El fiscal pide entre 7 y 10 años y medio de cárcel a los tres leoneses por la corrupción 'Púnica' en la Diputación
La imagen es la siguiente: tres leoneses, dos de ellos anteriores altos responsables vinculados al Partido Popular y todavía actuales alcaldes, y un funcionario de la Diputación de León, han viajado hoy a Madrid para pasar por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional.
Acuden para recoger todos ellos el auto de apertura de juicio oral tres años y medio después de destaparse, con un escándalo sin precedentes históricos en la provincia, una trama de corrupción nacional con la Operación Púnica que dinamitó definitivamente la institución provincial con la detención fulminante del entonces presidente, Marcos Martínez Barazón, heredero del puesto que ese mismo año había dejado el asesinato de Isabel Carrasco.
En el auto, al que ha tenido acceso iLeon.com, no aparece aun fecha del juicio al que están abocados el propio Martínez Barazón, hoy alcalde de Cuadros, el exinterventor de la Diputación, Jesús 'Suso' López Sánchez, y el entonces jefe del Gabinete de Presidencia y hoy alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez.
Pero lo que sí trasciende, por primera vez, es la elevada petición de penas de prisión que solicita formalmente la Fiscalía para cada uno de los tres leoneses implicados, además de a otras tres personas implicadas en la presunta trama corrupta, incluyendo al considerado 'conseguidor' Alejandro de Pedro Llorca.
Se trata del empresario valenciano a cuyas empresas la institución pago durante años dinero público, tanto bajo el mandato de Carrasco como de su sucesor, a cambio de favores de proyección personal empleando para ello sus influencias políticas y la red de medios digitales 'zombies' de su propiedad -que iLeon.com detectó en exclusiva- bajo las compañías Madiva Editoria y Eico.
Y a cambio también de contratos 'amañados' a su favor -igualmente demostrados por este medio- que no llegaron a formalizarse por la fulminante detención de Marcos Martínez a finales de octubre de 2014.
Se da la circunstancia
De los seis encausados como imputados, los tres leoneses llevan las penas más duras que solicita el fiscal. Son las siguientes:
- Marcos Martínez Barazón.
En total la Fiscalía pide para él cárcel por espacio de ocho años en el más benigno de los casos y 10 años y medio en el más duro. La cuenta sería la suguiente: Por presunta malversación de fondos y falsedad documental, 5 años y seis meses. Por tráfico de influencias, un año de prisión más. Y si se estimara el delito de fraude, año y medio de prisión; mientras que si en vez de fraude se demostrara un delito de cohecho, cuatro años.
El período de inhabilitación para ocupar cargo público igualmente oscilaría, siempre según la petición del fiscal, 23 años de inhabilitación especial para ocupar cargo público, como por ejemplo el de alcalde o funcionario de Justicia, que sigue ostentando desde 1991, la friolera de 27 años.
- Manuel Jesús López Sánchez, 'Suso'.
Interventor general de la Diputación en aquella época, a pesar de arrastrar otras investigaciones judiciales vinculadas a numerosas propiedades en la estación de esquí de San Isidro, se vio implicado en la trama por dar su visto bueno sin excusas al pago sistemático de facturas con dinero público para un más que evidente uso personal de los presidentes de la institución. Algo que ya le salió de ojo al fiscal del caso en uno de sus interrogatorios.
Por este motivo, ahora la Fiscalía le reclamará en el juicio un total de siete años de prisión repartidos de la siguiente manera: cinco años y seis meses por un presunto delito de malversación y falsedad; y otros 18 meses más por otro de fraude. A sumarse a esto, 18 años de inhabilitación especial que le conllevaría abandonar su puesto de funcionario público si no estuviera ya jubilado.
- Pedro Vicente Sánchez.
Exdiputado provincial del área de Turismo -que gestionaba directamente la estación invernal de San Isidro enmarcada en el Ayuntamiento de Puebla de Lillo-, alcalde aún hoy de ese mismo municipio de la Montaña leonesa aunque como Martínez Barazón expulsado del PP y en aquel entonces jefe del Gabinete de Presidencia que emitía, gestionaba y autorizaba el ingente pago mensual a las empresas de Alejandro de Pedro -que salieron a la luz pública con esta investigación de iLeon.com-, Pedro Vicente Sánchez se enfrenta a las segundas penas de prisión más duras de la pieza separada del Caso Púnica.
En concreto, la Fiscalía le pide siete años de prisión si se le condena por delitos de malversación y falsedad (5 años y seis meses por ellos) y por fraude (1 año y seis meses) más, pero que podrían elevarse a 9 años y seis meses si en vez de fraude se aprecia en su actuación un delito de cohecho, que conllevaría cuatro años de cárcel. La inhabilitación, en su caso, sería según la petición del fiscal de 18 largos años, teniendo, como Martínez Barazón, que abandonar el acta que le mantiene de alcalde y el puesto de secretario que ejerce en otro municipio de la montaña leonesa.
Más allá de esas peticiones del fiscal de la Pieza Separada 2 del 'Caso Púnica', el auto del juez Manuel García Castellón que sustituye a Eloy Velasco, el que inició la causa, recogido hoy por todos ellos en Madrid, conlleva otra pena inmediata y, en este caso económica. Porque obliga al pago solidario de los seis encausados de una fianza de responsabilidad civil de 171.000 euros, o lo que es lo mismo, el ingreso de 28.500 euros cada uno.
Cantidades que en los casos de Martínez Barazón y 'Suso' López se suma a las fianzas para eludir la cárcel que ambos tuvieron que sufragar: 30.000 euros en el caso del presidente 'caído' -que llegó a permanecer más de 50 días en la cárcel de Navalcarnero-, y otros 30.000 del alto funcionario.
Respecto a las penas que la Fiscalía defiende que se le impongan a los otros tres implicados, todas ellas son inferiores a las de los tres leoneses. A saber:
- Alejandro de Pedro Llorca.
Al presunto 'conseguidor', que habría incluso ofrecido a Martínez Barazón mediar ante el PP para afianzarle como presidente provincial en León, algo que no ocurrió por apenas unos días tras un exitoso viaje del responsable institucional a un mitin de Mª Dolores de Cospedal, se le solicitan 5,6 años de prisión en la situación más benigna para él y 8 en la peor. Es decir, delitos de malversación y falsedad por cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación; y o bien 18 meses por fraude o cuatro años por cohecho. En su caso, como empresario que aún es, se le podrían sumar hasta siete años sin poder contratar con el sector público.
- José Antonio Alonso Conesa.
El excalcalde socialista de Cartagena (Murcia) y brazo 'político' que, sobre el papel, podría haber intentado aupar a Barazón dentro de la pirámide de poder del PP, la Fiscalía pide exactamente las mismas penas y por los mismos delitos que a De Pedro. Es decir, cinco años y seis meses de cárcel en la situación más suave y ocho si se estiman los delitos peores.
- Guadalupe Caballero Carrascosa.
Empleada de Eico Online Reputation Management SL, la compañía de Alejandro de Pedro, e implicada también en la pieza separada de Murcia, se enfrentaría a tres años y cinco meses de prisión, y seis de inhabilitación especial, por los presuntos delitos de malversación y falsedad documental.
Finalmente, el juez hace suyos los criterios del fiscal de dejar fuera del caso, y ordenar su sobreseimiento y archivo, en lo que afecta a otras dos personas de esta pieza separada de la Diputación de León: Adrián de Pedro, hermano y socio de Alejandro de Pedro, y Sara Gargallo, responsable del departamento de contabilidad de la compañía de aquel que facturaba religiosamente a la Diputación leonesa.
