La Junta asume el duro informe en contra de la creación del macrovertedero industrial de San Justo de la Vega
La Junta de Castilla y León asumirá plenamente el contenido del duro informe emitido por la jefa de Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la propia Consejería de Medio Ambiente contra buena parte de los datos aportados que sustentan el proyecto para construir un macro vertedero industrial e incluso para residuos peligrosos, que podrían llegar de fuera de la Comunidad, en el municipio leonés de San Justo de la Vega.
El portavoz del Gobierno autonómico del Partido Popular (PP), Carlos Fernández Carriedo, ha sido categórico hoy al ser preguntado por ese informe propio de la administración que resalta que los datos oficiales no se justifica a día de hoy la verdadera necesidad del llamado ‘Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega’, para el que además se estima que se aportan datos que son inventados o al menos no le constan a la Junta.
Por eso, Carriedo ha manifestado que ese duro informe en contra propio “lo tendremos en cuenta y lo asumimos”, algo que ocurrirá en la actual fase de declarar, o no, al proyecto como de 'interés regional', una figura que de salir adelante lo blindaría y facilitaría al máximo todo tipo de trámites, incluido el del impacto ambiental, en los terrenos propuestos de San Román de la Vega que vierten hacia los vecinos municipios de Benavides de Órbigo y Villares de Órbigo, en la cuenta del río Órbigo.
El bache económico del empresario que está detrás
El consejero portavoz remarcó, a preguntas de los periodistas, que si el promotor insiste en continuar adelante, tendrá que modificar, actualizar o asumir el contenido del mencionado informe técnico. Se trata del empresario leonés Macario Fernández, conocido como el 'rey del zinc', que dirige la empresa impulsora, llamada Valorización Verde SA, cuyo socio único es otra llamada Latem Global Trading SA, que a su vez tiene como socio único a Laminados del Principado SA.
Otros proyectos de Fernández en León y Zamora, con la compañía Latem Aluminium, están actualmente en serios problemas económicos y un ERTE para su plantilla que afecta de lleno a su factoría de Villadangos del Páramo, y a pesar de todo con fuertes subvenciones de la propia Junta por haberse instalado en sustitución de la malograda Vestas.
55.000 toneladas de residuos peligrosos a enterrar
El polémico proyecto del macrovertedero contempla la instalación en realidad de tres grandes vertederos en una superficie de 140,6 hectáreas y una inversión cercana a los 35 millones de euros. Se ha diseñado para que cada año gestione 231.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos, de los que 31.000 se enterrarán directamente y el resto se intentará reciclar, y otras 55.000 toneladas de residuos industriales peligrosos, éstos directamente para enterrar en la zona por tiempo ilimitado.
El informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León descalifica su viabilidad, su necesidad e importancia para la provincia y la Comunidad autónoma, valorando que carece de justificación técnica y regional, como se pretende tramitar, porque no se aprecia una necesidad acreditada para esta infraestructura en ningún punto de Castilla y León.
Entre las principales carencias detectadas, el informe critica que la fase inicial del proyecto se limite a la eliminación de residuos sin incluir operaciones de valorización o reciclaje, incumpliendo el principio fundamental de la jerarquía de tratamiento de residuos. Este enfoque prioriza un vertedero industrial para residuos peligrosos y no peligrosos, dejando las medidas de valorización para fases futuras, lo que contradice las políticas medioambientales europeas y autonómicas.
Impacto ambiental
El informe también alerta sobre el impacto del proyecto, ya que prevé un incremento significativo de residuos peligrosos procedentes de otras comunidades autónomas. Esto incluye materiales como cenizas volantes de coincineración que no se generan en Castilla y León y contienen sustancias peligrosas. Asimismo, se cuestiona que los vertederos estén diseñados para recibir mayoritariamente residuos externos, alcanzando hasta un 80% de su capacidad, lo que agrava la dependencia del depósito sobre el reciclaje y la valorización.
Además, dos informes sobre la afección a las aguas y los vertidos del macrovertedero industrial han sido también los causantes de que el proyecto tuviera que volver a salir a información pública por su gran afección al medio ambiente, en concreto por dudas sobre su posible afección a las aguas y los vertidos, como desveló ILEÓN.
