Las acusaciones de la trama Púnica piden que se castigue el uso ilegal de una “caja B” para medios en la Diputación de León

Lo que se juzga en la Audiencia Nacional en la pieza separada 2 del Caso Púnica de presunta corrupción en la Diputación de León es, a juicio del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, el uso ilegal y para beneficio personal que los presidentes del Partido Popular Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón hicieron de una auténtica “caja B” de dinero destinado a medios de comunicación, tal y como lo han denominado hoy en la presentación de sus conclusiones definitivas ante el Tribunal.

A lo largo de toda la mañana, y a pesar de acotarles el tiempo el juez Francisco Vieira, las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, desgranaron con un grado de detalle extremadamente minucioso lo que consideran “pruebas de cargo potentes y sólidas”. En base a ellas piden ocho años de prisión y nueve de inhabilitación por delitos de falsificación con malversación y fraude contra los tres leoneses vinculados a la Diputación leonesa, el mencionado expresidente, su mano derecha Pedro Vicente Sánchez, ambos aún alcaldes, y quien fuera el interventor, Jesús 'Suso' López.

Creen las letradas que los tres participaron activamente en lo que tildaron de “gran tapadera” o “engañifa” para que las empresas de la trama, en manos de los conseguidores Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, les realizaran trabajos de limpieza de imagen y reputación y asesoramiento político personal a cambio de un “caladero de facturas” que sumaron más de 100.000 euros de dinero público y también maniobras para adjudicarles diferentes contratos públicos en la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la institución. Porque defienden que la obsesión de Martínez “era ser presidente del PP de León y estaba dispuesto a pagar lo que fuera”. Un entramado que no dudaron en comparar con “la picaresca del siglo de oro español”, includos funcionarios que “pasaron al lado oscuro de la fuerza”.

En su informe, cifran en hasta medio millón, 500.000 euros, la cuantía máxima anual de esa “caja B” para publicidad en medios de comunicación de la que discrecionalmente disponían los presidentes Carrasco, antes de su asesinato, y su delfín Martínez tras 'heredar' el cargo y su mismo modus operandi. Dinero que a pesar de ser público, como se ha explicado en el juicio, repartían hasta en mano a los directores más afines o negaban a los críticos, como demostraron incluso sentencias judiciales hoy mencionadas en la Audiencia Nacional.

Un argumento constitucional... y de calado nacional

Se convirtió para ellas en un muy relevante este argumento porque creen que una estructura similar afectará a buena parte de las 12 causas separadas pendientes aún de juicio por Púnica en toda España, desde Madrid a Valencia o Murcia, y en las que “es una obligación valorar si los comportamientos de ocultación al ciudadano” al pagar por desplazar noticias negativas imponiendo un posicionamiento de las positivas, violenta la obligación constitucional de comunicar y recibir libremente información veraz“.

Además, quisieron rebatir uno de los principales argumentos de las defensas de los seis acusados en el caso de León, en el sentido de que esas formas de pago a las empresas 'Púnica' de Eico y Madiva no diferían de los pagos a otros medios de comunicación: “La mala praxis (de la Diputación) que se puede encontrar con el Diario de León, radio Cope León, ABC, etc., no es una disculpa; aunque los medios de León pasaran por el aro de esa Caja B sin control que utilizaban los presidentes no se puede decir que por ejemplo Diario de León lo utilizara para encubrir otra cosa, y hoy estamos aquí porque se usó un engaño para cubrir actividades prohibidas por la Ley”.

Y en esa operativa resaltaron las fiscales la gravedad de que “sobre todo los funcionarios obviaran su obligación de proteger el erario público, no poniendo ninguno de ellos reparo alguno en pagar a un paisano que les pasaba unas facturas”, dijeron textualmente, con precios “arbitrarios” pero sostenidos años en el tiempo que ofrecían “prioritariamente trabajos de reputación” personal, “y lo contrario es desviar la atención”.

Finalmente, y en réplica también al emotivo alegato del expresidente Marcos Martínez, que llegó a derrumbarse varias veces en su testimonio al recordar el impacto personal que este caso le ha producido desde su detención y encarcelamiento fugaz en 2014, la letrada del ministerio fiscal no dudó en recordar ante el Tribunal que “en este momento de crisis institucional, además de ver llorar al acusado también estas fiscales y el grupo de delitos de la UCO de la Guardia Civil hemos visto llorar a los funcionarios castigados única y exclusivamente por hacer bien su trabajo” en la Diputación en tiempos de ambos presidentes del PP.

Telefónica, Bankia, Mercadona o Tele5 no actuaban igual

En el turno de la acusación particular que ejerce en este juicio la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade), la abogada Gloria de Pascual reprodujo y apoyó buena parte de los argumentos jurídicos de la Fiscalía, aunque en su caso pidiendo mayor pena con figuras como el cohecho, porque cree que está probado que “Marcos Martínez pretendía ser presidente del PP de León y para eso quería usar medios públicos”.

Para ella, una de las demostraciones es que la Diputación de León pagaba a la trama con la justificación de banners publicitarios en la red de diarios zombies de Púnica, “con escasa repercusión”, y eso se demuestra a su entender porque otros importantes clientes de las empresas de De Pedro y Alonso Conesa, como Telefónica, Bankia, Mercadona o Tele5 “sí utilizaban y pagaban por mejorar su reputación” online “pero no incluían banners por la sencilla razón de que no tenían difusión”. Y además, al contrario que en la institución pública leonesa, distinguían la empresa del empresario, trabajando “por separado” la reputación de Tele5 y de Paolo Vasile.

También argumentó que al priorizar la mejora de la imagen de Carrasco o Martínez “se causaba un perjuicio a los servicios públicos que ofrece la Diputación”, porque superponía las noticias favorables de los presidentes sobre la propia web institucional. Y lamentó tener que dedicar su escaso tiempo a censurar la petición de los abogados defensores de que la acusación pague las costas de todo el juicio, algo que cree que condiciona toda su actuación.

Por su parte, todas las defensas presentaron al inicio de la sesión sus conclusiones, todas ellas absolutorias, y las desgranarán detalladamente en una sesión que se reanudará por la tarde tras el almuerzo.