La autopromoción de Isabel Carrasco pagada con fondos públicos llega a juicio 8 años después de su asesinato
Ocho años después del asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, ocurrido en mayo de 2014, llega a juicio este jueves 10 de noviembre la pieza referente a León de la trama de corrupción 'Púnica', desarticulada en el otoño del 2014. La Audiencia Nacional juzgará la presunta malversación de fondos para autopromoción de la fallecida presidenta y su sucesor, Marcos Martínez Barazón.
El 2014 fue el año más convulso de los que se recuerdan en la Diputación de León, que primero vivió el asesinato de su poderosa presidenta, por el que fueron condenadas sus asesinas a penas de prisión de 22, 19 y 12 años de cárcel. Y en otoño, el sucesor de Isabel Carrasco, su hasta entonces vicepresidente y mano derecha Marcos Martínez Barazón, fue detenido en su despacho de la Diputación en el marco de la operación Púnica, teniendo que dimitir tras su entrada en prisión provisional. Y entonces llegó el tercer presidente de la institución en apenas 6 meses, Emilio Orejas.
La Audiencia Nacional juzgará el uso de fondos públicos para pagar campañas de autobombo de la presidenta originados en el año 2012 con empresas de Alejandro de Pedro, uno de los presuntos cabecillas de la trama y que también se sentará en el banquillo de la pieza leonesa. Hasta el origen de la operación, la institución provincial leonesa pagaba facturas mensuales de más de 3.000 euros al mes a una empresa de De Pedro para que volcara contenidos favorables a Isabel Carrasco primero, y luego a Marcos Martínez, en blogs personales y en una red de periódicos online 'zombies'.
En el caso serán juzgados los entonces vicepresidente de la Diputación y jefe de Gabinete de Carrasco, Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez, y el interventor de la institución, Manuel Jesús López. Adicionalmente figuran el empresario Alejandro de Pedro, su socio y exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, y una trabajadora de las empresas Madiva y Eico usadas para el autobombo, Guadalupe Caballero.
De Pedro fue contratado por la Diputación para cuidar la reputación de la cuestionada Isabel Carrasco, que se materializaba mediante el envío diario de la información saliente de la institución a sus empresas para su volcado a la red y así intentar contrarrestar las informaciones sobre la gestión de Isabel Carrasco, plagada de denuncias por enchufismo y presunta corrupción en el llamado 'caso de los kilometrajes', cerrado sin juzgar tras su asesinato. En los cuatro periódicos 'zombie' creados en la provincia de León la mayor parte de sus contenidos eran artículos genéricos o bien réplicas exactas de las notas de prensa que se elaboraban desde las instituciones y en especial de la Diputación de León.
Según la Fiscalía los contratos tenían “El objetivo de producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en internet, vinculada a los nombres del político, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil público”, que añade que “en ningún caso, las tareas descritas se orientaban a prestar un servicio público de información o divulgación para los ciudadanos o en beneficio de las instituciones de gobierno. Las citadas campañas personales no eran pagadas ni por los representantes políticos, ni por su partido, sino que eran sufragadas con fondos públicos (...)”.
Según el relato de la acusación pública el interventor y los entonces vicepresidente y jefe de Gabinete de la Diputación ideraron “en connivencia con el resto de los acusados, un ardid para soslayar la falta de tramitación del expediente previo de contrato menor de servicios, y del trámite debido de solicitud de tres ofertas”. Las facturas emitidas “instrumentaron un desvío continuado de fondos de las arcas publica de la Diputación por importe de 90.974 euros a favor de las empresas de la trama, costeando gastos personales de la Presidenta”, señala el escrito de acusación. A mayores los pagos a otra empresa de la trama elevan el presunto fraude a 105.494 euros. En la contratación con la trama “los trabajos de reputación online eran desconocidos para los organismos de contratación de la Diputación de León. Los citados trabajos tuvieron una tramitación reservada, los dosieres eran conocidos solo por un grupo reducido de personas de confianza, y eran tratados como informes personales y privados, sin que su conocimiento fuera de acceso público”.
Pero además del cuidado de la reputación de la presidenta, al llegar al cargo de máximo responsable de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón los responsables de Madiva intentaban consolidarle en el puesto y conseguir que llegara a ser presidente del PP de León, vacante desde el asesinato de Isabel Carrasco. Según el Fiscal, la intención era que “los acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso utilizasen sus influencias políticas para apoyar las aspiraciones del acusado Marcos Martínez Barazón a liderar el Partido Popular de León y su candidatura a la Presidencia de la Diputación en los nuevos comicios. Estos trabajos serían reembolsados a través de las adjudicaciones públicas amañadas en favor de las empresas de la trama”.
Las conversaciones interceptadas apuntan a que este pago se haría mediante la manipulación de las licitaciones de las cafeterías de la estación de esquí de San Isidro, y el plan de dinamización de dicha estación de esquí. Por las actuaciones a favor de la imagen Marcos Martínez se comprometieron pagos por importe 74.200 euros, a través de la Diputación y el consorcio Gersul, que no se pagaron a causa de las detenciones y actuaciones llevadas a cabo en de octubre de 2014. Por realizar el proyecto de gestión de la estación de San Isidro se fijó un coste 171.000 euros, fraccionado en mensualidades de 24.428 euros mes.
Peticiones de pena de Fiscalía
Al exvicepresidente de la Diputación de León y actual alcalde de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, la Fiscalía pide una pena total máxima que suma 10 años y 6 meses de cárcel. Por presunta malversación de fondos y falsedad documental, 5 años y seis meses. Por tráfico de influencias, un año de prisión más. Y si se estimara el delito de fraude, año y medio de prisión; mientras que si en vez de fraude se demostrara un delito de cohecho, cuatro años. A mayores la petición de inhabilitación para cargos públicos suma 23 años entre todos los delitos.
Para el exjefe de Gabinete de Isabel Carrasco y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, la petición fiscal es idéntica a la de Barazón menos el delito de tráfico de influencias. El entonces interventor de la Diputación de León, el funcionario Manuel Jesús López, se enfrenta a una pena de cárcel de 5 años y 6 meses por malversación y falsedad y 18 meses por fraude, además de una inhabilitación máxima de 18 años.
Al empresario Alejandro de Pedro se le solicitan 5,6 años de prisión en la situación más benigna para él y 8 en la peor. Es decir, delitos de malversación y falsedad por cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación; y o bien 18 meses por fraude o cuatro años por cohecho. En su caso, como empresario que aún es, se le podrían sumar hasta siete años sin poder contratar con el sector público.
Al exalcalde socialista de Cartagena y socio de De Pedro, José Antonio Alonso Conesa, la Fiscalía pide exactamente las mismas penas y por los mismos delitos que a De Pedro. Es decir, cinco años y seis meses de cárcel en la situación más suave y ocho si se estiman los delitos peores. Y para la trabajadora de las sociedades de Alejandro de Pedro, Guadalupe Caballero, la petición fiscal de penas es de 3 años y cinco meses de prisión y 6 de inhabilitación.
Además las sociedades usadas por De Pedro para el blanqueo de la imagen de la presidenta de la Diputación de León y su sucesor, Eico y Madiva, la pena son multas por el doble del beneficio obtenido e inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con la administración.
