suplente del eterno regidor.

Después de más de un cuarto de siglo empuñando el bastón de mando, el reloj político de uno de los alcaldes más veteranos en el cargo de la provincia de León, Pedro Vicente Sánchez, regidor de Puebla de Lillo, ya ha comenzado la marcha atrás que podría marcar su adiós como alcalde.

Sánchez, que fuera en su día diputado provincial de Turismo y alto cargo en puesto de confianza de los expresidentes Isabel Carrasco y Marcos Martínez Barazón, es a día de hoy la única excepción -que se conozca- de un alcalde condenado por sentencia judicial que conlleva inhabilitación pero que permanece en su cargo, y en su caso cobrando un salario superior a los 25.000 euros, sumados a los emolumentos por su ocupación profesional. El resto de afectados por similares situaciones ya no llegó a final del año electoral siendo alcaldes. La suya era una llamativa excepción.

El propio Marcos Martínez, alcalde histórico de Cuadros, ya tuvo que presentar su dimisión y renuncia a la Alcaldía y a su acta como concejal hace apenas una semanas, cuando la oposición del PSOE forzó en este ayuntamiento del alfoz de León una serie de iniciativas ante la Junta Electoral y el propio Pleno para hacer efectiva la condena de ocho años de la Audiencia Nacional por su implicación en la trama corrupta que destapó en 2014 la Operación Púnica. Martínez y Sánchez, junto al exinterventor de la Diputación, Jesús 'Suso' López, fueron los implicados judiciales por parte de la institución.

Vidas políticas paralelas

Los casos de ambos, Martínez y Sánchez, ha corrido paralela durante años: los dos llevan con creces más de dos décadas arrasando en las urnas en sus respectivos ayuntamientos leoneses, desde el principio bajo las siglas del Partido Popular (PP). Ambos coincidieron con altas responsabilidades en el entorno político de la expresidenta Isabel Carrasco hasta su asesinato de tres disparos en plena calle en 2014. También los dos 'cayeron' en la Operación Púnica y resultaron imputados por la Audiencia Nacional, a pesar de lo cual continuaron gobernando incluso con mayor mayoría absoluta tras ser expulsados por el PP, fundando sendos grupos municipales independientes hechos a su imagen y semejanza.

De hecho, en el caso del regidor montañés, gobernaba ahora mismo en una Corporación municipal de lo más extraña, ya que ningún partido conocido obtuvo representación en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, ni PSOE ni PP ni ningún otro. Pedro Vicente Sánchez obtuvo su sexta mayoría absoluta encabezando la Agrupación Independiente Puebla de Lillo (AIPL), mientras en la oposición permanecen tres concejales de Agrupación Independiente por la Montaña del Alto Porma (AIMAP).

En el caso de Cuadros, como en otros dos alcaldes leoneses condenados por casos diferentes -Cabañas Raras y Sena de Luna, ambos del PP- fueron otros partido políticos los que instaron la aplicación de sus condenas, las cuales en todos los casos conllevaban inhabilitación para ocupar cargo público. Pero en Puebla de Lillo hasta ahora no constaba que nadie hubiera dado ese paso, ni ante la Junta Electoral ni ante el propio secretario municipal.

Pruebas de una iniciativa

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar documentalmente que sí hay ya en marcha una iniciativa formal para instar al cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional contra Sánchez. El caso, incluso, se ha dirigido también al Defensor del Pueblo.

El impulso de estas iniciativas pone plazos que no serán muy largos en el tiempo para que, entre otros, la Junta Electoral Central adopte una resolución, que lo lógico es que sea idéntica a los casos iguales mencionados de otros alcaldes de León y el propio Martínez Barazón. De este modo, se instará a que el alcalde entregue su acta y se nombre un sustituto o sustituta como concejal, para después elegirse un sustituto para él también en la Alcaldía de Lillo.

El afectado, Pedro Vicente Sánchez, consultado por ILEÓN, ha declinado hacer ninguna valoración ni confirmar si tiene conocimiento personal de estas iniciativas contra su mantenimiento como alcalde, limitándose a asegurar que “haremos lo que manda la Ley y a su debido tiempo”.

Un total de seis alcaldes de la provincia de León, salidos de las urnas este mismo año 2023, tras las elecciones municipales celebradas el pasado mes de marzo, no comerán las uvas de Nochevieja con el bastón de mando en la otra mano.

Los poco más de cinco meses que han transcurrido desde que todos los regidores emanados de las urnas tomaran posesión, en el mes de julio, han sido tiempo suficiente para que seis de ellos abandonen sus cargos municipales de máxima responsabilidad, pero por motivos muy distintos dependiendo de los casos.

Así, tres de ellos se han visto forzados a dejar la Alcaldía por diferentes tipos de condenas penales que suponían inhabilitación para ocupar cargo público. Se trata por este orden cronológico de los casos de los alcaldes de Cabañas Raras, de Sena de Luna y de Cuadros, en el alfoz de León capital. Otros dos ya no gobiernan a causa de sendas y madrugadoras mociones de censura, como ha ocurrido en dos municipios del sur de la provincia, Villamañán y Soto de la Vega. Y en un último caso, Grajal de Campos, se ha tratado de una sencilla renuncia personal al cargo.

Los casos más mediáticos han sido los cinco primeros. De aquellos a los que sus delitos, con sentencia judicial, les han conllevado condena de inhabilitación, el primero en el tiempo fue el que apartó a Juan Marcos López (PP) tras la condena de la Audiencia Provincial de León a once años de inhabilitación y seis de prisión por delitos de prevaricación administrativa y gestión interesada relacionados con la adjudicación de una parcela del Polígono Industrial en la que la empresa Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, propiedad del regidor y su esposa, construyó un crematorio de mascotas.

Siguiendo su estela, y apurando muchísimo el plazo, otro histórico alcalde del PP, José Celestino García, tuvo que renunciar también a su acta tras comprobarse que había prevaricado al haberse beneficiado a sí mismo de manera personal y directa en la cesión de unos derechos de caza en el año 2019, cuando era al mismo tiempo alcalde, presidente de la Junta Vecinal del pueblo de Robledo de Caldas y directivo de la sociedad Club Deportivo de Caza El Negrón a favor de la que se cedió derechos cinegéticos, como confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial. El PP no impidió antes de las elecciones que se pudiera presentar y tardó semanas esperando a que García renunciara tras su condena por inhabilitación.

Siguiendo esta estela, la oposición en el Ayuntamiento de Cuadros tuvo que instar y forzar con la convocatoria de un Pleno, apurando el año, la dimisión del no menos histórico alcalde de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, quien fuera relevante miembro del PP, incluso presidente de la Diputación de León, hasta su detención por la trama corrupta que destapó en 2014 la Operación Púnica de la Audiencia Nacional, continuando después como independiente pero arrasando en las urnas.

En su caso, el alto tribunal le había condenado a ocho años de inhabilitación en una sentencia que, curiosamente, se conoció apenas unas horas después de su último éxito electoral en Cuadros. Y en la misma sentencia, idéntica pena le impuso la Audiencia Nacional a otro alcalde de un municipio leonés, Pedro Vicente Sánchez, que lo es de Puebla de Lillo, y que en su caso continúa en el cargo dado que ni él ha renunciado de motu proprio ni nadie ha instado su expulsión.

En el caso menos mediático, el alcalde recién electo de Grajal de Campos, Jesús Santos González, también del PP, presentaba su renuncia al cargo en octubre aunque en su caso continuando como concejal en una Corporación en la que los populares mantienen la mayoría absoluta alcanzada. Pocas semanas después el bastón de mando lo empuñó su joven compañera en la candidatura Tamara Alonso.

Pero antes de que acabara el año, dos mociones de censura este mes de diciembre han calentado los ánimos de sendos municipios leoneses, y en los dos para que el PP arrebatara las alcaldías, primero en Villamañán y después en Soto de la Vega.

En el primer caso, se la quitó a Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ocupaba tras las elecciones Higinio García con apoyo del grupo socialista, pero un concejal tránsfuga del PSOE cambió de bando para convertir regidor al popular Marcos Fernández.

En el Soto de la Vega, el nuevo regidor es José Ángel López, también del PP, tras recabar ahora el apoyo del único concejal de Ciudadanos, que al principio del mandato había sustentado la Alcaldía del socialista Maxi Pérez.

Más de 32 años después de permanecer en la Alcaldía del Ayuntamiento de Cuadros, el expresidente de la Diputación de León por el Partido Popular, hoy independiente, Marcos Martínez Barazón, presentó hoy su definitiva renuncia al cargo y al acta de concejal acorralado por la condena penal de inhabilitación a que le sentenció este mismo año, poco después de ganar las elecciones otra vez, la Audiencia Nacional por el caso de la Operación Púnica.

Hoy era el día en el que el regidor sería apartado de su puesto, sí o sí. Pero para ello, y hacer valer la sentencia condenatoria de mayo de este año, la oposición había tenido que forzar la convocatoria de un Pleno que activara por fin la inhabilitación por más de ocho años a ocupar cargo público alguno por su implicación delictiva en el caso de corrupción en lo que afectó a la Diputación leonesa antes y durante su breve mandato como presidente en 2014, tras el asesinato de su antecesora y valedora, Isabel Carrasco.

Sin embargo, el Pleno como tal no se celebró, en una maniobra que la oposición del Grupo Socialista no dudó en tildar de grave e irregular, ya que el secretario municipal en vez de desarrollar los tres puntos del orden del día se limitó a informar de que Martínez Barazón había registrado esta misma mañana, minutos antes de la sesión, un escrito de renuncia. Tras su lectura en público se levantó la sesión impidiéndose no sólo debatir y aprobar o tomar cuenta de los puntos, como es obligatorio y preceptivo, sino incluso intervenir a los concejales, que reclamaron en vano la palabra.

Los que en cambio sí se hicieron notar fueron los menos de medio centenar de vecinos asistentes al Pleno, que aplaudieron casi todos en apoyo del ya exalcalde -que en ningún hizo acto de presencia-, con sonoros aplausos y gritos de apoyo, refrendados con algunas pancartas que además de ese apoyo incluso recogían veladas amenazas a la oposición.

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco García Mediavilla, avanzó que estudiarán acciones legales, denuncias incluidas, “para el exalcalde y todos los que con sus decisiones están presuntamente prevaricando”, en referencia a que el primero no comunicó jamás al Ayuntamiento su condena de inhabilitación y el secretario municipal “se tenía que haber enterado de un hecho tan notorio -la condena-, y al no pedírsela puede haber incurrido también en un delito”.

En ese sentido, quiso aclarar que “no es la oposición sino la legalidad la que le echa” del Ayuntamiento de Cuadros a Martínez Barazón, “porque son los delitos que él ha cometido por lo que se tiene que ir”. Y lamentó su último acto como regidor: “Ha continuado con su política: siempre está rozando la ilegalidad, en alguna ocasión la ha cometido, como ya dicta una sentencia, y ahora otra más en este Pleno”.

En el escrito leído en público y registrado hoy en su adiós, Marcos Martínez Barazón aseguró que la oposición ha sido quien “han cercenado mis derechos que cualquier otro ciudadano tendría mientras la sentencia no es firme”, dado que la ha recurrido al Tribunal Supremo; una maniobra que no sólo no le ha valido a él, sino tampoco a los también condenados alcaldes de Cabañas Raras o Sena de Luna este mismo año.

El histórico regidor argumentó no que le expulsa la sentencia condenatoria de Púnica sino que considera “totalmente prioritaria la tranquilidad de mi familia, la mía propia, y la de los vecinos de Cuadros que me han respaldado mayoritariamente y continúan haciéndolo”. Y de hecho, en sus argumentos quiso dar la vuelta a la condena de la Audiencia Nacional, asegurando que “no afirma en modo alguno que haya desviado ni un sólo céntimo, absolviéndome de los delitos de fraude, falsificación, malversación, cohecho, y siendo condenado únicamente por irregularidades administrativas que no alentó y que desconocía”. Y eso a pesar de admitir a continuación su “responsabilidad penal como último responsable de la Diputación”.

Y para concluir, introdujo otro argumento tan populista como tergiversado, afirmando que “nos encontramos en momentos muy extraños en que los políticos que han malversado cientos de millones de euros ejercen funciones de Gobierno, protagonizan indultos y amnistías -en referencia, se supone, a Pedro Sánchez- al mismo tiempo que otros que no hemos incurrido en irregularidades económicas somos objeto de sanciones ejemplares sin derecho a recurso”.

Ahora, ya sin Martínez Barazón con el bastón de mando ni siquiera el acta de concejal, debe tratar de recomponerse la normalidad en el Ayuntamiento de Cuadros cuando en 10 días hábiles se produzca la toma de posesión de la persona que le sustituya a partir de ahora como concejal. Posteriormente, en otra sesión aún sin fecha, la Agrupación Independiente de Cuadros (AIC) que fundó tras su expulsión del PP debe designar, haciendo uso de su mayoría absoluta, a quien sea el próximo alcalde o alcaldesa, un nombre que todavía no se conoce.

El alcalde de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, dejará de serlo desde el próximo lunes 11 de diciembre cuando tenga que dejar el puesto que ocupa desde 1991 por la sentencia de 8 años de inhabilitación a la que fue condenado por la Audiencia Nacional en el llamado caso Púnica León. El hasta ahora regidor se ve forzado a abandonar el acta pese a que la condena no es firme y está recurrida, ya que una sentencia de este tipo le inhabilita como concejal por ser inelegible según la interpretación de la Ley Electoral que ha dado de paso la Junta Electoral de Zona de León según ha conocido este periódico.

Martínez Barazón deja así obligado la política tras una carrera en la que llegó a ser presidente de la Diputación de León durante unos meses en el año 2014 tras el asesinado de Isabel Carrasco, de quien fue mano derecha en la institución provincial desde el año 2007. En octubre de 2014 Barazón fue detenido en el marco de la operación Púnica, ingresando en prisión y dejando sus cargos provinciales y el Partido Popular, pero no el acta de concejal ni la alcaldía, que logró revalidar como independiente y con mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023.

Según la Junta Electoral de Zona al hasta ahora alcalde de Cuadros se le aplica el artículo 6.2 b) de la Ley Electoral (LOREG), que señala que “son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.

Barazón fue condenado a una pena de inhabilitación de 8 años y 6 meses en el caso Púnica León por un delito de prevaricación administrativa vinculado a los contratos de reputación personal de la Diputación de León con el empresario Alejandro de Pedro, vinculados a tareas de comunicación. La sentencia deshechó los delitos de fraude, falsificación en documento con malversación de caudales públicos y cohecho que les atribuía Fiscalía, de los que también fueron absueltos Pedro Vicente Sánchez y el exinterventor provincial 'Suso' López, igualmente sentenciados a inhabilitación.

Los condenados han recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, al igual que la Fiscalía, que ha pedido en un duro recurso repetir el juicio porque consideran que los jueces omitieron pruebas fundamentales en el caso para obviar las penas de cárcel.

La salida de Barazón de la política por una condena no firme es la tercera del actual mandato tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, ya que el alcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López, también condenado a inhabilitación, fue despojado de su acta de concejal por la Junta Electoral de Zona de Ponferrada por la misma interpretación de la Ley Electoral. El hasta ahora alcalde de Sena de Luna, igualmente condenado por inhabilitación, dejó su cargo hace unas semanas por idéntica situación.

El PSOE ha sido el partido que ha impulsado estas expulsiones de la política tras las sentencias condenatorias, pidiendo a las Juntas Electorales que despojaran a ambos de su condición de concejales. En el caso de Cuadros elevaron la petición el pasado mes de octubre, Ayuntamiento al que la Junta Electoral ha forzado a convocar un pleno extraordinario para tener conocimiento de la sentencia condenatoria y de la consiguiente dimisión forzada del alcalde, en cumplimiento de la Ley Electoral.

Tras la salida del poder de Marcos Martínez Barazón el próximo lunes el Ayuntamiento de Cuadros deberá convocar un pleno para designar a su nuevo alcalde en 15 días. El partido del alcalde saliente, la Agrupación Independiente de Cuadros, cuenta con 7 de los 11 concejales del Pleno, por dos del PSOE, 1 de UPL y 1 del PP.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que impuso penas de inhabilitación a seis acusados por el despliegue de la trama Púnica en León, entre ellos al expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón, actual alcalde del municipio leonés de Cuadros.

La Audiencia Nacional dictó el pasado mes de mayo la segunda sentencia del caso Púnica, que estalló hace más de 8 años, en la que absolvió a todos los acusados de los delitos que conllevaban pena de cárcel e impuso a seis de ellos condenas de entre cuatro y ocho años y medio de inhabilitación

Disconformes con la sentencia, las fiscales del caso han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo por infracción de ley al considerar, entre otros motivos, vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y por error de los magistrados que juzgaron el caso en la apreciación de la prueba, según el escrito al que ha tenido acceso EFE este martes.

También lo ha hecho la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que pide asimismo agravar las penas.

La mayoría de los acusados, a excepción del empresario y exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa, que fue absuelto, han anunciado asimismo recurso de casación en busca de una sentencia favorable del Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional impuso 8 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación a Martínez Barazón; al ex coordinador general de la Diputación y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez, mientras que al informático y presunto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro, le condenó a 4 años y 3 meses de inhabilitación.

El tribunal absolvió a todos los acusados de delitos como fraude, malversación, cohecho o falsificación, castigados con pena de prisión.

Esta rama del caso ha girado en torno a una serie de contratos, incluidos servicios de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, entre otros. La sentencia no dio por probado que dichos trabajos se hiciesen en su beneficio.

La Fiscalía cree que la Audiencia Nacional incurrió en un “error” dado que sí considera que se ha acreditado que se pagaron con fondos públicos servicios de “índole personal” realizados por la empresa Eico a la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, asesinada en 2014, y después a su sucesor Marcos Martínez.

Cuestionan, por otra parte, las fiscales que la Audiencia Nacional dé por probado que hubo facturas que recogieron un concepto que no era real y que los trabajos facturados de publicidad no se efectuaron ni fueron objeto de contratación por parte de la Diputación de León, pero a su vez no considere que se incurrió en un delito de falsificación.

Sostienen, además, que la sentencia recoge “el concierto entre los acusados para la adjudicación de contratos convenidos a las empresas vinculadas” a los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa para explotar las pistas de esquí de San Isidro y el negocio de restauración del complejo. 

Los alcaldes leoneses Marcos Martínez Barazón, de Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, de Puebla de Lillo, condenados ayer por la Audiencia Nacional a ocho años y medio de inhabilitación por su implicación en la Operación Púnica, recurrirán la sentencia, según han confirmado ambos. Se trata de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los dos fueron reelegidos como alcaldes en sus respectivos municipios el pasado domingo y además lograron la mayoría absoluta, igual que hace cuatro años. En el caso de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, consiguió, bajo las siglas de Agrupación de Electores Independientes de Cuadros (AIC), siete de los once concejales que integran la Corporación.

Por su parte, Pedro Vicente Sánchez lideró la candidatura de la Agrupación Independiente de Puebla de Lillo (AIPL) y consiguió el respaldo de casi la mitad de los votos, lo que conlleva cuatro de los siete concejales que se eligen en ese municipio.

Con el recurso a la condena, que da por probado en ambos casos un delito de prevaricación administrativa, lo que consiguen de momento ambos mandatarios municipales y expolíticos del Partido Popular, se abriría la posibilidad de que la inhabilitación impuesta pudiera no tener efecto hasta que se resolviesen los recursos presentados a la misma o hubiese una sentencia firme que ratificase la condena. Cabe recordar que, exentos de pena alguna de prisión, al no encontrarse pruebas del resto de delitos penales que les atribuía la Fiscalía y la acusación particular, esa inhabilitación, de ser ratificada, no sólo les impediría continuar siendo concejales y alcaldes sino que les afectaría a su ámbito profesional, dado que ambos son funcionarios públicos.

De momento, no se conoce si el tercer condenado vinculado a la Diputación de León, el exinterventor Jesús 'Suso' López, también decidida recurrir el fallo judicial condenatorio en idénticos términos que en los casos de los políticos.

El expresidente de la Diputación de León y actual alcalde en funciones de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, ha reaccionado a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Operación Púnica que lo condena a ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricación administrativa. Y lo ha hecho subrayando el hecho de haber sido absuelto de “los delitos importantes” como los de falsificación en documento mercantil, malversación de caudales públicos o cohecho, por lo que no se enfrenta a una pena de prisión. Martínez Barazón sí pisó la cárcel cuando fue detenido en octubre de 2014 y estaba al frente de la institución provincial tras el asesinato en mayo de ese mismo año de su antecesora, Isabel Carrasco.

En una “primera lectura rápida” de la sentencia, el expresidente de la Diputación remarca que el fallo de la Audiencia Nacional habla de “irregularidad administrativa” y no de “ilegalidad” en el caso de la contratación de publicidad institucional para medios de comunicación con las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro. Lo hace, enfatiza Martínez Barazón, “olvidando por completo que este fue el modo de proceder con la totalidad de los medios”.

El expresidente se queda con otra lectura del fallo judicial publicado este martes. “La sentencia”, afirma, “corrobora que todo lo realizado por mí ha sido en beneficio de la Diputación, que jamás empleé dinero público en mi beneficio o para trabajo de reputación personal alguno, y que nunca, jamás, me he quedado con dinero público alguno”.

Finalmente, Martínez Barazón lanza una advertencia: “Me reservo todas las acciones pertinentes frente a aquellas personas que desde que la noticia salió en prensa me han venido difamando a través de diversos medios y redes sociales”. 

Marcos Martínez Barazón, alcalde desde hace 32 años del municipio de Cuadros (León), expresidente de la Diputación tras la muerte de tres disparos de Isabel Carrasco (hoy hace 9 años exactos), funcionario de Justicia, detenido fulminantemente en el transcurso de la Operación Púnica en León a pocos días de convertirse en presidente provincial de PP leonés, no se arredra. Todavía aspira a seguir mandando 36 años seguidos. Si una sentencia de la Audiencia Nacional no lo impide.

Ni estar en capilla para recibir la decisión que sobre su futuro adopte el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 en una esperada sentencia de la pieza separada 2, la que juzga el entramado corrupto de Púnica en la Diputación leonesa durante los años 2012 a 2014, le va a impedir presentarse para seguir empuñando el bastón de mando tampoco en este nuevo mandato que arrancará con las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Es más, a mayores del pulso que supone repetir por tercera vez en una candidatura independiente tras su expulsión del PP al que siempre perteneció hasta finales de 2014, Martínez Barazón hace auténtico alarde de poder y de apoyos en la lista electoral registrada bajo la lista de la Agrupación de Electores Independiente de Cuadros (AIC), que fundó para los comicios de 2015. Hasta tal punto que tras su lista de once titulares que él nuevamente encabeza le sigue otra casi igual de larga, de diez personas, que le secundan como suplentes.

La maniobra de poderío es idéntica a la que ya hizo en los comicios de 2019. Pero entonces su futuro político no estaba tan comprometido, ni se atisbaba la celebración del juicio en su contra en el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que finalmente tuvo que esperar ocho años para arrancar, noviembre del pasado año.

El quién es quién de la Pieza 2: León

La vista se dilató durante varios meses para concluir a mediados de febrero de este año con la Fiscalía convencida de haber conseguido pruebas y testimonios más que suficientes para que el Tribunal condene a los seis acusados: el propio Martínez Barazón; el también exalcalde del PP en Puebla de Lillo, exdiputado provincial y también candidato independiente Pedro Vicente Sánchez; y el exinterventor de la Diputación, Jesús 'Suso' López, cerrando la parte leonesa.

Compartieron banquillo y sentimientos a flor de piel durante semanas con el presunto conseguidor de la trama Púnica, el empresario tecnológico Alejandro de Pedro; su socio y exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa; y una trabajadora de una de las dos empresas que De Pedro usaba.

Hasta cambiando el Código Penal

Sin embargo, en los casi cuatro meses de juicio, con muchos parones, hasta cambió el Código Penal. Por eso, en un principio al regidor se enfrentaba a seis delitos: Por presunta malversación de fondos y falsedad documental, 5 años y seis meses. Por tráfico de influencias, un año de prisión más. Y si se estimara el delito de fraude, año y medio de prisión; mientras que si en vez de fraude se demostrara un delito de cohecho, cuatro años. Y se sumaban un máximo de 23 años de inhabilitación especial para ocupar cargo público.

Pero al final del juicio el Gobierno había impulsado una modificación de la malversación y las fiscales del caso, Teresa Gálvez Díez y Carmen García Cerdá, se vieron obligadas a reformular sus peticiones finales, de manera que se plantearon reclamar penas de ocho años de prisión y nueve de inhabilitación para Martínez Barazón y los acusados leoneses, trocando la malversación y la falsedad por un delito de falsificación de documento en “concurso” con malversación. En total, el Tribunal debe decidir aún, y no hay fecha para ello, si se les impone o no los ocho años de cárcel en total y nueve de inhabilitación para cargo público finalmente reclamados por la Fiscalía.

De la cárcel a la mayoría absoluta incontestable

Cuando salió de la prisión de Navalcarnero tras mes y medio de estancia por orden fulminante del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, tuvo que hacerlo abonando 30.000 euros de fianza. Y a su llegada a Cuadros, en el pueblo de Lorenzana le esperaba un acto público de apoyo vecinal masivo al que él respondió con abundantes abrazos y lágrimas de agradecimiento.

Pocos meses después, cuando cada lágrima se transformó en una papeleta suya en la urna y arrasó ya como independiente en 2015, sacándole casi el doble de votos que a su antiguo partido, una de las primeras decisiones con la que estrenó su mayoría aplastante en el Pleno fue aprobarse un sueldo por su labor de alcalde. Cobraría desde entonces 30.000 euros al año por dos tardes de atención a la semana, como él mismo ha explicado en algunas entrevistas. En total, se embolsaría solo en ese mandato 150.000 euros, denunciaron sus excompañeros populares, amén de su sueldo como funcionario en los Juzgados de León.

En los comicios de mayo de 2019 afianzó aún mucho más su poder local. Le votó casi un 42% del censo total, 721 papeletas, cien más que cuatro años atrás, relegando al siguiente partido, su antiguo partido, el PP, a apenas un 11%, 197 sufragios. De ahí la mayoría absolutísima que ha gozado hasta ahora: siete concejales en una Corporación de once, dejando al PP con apenas dos, otro más de Ciudadanos y el último de Podemos, una candidatura joven y preparada que se coló en la cuarta posición y que dejó al PSOE e IU sin su histórica representación.

Qué pasa si hay condena firme

Por tercera vez Martínez Barazón coloca su rostro en el cartel electoral. Repite con la agrupación independiente creada por él y promueve algo de renovación de nombres, con el mencionado alarde de suplentes. Porque todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿Qué pasa si, como es previsible, obtiene una nueva mayoría absoluta pero hay condena de la Audiencia Nacional que le inhabilite?

Pues en primer lugar, cabría todavía una posibilidad última de recurso, ante el Tribunal Supremo. La sentencia no sería definitiva hasta que el más alto Tribunal se pronunciara ya en firme. Y si se impone finalmente la pena de inhabilitación, es ahí cuando deberá abandonar su cargo. Incluso su puesto de funcionario público. La lista electoral del Ayuntamiento de Cuadros correría entonces hasta que alguien de la misma asumiera la Alcaldía vacante y comenzaría una nueva era en este creciente municipio leonés.

“Están convirtiendo este juicio en una causa general contra la gestión en la Diputación de León y contra la difunta presidenta, que no se puede defender de las acusaciones aunque aquí se la da por confesa, culpable y sentenciada”. Con esta frase resumió su intervención hoy en la Audiencia Nacional el abogado del exinterventor de la institución provincial, Jesús 'Suso' López, uno de los seis acusados en el juicio por la trama corrupta Púnica y uno de los tres leoneses encausados.

Fue el resumen del último día de un juicio que ya ha quedado visto para sentencia casi tres meses después de su comienzo y por el que los principales imputados se enfrentan hasta a ocho años de prisión y nueve de inhabilitación. Al final de la vista, ninguno de los seis quiso tomar la palabra para alegar a su favor ante el Tribunal decidirá su futuro por unos hechos que saltaron a las portadas nacionales en octubre de 2014, hace ya más de ocho años.

En este último día le tocó el turno final a los letrados defensores de López y del exdiputado provincial y entonces cargo de confianza Pedro Vicente Sánchez, entonces y ahora alcalde de Puebla de Lillo, en tiempos primero de la presidenta Isabel Carrasco y después de su sucesor, también principal acusado ahora, Marcos Martínez Barazón.

El defensor de Sánchez vino a resumir detalle por detalle los motivos por los que los cuales debe ser absuelto, incluso aplicándosele un atenuantes de dilaciones indebidas, justificando por ejemplo que lejos de la versión acusatoria de la Fiscalía y la acusación popular, el entonces jefe del Gabinete de Presidencia Sánchez firmaba “como un castigo de Carrasco” las facturas por las que se pagaban los trabajos presuntamente personales con dinero público a las empresas de la red Púnica y de los también acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa.

Y es que recordó la enemistad que la presidenta llegó a tener con el regidor de Lillo por “negarse a recibir obras de la estación de esquí de San Isidro”, en concreto de la millonaria y polémica línea eléctrica, y el hecho de que Sánchez ya no era diputado por su zona sino “personal eventual, es decir, que le podían echar de una patada al día siguiente”. Sin embargo, defendió que “sólo firmaba las facturas” pero “no aparece en ninguna conversación” de las pinchadas por la UDEF por orden de la Audiencia Nacional ni “conoce a nadie de Madiva o Eico”, las empresas de la trama. A su juicio, las acusaciones le han causado “indefensión” y en parte por ello, y por incluirle el delito de cohecho, exigió que la acusación popular sea sentenciada a pagar las costas judiciales.

Idéntica petición habían lanzado en la última jornada los defensores de De Pedro, Alonso Conesa y Martínez Barazón, como también hoy el letrado del entonces interventor de la Diputación, 'Suso' López, quien tras detallarlas y tratar de desmontarlas concluyó que las presuntas pruebas en su contra “de lo patético pasan a lo inadmisible jurídicamente”.

Un “macroproceso” de “elucubraciones”

Vio en este “macroproceso” un cúmulo de “elucubraciones” y muy especialmente censuró que las fiscales tildaran de “Caja B de la presidenta” un presupuesto para publicidad en los años de 2012 a 2014 que estaba en presupuestos y “cometido a luz y taquígrafos”, así como repartido a su juicio por igual entre todos los medios que por encones recibían parte de ese dinero, las empresas de púnica incluidas. Entre otro amplio listado de argumentos exculpatorios finales, recordó la escasa trascendencia del hecho de que López fuera propietario de varios estudios en la estación de esquí de San Isidro, una vinculación por la que sufrió ya una vía penal que fue archivada y sobreseída.

En el turno final, el abogado de la última acusada, Guadalupe Carrascosa, empleada de Eico que formalizaba las facturas, se mostró también muy molesto con que se mantenga tal acusación y petición de pena en un caso que es “un gigante con pies de barro” en el que las acusaciones “no han intentado probar nada”.

El figurado mazazo final del juez de la Audiencia Nacional, Francisco Vieira, deja listo ya sólo para sentencia un dilatado caso y largo juicio cuya resolución se espera con morbo en la provincia leonesa, entre otras cosas porque Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez continúan en la política municipal activa con sendas candidaturas independientes tras su fulminante expulsión del PP desde que Púnica estalló.

La esperada última jornada del juicio del Caso Púnica en la Audiencia Nacional ha comenzado con una sorpresiva queja formal de la Fiscalía alegando indefensión y haciéndolo, además, como argumento preparatorio de un posible recurso si finalmente el Ministerio Fiscal no está de acuerdo con la sentencia final que resulte del caso.

En el arranque de la vista, la representante del Ministerio Fiscal recordó en la sesión anterior sel Tribunal limitó a poco más de dos horas el desglose de su informe de conclusiones definitivas, en la que pedía un aumento general de las penas de prisión e inhabilitación para los seis acusados, entre ellos los tres vinculados con la Diputación de León, como son el expresidente Marcos Martínez Barazón, el exdiputado y cargo de confianza Pedro Vicente Sánchez y al anterior interventor Jesus 'Suso' López.

Esa limitación de dos horas obligó a la Fiscalía, adujo, a la hora de explicar debidamente la calificación legal final, hurtando tiempo para explicar y demostrar los presuntos delitos que les imputan ni tampoco a rebatir pruebas presentadas, a su entender, de manera “sorpresiva” por las defensas, provenientes de “autos de otras piezas”, entre otros problemas causados. Argumentos todos ellos que también adujo la acusación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), cuya abogada añadió una posible “vulneración de derechos”.

En su descargo, el juez de la causa, Francisco Vieira, admitió la protesta pero rebatiendo varios argumentos. Pero por encima de todos, asegurando que un mayor tiempo de exposición habría provocado más dilación de un juicio que comenzó a finales del mes de noviembre de 2022 y que, ante una posible “extensión indebida” podría haber llegado a “provocar la nulidad de todo” el proceso. Y no sólo defendió que les asistía la competencia de acotar los tiempos de exposición de informes finales sino que incluso hay precedentes “en juicios importantes como el del Procés” catalán, con el que se ha seguido “el mismo criterio”.

Ateniéndose al guión, las defensas de los tres primeros acusados en la trama Púnica en la Diputación de León que se juzga en la Audiencia Nacional, el expresidente de la institución, Marcos Martínez Barazón, y los presuntos conseguidores José Antonio Alonso Conesa y Alejandro de Pedro, han solicitado la libre absolución de sus patrocinados.

Incluso alguno de ellos de ellos, como este último, reclamaron la condena en costas de la acusación particular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade) por el perjuicio que les causa la inclusión de delitos que, como el cohecho, no consideran probados en absoluto. Sin embargo, el abanico de argumentos absolutorios ha sido muy variado en cada caso.

Quizá el más sorprendente fuera el de la abogada Natalia Escanciano, que utilizó en su alegato final un símil con el cuento de 'El traje nuevo del emperador', pidiendo literalmente al Tribunal que hiciera como el niño inocente de la historia y demostrara que el emperador, que sería su defendido, Marcos Martínez, está desnudo de responsabilidad penal pero se le “urdió” un traje inculpatorio.

No menos sorpresa causó que en el mismo símil atribuyera ser “los tres maleantes” que buscaban robar al monarca por un lado a la UCO de la Guardia Civil y sus “interpretaciones” de pruebas como los pinchazos telefónicos; por otro al juez Eloy Velasco, instructor inicial de toda la causa Púnica por interrogar con apariencia de usar “un guión preestablecido”; y finalmente al propio Ministerio Fiscal que, dijo, “remató el tejido” con su informe final de conclusiones defendido hoy mismo, dando “puntadas al aire” para que “ciertos periódicos compraran la tela” inexistente. “Les incito a mirar con ojos de niño para que vuelvan a vestir al emperador”, pidió.

La difunta a la que “no se la espera” y el “mindundi”

También convirtió en argumento recurrente que gran parte de las acusaciones que afectan a su defendido, que aún es alcalde del Ayuntamiento de Cuadros pero ya no del PP, provenían de un sistema de encargos y de pagos con las empresas Eico y Madiva de la trama instaurado cuando era presidenta Isabel Carrasco y hasta su asesinato en 2014, pocos meses antes de la detención de Martínez. Y criticó dedicar tanto protagonismo “a la difunta”, con 34 folios dedicados a ella del informe de conclusiones de 64 paginas, afirmó, con “con ataques constantes a una persona muerta (Isabel Carrasco) que no ha podido defenderse. Ni ha venido al juicio, ni está, ni se la espera”.

También lamentó la letrada que las acusaciones llegaran a hablar de “un lobby a favor” del expresidente, que consideró “tanto como decir que era un mindundi, que no conocía nada” cuando “lleva 31 años en política” y ni siquiera necesitaba reclamar apoyos del partido nacional para encumbrarse a la Presidencia del PP leonés porque “el 99,9% de los alcaldes de León estaban de acuerdo” en que también sucediera a Carrasco en ese cargo orgánico. Hay que recordar que, atendiendo a la petición de la Fiscalía, Martínez Barazón se enfrenta a ocho años de prisión y nueve de inhabilitación.

El letrado de De Pedro: “Los tipos penales no hay por dónde cogerlos”

Mucho más centrado en argumentos estrictamente procesales y penales, el defensor de De Pedro, Carlos Gómez-Jara, tildó de “simulación” el delito de falsedad reclamado, negó el presunto fraude porque “ni se beneficiaron los encausados ni hubo un perjuicio a la administración” pública en los contratos que se negociaban sobre la estación de esquí de San Isidro, y “no hay nada” que justifique la malversación, del mismo modo que “difundir notas de prensa de gabinetes de prensa de instituciones públicas jamás puede ser un delito de prevaricación”. “Los tipos penales no hay por dónde cogerlos”, afeó.

Insistió además en que de las empresas de su patrocinado “la Diputación recibió servicios online efectivamente prestados por Madiva con apoyo de Eico que incluían publicidad institucional con banners, notas de prensa del Gabinete de Prensa (de la propia Diputación) y dinamización de las mismas, que la Diputación no podía prestar por sí misma, y no se acredita que el precio estuviera por encima del mercado”.

Por último, insistió en mencionar el archivo en 2018 en el Supremo de una causa que considera 'gemela' de la actual contra la exalcaldesa de Cartajena y senadora del PP Pilar en Murcia, Pilar Barreiro, a quien el juez Velasco había imputado delitos por desviar dinero público para mejorar su reputación en periódicos digitales y redes de las empresas de De Pedro. Una causa en la que la Fiscalía defendió que “es imposible separar la promoción institucional del prestigio personal del político”, lo contrario que argumenta ahora el Ministerio Fiscal en la pieza 2 leonesa.

Alonso Conesa, “ocho años muerto civilmente”

Sólo dio tiempo para que también defendiera sus conclusiones finales el defensor de Alonso Conesa, lamentando que haya sido este un “juicio con perversión” en el que “las defensas tengamos que lo que no demuestran las acusaciones”. Y es que “no hay pruebas”, dijo, ni tampoco testimonios, de que su defendido, exalcalde del PSOE de Cartagena, fuera socio de De Pedro en las empresas 'púnicas', “apenas dos o tres escuchas telefónicas y nada más”, o lo que es lo mismo, “ninguna intervención ni asesoramiento en la Diputación” leonesa.

“Mi defendido no es el bicho que mató al tren”, resumió, para concluir más sentimentalmente diciendo que “sin ninguna prueba este hombre lleva desde hace ocho años muerto civilmente”, incluso sin obtener ningún empleo porque tras conocerse su detención fue despedido de manera fulminante.

Posible 'visto para sentencia' el 23 de febrero

Tras varias horas seguidas, la jornada quedó agotada a falta aún de intervenir los defensores de los otros dos leoneses acusados, el exdiputado y alcalde de Puebla de Lillo, pedro Vicente Sánchez, y el interventor de la Diputación cuando sucedieron los hechos, Jesús 'Suso' López, a los que se pide idéntica pena que a Martínez Barazón. Junto al letrado de la sexta imputada, la trabajadora de Eico Guadalupe Carrascosa, tomarán la palabra el próximo 23 de febrero, se espera que que el caso quede por fin visto para sentencia.

Lo que se juzga en la Audiencia Nacional en la pieza separada 2 del Caso Púnica de presunta corrupción en la Diputación de León es, a juicio del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, el uso ilegal y para beneficio personal que los presidentes del Partido Popular Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón hicieron de una auténtica “caja B” de dinero destinado a medios de comunicación, tal y como lo han denominado hoy en la presentación de sus conclusiones definitivas ante el Tribunal.

A lo largo de toda la mañana, y a pesar de acotarles el tiempo el juez Francisco Vieira, las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, desgranaron con un grado de detalle extremadamente minucioso lo que consideran “pruebas de cargo potentes y sólidas”. En base a ellas piden ocho años de prisión y nueve de inhabilitación por delitos de falsificación con malversación y fraude contra los tres leoneses vinculados a la Diputación leonesa, el mencionado expresidente, su mano derecha Pedro Vicente Sánchez, ambos aún alcaldes, y quien fuera el interventor, Jesús 'Suso' López.

Creen las letradas que los tres participaron activamente en lo que tildaron de “gran tapadera” o “engañifa” para que las empresas de la trama, en manos de los conseguidores Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, les realizaran trabajos de limpieza de imagen y reputación y asesoramiento político personal a cambio de un “caladero de facturas” que sumaron más de 100.000 euros de dinero público y también maniobras para adjudicarles diferentes contratos públicos en la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la institución. Porque defienden que la obsesión de Martínez “era ser presidente del PP de León y estaba dispuesto a pagar lo que fuera”. Un entramado que no dudaron en comparar con “la picaresca del siglo de oro español”, includos funcionarios que “pasaron al lado oscuro de la fuerza”.

En su informe, cifran en hasta medio millón, 500.000 euros, la cuantía máxima anual de esa “caja B” para publicidad en medios de comunicación de la que discrecionalmente disponían los presidentes Carrasco, antes de su asesinato, y su delfín Martínez tras 'heredar' el cargo y su mismo modus operandi. Dinero que a pesar de ser público, como se ha explicado en el juicio, repartían hasta en mano a los directores más afines o negaban a los críticos, como demostraron incluso sentencias judiciales hoy mencionadas en la Audiencia Nacional.

Un argumento constitucional... y de calado nacional

Se convirtió para ellas en un muy relevante este argumento porque creen que una estructura similar afectará a buena parte de las 12 causas separadas pendientes aún de juicio por Púnica en toda España, desde Madrid a Valencia o Murcia, y en las que “es una obligación valorar si los comportamientos de ocultación al ciudadano” al pagar por desplazar noticias negativas imponiendo un posicionamiento de las positivas, violenta la obligación constitucional de comunicar y recibir libremente información veraz“.

Además, quisieron rebatir uno de los principales argumentos de las defensas de los seis acusados en el caso de León, en el sentido de que esas formas de pago a las empresas 'Púnica' de Eico y Madiva no diferían de los pagos a otros medios de comunicación: “La mala praxis (de la Diputación) que se puede encontrar con el Diario de León, radio Cope León, ABC, etc., no es una disculpa; aunque los medios de León pasaran por el aro de esa Caja B sin control que utilizaban los presidentes no se puede decir que por ejemplo Diario de León lo utilizara para encubrir otra cosa, y hoy estamos aquí porque se usó un engaño para cubrir actividades prohibidas por la Ley”.

Y en esa operativa resaltaron las fiscales la gravedad de que “sobre todo los funcionarios obviaran su obligación de proteger el erario público, no poniendo ninguno de ellos reparo alguno en pagar a un paisano que les pasaba unas facturas”, dijeron textualmente, con precios “arbitrarios” pero sostenidos años en el tiempo que ofrecían “prioritariamente trabajos de reputación” personal, “y lo contrario es desviar la atención”.

Finalmente, y en réplica también al emotivo alegato del expresidente Marcos Martínez, que llegó a derrumbarse varias veces en su testimonio al recordar el impacto personal que este caso le ha producido desde su detención y encarcelamiento fugaz en 2014, la letrada del ministerio fiscal no dudó en recordar ante el Tribunal que “en este momento de crisis institucional, además de ver llorar al acusado también estas fiscales y el grupo de delitos de la UCO de la Guardia Civil hemos visto llorar a los funcionarios castigados única y exclusivamente por hacer bien su trabajo” en la Diputación en tiempos de ambos presidentes del PP.

Telefónica, Bankia, Mercadona o Tele5 no actuaban igual

En el turno de la acusación particular que ejerce en este juicio la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade), la abogada Gloria de Pascual reprodujo y apoyó buena parte de los argumentos jurídicos de la Fiscalía, aunque en su caso pidiendo mayor pena con figuras como el cohecho, porque cree que está probado que “Marcos Martínez pretendía ser presidente del PP de León y para eso quería usar medios públicos”.

Para ella, una de las demostraciones es que la Diputación de León pagaba a la trama con la justificación de banners publicitarios en la red de diarios zombies de Púnica, “con escasa repercusión”, y eso se demuestra a su entender porque otros importantes clientes de las empresas de De Pedro y Alonso Conesa, como Telefónica, Bankia, Mercadona o Tele5 “sí utilizaban y pagaban por mejorar su reputación” online “pero no incluían banners por la sencilla razón de que no tenían difusión”. Y además, al contrario que en la institución pública leonesa, distinguían la empresa del empresario, trabajando “por separado” la reputación de Tele5 y de Paolo Vasile.

También argumentó que al priorizar la mejora de la imagen de Carrasco o Martínez “se causaba un perjuicio a los servicios públicos que ofrece la Diputación”, porque superponía las noticias favorables de los presidentes sobre la propia web institucional. Y lamentó tener que dedicar su escaso tiempo a censurar la petición de los abogados defensores de que la acusación pague las costas de todo el juicio, algo que cree que condiciona toda su actuación.

Por su parte, todas las defensas presentaron al inicio de la sesión sus conclusiones, todas ellas absolutorias, y las desgranarán detalladamente en una sesión que se reanudará por la tarde tras el almuerzo.

El juicio en la Audiencia Nacional la trama Púnica en su pieza separada relacionada con la Diputación de León alcanza su recta final, casi tres meses y medio después, con un importante giro en las peticiones de pena por parte de la Fiscalía para los seis acusados: los tres leoneses vinculados a la institución provincial, uno de ellos anterior presidente, los dos conseguidores de la trama de presunta corrupción y una empleada suya.

El escrito de conclusiones definitivas que el ministerio fiscal desgranará este jueves ante el tribunal que encabeza el juez Francisco Vieira varía tanto que se amplía de los poco más de 25 folios del informe inicial a uno con 63 hojas. Y cuando en 2018 los delitos principales eran la malversación y la falsedad, por la que pedían a los tres leoneses cinco años y seis meses de prisión, ahora el principal peso lo sustenta el delito de falsificación de documento en “concurso” con malversación, con idéntica petición pena.

Esto sucede coincidiendo con la reciente reforma del Código Penal por parte del Gobierno respecto a uno de los principales delitos relacionados con la corrupción, la malversación. Una modificación que conlleva la sensible reducción de las penas sobre todo en el supuesto de desvíos de dinero público cuando éste no se destina a un lucro directo y personal de los acusados.

En su informe final, las fiscales del caso asumen que las pruebas y testimonios de peritos y acusados confirman la sospecha inicial de que la relación entre los tres imputados vinculados a la Diputación de León, su expresidente, Marcos Martínez Barazón, el anterior interventor, Jesús 'Suso' López y un exdiputado provincial y alto cargo a dedo, Pedro Vicente Sánchez, con los conseguidores de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, no se llegaron a materializar hasta el punto de que supusieran importantes beneficios en las campañas de reputación o en diferentes adjudicaciones que se negociaron. Pero sí concluyen que esa era la clara intención de todos ellos, aunque la intervención de la UCO de la Guardia Civil en octubre de 2014, por orden del juez Eloy Velasco, acabara impidiendo que se consumara.

Inhabilitación, posible impacto político

En base a todo ello, suman a la falsificación otro delito de fraude, con otros dos años y 6 meses de prisión más, de modo que los tres encausados leoneses se enfrentan todos a la misma petición de condena por parte del ministerio fiscal: ocho años de cárcel en total y nueve de inhabilitación para cargo público.

En el caso de los tres acusados leoneses, esta inhabilitación sería especialmente relevante, dado que Martínez Barazón y Sánchez siguen siendo alcaldes respectivamente de los ayuntamientos de Cuadros y Puebla de Lillo, y de gran éxito electoral, además de funcionarios públicos, como también lo es López.

Por su parte, tanto para Alejandro de Pedro como para José Antonio Alonso Conesa, la Fiscalía pide ahora siete años de cárcel por los delitos de fraude y falsificación de documento público. Y destacan los cambios en el caso de la sexta imputada, la trabajadora de la empresa de la trama, Eico, Guadalupe Carrascosa, cuya pena se limitaría a un año y diez meses de prisión por falsificación.

Por otro lado, las fiscales obvian uno de los que a buen seguro será argumento de petición absolutoria de las defensas de todos ellos, los que se refieren a las dilaciones indebidas por el mucho tiempo transcurrido en la instrucción judicial del caso.

Por último, reclaman los entre todos los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Diputación de León en la cantidad de 129.649 euros, algo más de los que sumaron las facturas de las empresas de los presuntos conseguidores De Pedro y Alonso Conesa, Eico y Madiva, al considerar a estas sociedades mercantiles como responsables civiles subsidiarias.

Le tocó este jueves el turno final de declaraciones en la Audiencia Nacional en calidad de acusados a los leoneses Pedro Vicente Sánchez, exdiputado provincial del PP y alto cargo 'a dedo', y el entonces interventor de la institución, Jesús 'Suso' López, cuando estalló el Caso Púnica en 2014.

Ambos aprovecharon la prerrogativa que a los seis imputados les permitió el Tribunal de declarar al final del proceso para enrocarse, como los demás acusados, sólo para afianzar sus argumentos respondiendo sólo a sus propios abogados defensores. Y ambos insistieron por activa y por pasiva que no tenían ninguna relación con los hechos, a pesar de que les señalaran las investigaciones policiales y judiciales posteriores, informes, peritos y 'pinchazos' telefónicos, según mantienen la Fiscalía y la acusación.

El también alcalde aún de Puebla de Lillo, Sánchez, que se enfrentaba a casi 12 años de prisión según la acusación, insistió en que “no he participado en ninguna decisión” con las empresas y los empresarios y conseguidores de 'Púnica', Alejandro de Pedro o José Antonio Alonso Conesa, ni por petición ni con complicidad de la presidenta Isabel Carrasco primero ni con su sustituto Marcos Martínez Barazón.

De hecho, insistió en su mala relación con Carrasco tras negarse a recepcionar como regidor las millonarias obras de la línea de alta tensión hacia la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio del que era y es alcalde, hasta el punto, dijo, de que “no me dejó ser diputado provincial” y “me quitó de presidente comarcal del PP”.

Justificó como rutinaria su firma de las facturas para que se pagaran los servicios de Eico y Madiva, hasta sumar más de 100.000 euros en esos años, insistiendo en que no eran responsabilidad suya, así como tampoco un reparto de publicidad y comunicación que otorgaba graciosa y arbitrariamente Carrasco “en una comida con los directores de los medios”. Aunque a preguntas del propio tribunal, admitió que tampoco comprobaba que los presuntos trabajos de publicidad de los medios zombies de la trama que firmaba efectivamente fueran trabajos realizados.

'Suso' López, como su antecesor en la silla de los acusados, aseguró apenas conocer a De Pedro, a Alonso Conesa y a los empresarios del sector de la nieve y el esquí que ambos presentaron para intentar hacerse con la gestión de dos cafeterías de San Isidro y un posible plan de viabildad y refuerzo del uso de la estación.

López insistía una y otra vez no sólo en que él estaba apartado “de facto” de toda decisión que como interventor le afectara en San Isidro sino que además así la había firmado la presidenta años antes. Y es que sí era cierto, dijo, que era propietario de varios apartamentos en el Hotel Tineo en la zona, que llegaron a contratarse para el alojamiento de esquiadores por parte de la Diputación, pero que por este motivo había visto archivarse la denuncia penal que se siguió contra él por sus intereses personales en la zona.

También remarcó decenas de veces la 'limpieza' de las facturas y pagos a las empresas de la trama, admitiendo que su implicación fue por varias llamadas y apenas una reunión en las que insistió el propio presidente Marcos Martínez, para conocer si tenían encaje algunas propuestas de futura inversión para la que le instó a hablar con el conseguidor también ahora imputado. Pero “no he tenido conocimiento de ninguna cuestión, más allá de una reunión y dos llamadas en las que dije que había que definir las actividades (que se querían realizar) y que apenas había partidas” presupuestarias para ello. Por último, también a preguntas del tribunal, rechazó que el pago constante de facturas supusiera un fraccionamiento de contrato, como había defendido un perito técnico estatal en contra de su criterio.

La Fiscalía amplía y cambia sus peticiones finales

Para finalizar, la Fiscalía anunció la modificación de sus conclusiones, ampliando casi el doble su expediente inicial, ante las evidencias que dijeron tener de los presuntos delitos tras todas las sesiones de prueba hasta ahora. En detalle, consideran ahora continuado el delito de fraude, añadiendo más cargos por prevaricación, retirando el tráfico de influencias y revalorando el delito de malversación tras su reciente reforma.

Ante ese cambio, las defensas pidieron más tiempo para desentrañar tales cambios en el escrito de conclusiones definitivas, lo que trataron como una “modificación sustancial”. Atendiendo a su petición, el Tribunal citó para el jueves 16 de febrero la nueva sesión en la que las partes defenderán y discutirán ya finalmente tales conclusiones antes de que ese día, o pocos después, se considere por fin el juicio de la Púnica visto para sentencia.

“Nunca en mi vida he tocado un céntimo ni a través de una sociedad ni nada, me gano la vida trabajando”. Esta frase del expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón en el juicio que contra él se sigue en la Audiencia Nacional por la trama Púnica que estalló en 2014 resume su alegato de inocencia en el tramo final de la vista en la que la Fiscalía le pide una suma de 10 años y 6 meses de cárcel por presuntos delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude o cohecho.

Aprovechando la estrategia admitida por el Tribunal de testificar no al principio sino al final del proceso en su contra, y acogiéndose como al final han hecho todos los acusados sólo a preguntas de su propia defensa, el aún alcalde del Ayuntamiento de Cuadros protagonizó un testimonio ceñido al guión exculpatorio de toda responsabilidad en su relación con las empresas de los conseguidores Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, también juzgados. Y sobre todo, un testimonio muy emotivo, tanto que en varias ocasiones tuvo que mantener silencio obligado por episodios de lágrimas y voz entrecortada, especialmente al responder sobre los efectos de este caso en su vida personal y política, “sufriendo lo que llaman la pena del telediario”, argumentó.

“No he pretendido ni formado parte de ninguna trama criminal”, quiso responder tajante a esa pena pública que ha lastrado su imagen, según se lamentó. Y de hecho, entre sus argumentos destacó su convicción de que su detención fulminante en octubre de 2014, cuando era presidente de la Diputación en sustitución de su mentora Isabel Carrasco, se debió a una persecución política dentro del propio Partido Popular del que formó parte desde hacía 34 años.

Martínez Barazón explicó en resumen esa teoría de la conspiración, hablando abiertamente de “apuñalamientos por la espalda” e incluso “mensajes anónimos amenazantes en mi móvil” cuando “sentí la obligación moral de presentarme” a presidir el PP de León a nivel provincial a pesar de que “nunca estuvo en mis intenciones”, dijo. Pero tuvo que “aceptar el reto” empujado por “el 99,9% de los cargos” municipales y comarcales del PP leonés frente a “otros empujados desde Valladolid que querían manejar los hilos de la provincia, como otras veces”. Ese paso al frente, por el que según la Fiscalía y la acusación pidió ayuda a la trama Púnica, fue “probablemente el mayor error de mi vida”.

Respuestas de guión

Fue la primera vez que emanó su llanto, antes de preguntarse, para afianzar su teoría, si son “casualidades de la vida” que “el 27 de octubre fui detenido, el 30 de octubre ingresé en prisión” en la cárcel de Navalcarnero “ y sólo siete días después ya tomó posesión -como presidente del PP leonés- quien quería Valladolid”.

Siguiendo ese guión de la mano de la abogada defensora, Natalia Escanciano, repasó su vida política de 34 años, siempre como alcalde de Cuadros, reconociendo que a nivel provincial siempre permaneció “en la sombra” de la presidenta Isabel Carrasco hasta que fue asesinada en mayo de aquel fatídico 2014. Una Carrasco de la que quiso desligarse hoy resaltando su “carácter muy dictatorial”, por el que “gritaba mucho, se la oía en todo el Palacio” y por lo que “la gente la tenía miedo”. Algo que dijo haber sobrellevado personalmente como “un calvario” en una etapa “muy dura y complicada” con ella.

A Carrasco le atribuyó la relación con las empresas y los empresarios de Púnica, asegurando que por su parte se limitó a darle continuidad, pero negando que él estuviera “preocupado por su imagen personal”, rechazando así haber necesitado sus servicios de reputación personal, uno de los frutos de de su acusación. Porque se le había cargado de trabajo, entre otros firmar los pagos a medios tanto de las empresas 'púnicas' como del resto, tanto que “nunca salí más de tres veces a tomar un café”.

Los pliegos que sí entregó “directamente” a los licitadores

En su alegato, exculpó a los otros dos meses acusados, el exdiputado y entonces coordinador de Presidencia y alcalde de Puebla de Lillo Pedro Vicente Sánchez, como el exinterventor Jesús 'Suso' López, remarcando que “no soy una persona impositiva”, y rechazando además de modo tajante que nadie de la trama le ofreciera formar una sociedad para una posible explotación futura de las cafeterías de la estación de esquí de San Isidro ni de un macroplan de su viabilidad.

Eso sí, admitió ante la única pregunta del propio Tribunal que fue él, en persona, quien trasladó “directamente” los pliegos de la explotación comercial de las cafeterías a las empresas vinculadas con la trama, los cuales le devolvieron también en persona “modificados en rojo”. Si bien antes había asegurado que en todos sus años como político, y también este caso, siempre le ha pedido a los funcionarios a su cargo obrar dentro de la legalidad.

“Éramos la mejor compañía que había en España”. “Trabajábamos con prácticamente todas las empresas del Ibex, incluso para el Centro Nacional de Inteligencia”. “Llegábamos (con los diarios digitales) a prácticamente todos los ciudadanos de España”, con un “impacto de más de 100 millones de personas”. Incluso mediaron para “limpiar” en internet la crisis generada con las fotografías de las hijas 'góticas' del presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero en una visita a Barak Obama en estados Unidos.

Estas frases son un resumen muy gráfico del valor empresarial, reputacional y personal que ha defendido tener el conseguidor de la trama Púnica con sus empresas Eico y Madiva en el tramo final del juicio que se sigue por varios delitos de presunta corrupción en la Audiencia Nacional, al ser hoy interrogado sólo por su abogado defensor y negándose a someterse a las de la Fiscalía y la acusación del caso.

Y sin embargo, pese a sus muchos datos y valoraciones de alto valor empresarial, De Pedro se presentó a sí mismo en relación con la Diputación de León, con sus presidentes Isabel Carrasco y Marcos Martínez Barazón y con la estación de esquí de San Isidro como un mero “aglutinador”, un “intermediario”, un “correveidile”, llegó a expresarse literalmente.

Lágrimas e indisposición en la sala

Visiblemente muy afectado, el empresario imputado al que la acusación pública pide 8 años de prisión, llegó incluso a tener que abandonar la sala por sentirse muy indispuesto, como lo estuviera en la víspera. Y antes de eso, a irrumpir en lágrimas varias veces, incluso al unísono en una ocasión con el propio Martínez Barazón cuando le mencionó para exculparle de todo y admitir que “me sabe muy mal lo que le habrá pasado a él”.

En su declaración, admitida por el Tribunal de manera excepcional ya al final del proceso, el guión de presuntas y respuestas se encaminó a rechazar la totalidad de los detalles inculpadores en su contra en esta pieza separada referida exclusivamente a la Diputación de León y sus servicios prestados para Carrasco y Martínez. Por ejemplo, para aseverar que “no hacíamos” lo que denominó “limpieza de su imagen” en internet, preguntándose si lo necesitaría alguien como la presidenta, que “tenía 13 cargos y 8 gabinetes de comunicación” a su servicio. También negó haber sido “asesor político” de su sucesor, ni haber cobrado por ello, tan sólo facturando por inserción de banners publicitarios cuya veracidad quiso asegurar.

Se limitó a certificar que igualmente sus empresas facturaron a la Diputación desde 2012 al estallido del caso Púnica en noviembre de 2014, por publicación de noticias en su red de medios digitales, que ensalzó en todo momento con cifras estratosféricas y “seguidores reales”, y su dinamización, pero negando que fuera para beneficiar personalmente a los presidentes, cargos que “no se podían disociar” de sus propios nombre a efectos de búsquedas en internet.

Y en cuanto a los pliegos 'retocados' fuera de la Diputación para las cafeterías de la estación de esquí de San Isidro, Alejandro de Pedro sólo admitió su intermediación, sin cobro alguno, y sin participar en ese retoque en rojo que Anticorrupción consideró ayer ilegal, aunque sí transmitiéndolo a través de su correo electrónico.

Conesa, exculpación masiva... pero señalando a las empresas de esquí

Tan sólo dio tiempo a que compareciera otro imputado más hoy, el exalcalde de Cartajena y vinculado con De Pedro y sus empresas, José Antonio Alonso Conesa, quien igualmente respondió sólo y en exclusiva a su abogado y que también dirigió palabras para exculpar a Martínez Barazón, asegurando que cuando hablaba en los pinchazos telefónicos de “chanchullo” se refería a los precedentes de “gestión deficiente e irregular” de San Isidro o que al manifestar frases como “tenemos que meter a Marcos” no hablaba de incluirlo en empresas que licitaran en la estación de esquí, como sostienen las acusaciones, sino en futuras gestiones “público-privadas”.

Aunque consten grabaciones telefónicas cruzadas para intentar consolidar a Marcos Martínez en la Presidencia de la institución o auparle para 'heredar' de Carrasco también la Presidencia del PP leonés, en el sentido de intermediar con altos políticos de la formación como De Cospedal, Conesa negó ese tipo de amistades para influencias políticas ni hacer labores de “estrategia política”, justificando la falta de cobros.

Sin embargo, al final sí disparo contra las compañías y empresarios del sector de la nieve que se presentaron a las licitaciones fallidas de la estación invernal, animadas por De Pedro pero al margen de él, insistieron ambos, para censurar por ejemplo que Manuel Sallés “presentara una propuesta de cobrar 40.000 euros al mes en once meses” por asesoramiento para dinamizar San Isidro. “Sin embargo, ellos no están imputados, aún habiéndose presentado a la licitación, y nosotros sí”, se lamentó.

¿Visto para sentencia el 9 de febrero?

Se acabó por hoy el tiempo y se ha citado a los últimos cuatro imputados, entre ellos los tres leoneses, para el 9 de febrero, en la esperanza de que si también responden sólo a sus letrados pueda darse por concluida la vista casi tres meses después de arrancar y quedar visto para sentencia el Caso Púnica en el que a Marcos Martínez le piden 10 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación para cargos públicos durante 23 años; al exdiputado y alcalde de Lillo Pedro Vicente Sánchez le reclama la acusación 9 años y 6 meses de prisión; al entonces interventor de la Diputación, Jesús 'Suso' López 7 años de cárcel en inhabilitación máxima de 18 años.

No una ni dos sino muchas irregularidades se cometieron en la Diputación de León a través de los cuantiosos pagos que durante dos años y medio los presidentes Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón realizaron a la empresa Madiva, una de las dos de la trama Púnica del caso que se juzga en la Audiencia Nacional.

La lista de esas irregularidades fue detallada, y justificada, en la sesión de hoy por el jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado, quien en calidad de perito detalló a preguntas de la Fiscalía y de las defensas de los seis acusados, tres de ellos leoneses vinculados a la Diputación leonesa, qué pasos presuntamente ilegales y hasta corruptos se dieron hasta estallar la Operación Púnica en noviembre de 2014 con el encarcelamiento fulminante de Martínez.

Una de ellas fue la suma de importes pagados por la Diputación a las empresas de la trama del también acusado Alejandro de Pedro, que ascendieron a 90.185 euros sin IVA a Madiva (ILEÓN lo adelantó en exclusiva aquellos días) a lo largo de 30 meses ininterrumpidos, incluyendo no solo inserción de banners de publicidad en los diarios zombies de la red sino también un total de 19 informes de mejora de reputación persona a beneficio personal de Carrasco y Marcos Martínez, en su caso tres de ellos.

Las facturas, “mensuales e ininterrumpidas”, firmadas por Martínez y el interventor también imputado, Jesús 'Suso' López, según certificó el perito, ascendían a una media de 3.000 euros cada una y a su juicio, con la Ley de Contratos Públicos en la mano, tenían que haber sido objeto de un contrato con licitación pública.

“Justificaban la urgencia” en los pagos, “pero ¿durante 30 meses? Eso no es una causa imprevista” sino “un claro fraccionamiento de contrato”, zanjó. Añadiendo que tampoco cree legítimo que lo fidcalizara y firmara un trabajador eventual, como también era entonces el coordinador de Presidencia, Pedro Vicente Sánchez, igualmente en el banquillo de los acusados.

También tuvo claro el testigo, convocado por la Fiscalía, que “los informes de reputación online” de los dos presidentes “no se refieren a la Diputación” y por lo tanto “no se pueden contratar” desde la institución pública porque “la reputación de un presidente de la Diputación no es una necesidad pública”.

Otra de las irregularidades claras que detalló a preguntas de las fiscales fue la modificación de los pliegos para la explotación del bar El rebeco y el restaurante, cafetería y y Hostal Pico Agujas de la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la Diputación, cambio que salió y recibió personalmente el presidente Marcos Martínez a través de su correo tras enviárselo él a las empresas de la trama. Ocurrió “a mitad de la tramitación”, dijo el experto, algo ya irregular, pero además “no se puede en ningún caso entregar a ninguno de los licitadores”.

Se habló de “manipulación” en ese cambio introducido, que llegó escrito en rojo, y que pasó a puntuar con un 20% mejoras de comunicación, publicidad y realización de eventos. En los dos primeros casos las empresas de la trama podían llevar más ventaja pero el perito detalló que dos de ellas “alguien las movió” para incluirlas fuera de plazo “y ni siquiera tenían que ver con la hostelería”.

No se han investigado más que los pagos a Madiva

En el turno de los defensores, el jefe de Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción fue asumiendo que él sólo ha analizado los contratos, las facturas y pagos, sin corresponderle comprobar si se prestaron o no los servicios, aunque sí valoró que “no se tiene que pagar” por que se publique una de prensa de la Diputación.

Al abogado del exinterventor, Juan Carlos Zatarain, le admitió que fue “posible” que con otros o todos los medios de comunicación como el “Diario de León, La Nueva Crónica o Leonoticias” se pudiera haber usado la misma dinámica irregular. Pero añadiendo que a él no le encomendaron revisarlo, advirtiendo el juez al letrado que “no vaya por ahí” porque “no estamos juzgando a los propietarios del resto de medios de comunicación”, protestó una de las fiscales.

En el último turno de este testigo, consideró “una trampa” que el presidente de la Diputación leonesa defendiera gestionar dinero pagado por una empresa, Ecoembes, a otra sociedad pública vinculada pero no igual a la Diputación, como es el consorcio Gersul. “No existe en la documentación” aquel procedimiento, afeó también el experto.

El magistrado del caso Púnica que se en sigue la Audiencia Nacional, Francisco Vieira, ha amenazado hoy a los acusados con desalojarles de la sala tras un episodio en el que alguno de ellos llegó a increpar verbalmente a uno de los testigos, en concreto la informática Sonia Sánchez, que testificaba en calidad de perito en el juicio que se sigue de manera lenta e intermitente desde hace más de dos meses en Madrid.

En un momento de la intervención de la perito, uno de los acusados elevó la voz para menospreciarla a raíz de su insistente defensa de que la red Púnica de las empresas Eico y Madiva se empleó para 'limpiar' con dinero público la imagen personal delos presidentes Isabel Carrasco, primero, y su sucesor Marcos Martínez Barazón, después, y no para beneficiar a la institución de la Diputación. Tras el improperio, que no se quiso atribuir a ninguno de los acusados en concreto, el juez les advirtió que “si no son capaces de sujetarse, me veré obligado a expulsarles de la sala”, tras lo que los ánimos parecieron calmarse.

No tanta calma se vivió en la reanudación del juicio al confrontarse, con no pocos enfrentamientos verbales, las valoraciones de los peritos, dos de ellos convocados por la acusación pública de la Fiscalía, y otros tres de parte del acusado Alejandro de Pedro, acusado como conseguidor de la trama con sus empresas Eico y Madiva.

Tal y como ocurriera en la última sesión hoy reanudada después de dos semanas de parón, todos ellos trataban de fijar el detalle clave de si las empresas 'púnicas' actuaron para beneficiar la reputación con nombres y apellidos al expresidente acusado Martínez Barazón o si se trataba de mejorar la imagen de la propia institución, detalle muy relevante a los efectos de una futura sentencia condenatoria o absolutoria.

Como era de esperar, y ya había ocurrido en la anterior jornada de mediados de enero, las versiones de los peritos de ambas partes fueron contrapuestas. Hasta el punto de que el propio juez, en nombre de la sala, necesitó aclarar directamente no pocos detalles que a pesar de las horas transcurridas no terminaban de tener claros los juzgadores. “Así no vamos a terminar nunca”, llegó a expresar el magistrado resignado a que esta fase de testimonios se continúe alargando sin que llegue todavía el momento final de la declaración de los seis acusados, la cual se decidió excepcionalmente relegar a las últimas jornadas en vez de a las primeras.

El juicio a la llamada 'trama Púnica', desmantelada en el caso de León a finales de 2014, se dirige en su acusación a seis personas, tres de ellas vinculadas a la Diputación de León, como son el entonces presidente, Marcos Martínez Barazón, el exdiputado y coordinador de Presidencia, Pedro Vicente Sánchez, y exinterventor Jesús 'Suso' López, a los que la Fiscalía pide ocho, siete y cinco y medio años de prisión respectivamente, por delitos tales como malversación, cohecho o tráfico de influencias, entre otras.

Los otros tres sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional son los conseguidores de la red Púnica, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartajena José Antonio Alonso Conesa, ambos de las empresas Eico y Madiva, así como la trabajadora Guadalupe Caballero.

Las empresa de la trama Púnica crearon presuntamente redes con los perfiles en redes sociales creadas por ellos mismos de conocidos líderes y cargos del Partido Popular, todos clientes suyos, tales como Esperanza Aguirre, Francisco Granados o Lucía Figar, para “autoseguirse unos a otros” y en el caso de la Diputación de León mejorar así el posicionamiento en internet y el blanqueamiento de sus perfiles personales a los presidentes Isabel Carrasco, primero, y después a su sucesor Marcos Martínez Barazón.

Esta es la conclusión que destacaron hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Barazón y otros cinco acusados los peritos convocados por la Fiscalía, Sonia Sánchez y Jorge Luis Morato, poniendo el ejemplo gráfico de la red social Flickr en el caso de Carrasco, que continuó su mano derecha, que se sienta en el banquillo de lso acusados.

Era ésta apenas la punta del iceberg de una serie amplía de técnicas de posicionamiento en internet, mejora reputacional y blanqueamiento de sus perfiles personales a cambio de dinero de la Diputación para hipotética publicidad en los mismos diarios digitales que se han denominado zombies, es decir, con contenido exclusivamente interesado para sus fines, en los cuales también se replicaba un aluvión de noticias positivas. La suma de todas esas técnicas ayudaban a desplazar con facilidad las noticias más negativas y desfavorables para sus clientes que circulaban por internet.

La compleja operativa y las fórmulas para lograrla, clave en este juicio para determinar si se usó dinero público de la Diputación en beneficio privado, ha sido el fondo de una jornada de complejos testimonios periciales con hasta seis testigos diferentes, cuyas visiones se contradecían en muchos términos, ya que la mitad de ellos estaban citados por las fiscales del caso y la otra por las defensas, especialmente del acusado empresario y conseguidor Alejandro de Pedro, dueño de Eico y Madiva, que tejían toda la red.

Estos últimos, los peritos de la defensa, y algunos informes aportados por ellos, admitían la utilización de técnicas de posicionamiento y seo en internet y redes sociales, pero “no con usos delictivos”, quiso matizar por ejemplo Carlos Segura Huerta, secundado por Jorge González. Defendieron también la normalidad de funcionamiento de otros recursos, como la publicación de noticias en los periódicos online de la trama, los llamados zombies, una red de decenas por toda España y especialmente en territorios donde tenían clientes, negando que fueran tales zombies.

Aún más, difirieron de los peritos de la Fiscalía asegurando que “más del 95% de los usuarios eran personas reales, y no perfiles falsos, que estaban accediendo a esos diarios, dinamizando su difusión y siendo visores de la publicidad” de la institución por la que teóricamente se pagaba a las compañías por sus servicios.

Falsos usuarios

En una visión contrapuesta, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también citado hoy,  advertía de un porcentaje muy elevado de falsos usuarios, asegurando que así “se pudo demostrar a través de las técnicas de estudio seo”. “El uso delictivo de las tecnologías lo tengo claro”, quiso zanjar el testigo ante los intentos del abogado defensor de De Pedro por desprestigiar la capacitación profesional del agente para estos asuntos, situación que provocó un receso en la sala por la complejidad de los interrogatorios de tantas partes a tantos peritos al mismo tiempo.

La experta y profesora Sánchez vino a esquematizar cómo se tejió la red de 'blanqueamiento' a su juicio sólo personal de los presidentes de la institución, con grandes desacuerdos manifestados por las defensas o sus propios peritos, asegurando que “en una primera fase se generan webs y blogs de carácter personal y luego se publican muchas noticias replicadas en múltiples diarios de la red”. Ello, sumado a las redes sociales y blogs personales también creados para ellos, aumentaban su puntación en el ranking de resultados de los buscadores como Google, desplazando así a las noticias más negativas“ sobre ellos. Noticias como los 13 cargos que ostentaba, la mayoría con sueldo, o los gastos en tratamientos cosméticos, por ejemplo. En todo caso, negó que ello favoreciera en modo alguno a la Diputación como institución.

Y puso un gráfico ejemplo con Youtube, remarcando que el perfil creado para Carrasco en 2012 sumó siete vídeos, menos de 8.000 visualizaciones y 10 suscriptores, mientras que el perfil institucional de Diputación de León lleva sólo desde 2020 más de cien vídeos (106(, 961 suscriptores y 184.000 visualizaciones.

No dejes de informarte sobre las causas de este caso de corrupción en nuestro programa de ILEÓN Sonoro (aquí puedes ver el minutaje del mismo). Lo puedes escuchar pinchando aquí abajo.