El operativo de extinción acusa a Suárez-Quiñones de mentir en sus explicaciones sobre la oleada de incendios forestales
Un grupo de trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León han criticado las declaraciones del consejero de Medio Ambiente de la Junta, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante sus declaraciones el miércoles 14 de enero en las Cortes autonómicas para hacer un balance sobre la trágica oleada de incendios forestales que arrasó especialmente la provincia de León.
Más de una decena de forestales, que se desplazaron hasta las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de la Consejería de Medio Ambiente han acusado a Suárez-Quñones de mentir en sus explicaciones y recuerdan que la Consejería “ha incumplido sistemáticamente” con las mejoras acordadas para el operativo prometidas tras los incendios de la Sierra de la Culebra (ocurridos en Zamora en el año 2022).
Además, han denunciado que el consejero “repite una y otra vez un discurso diseñado desde los despachos, que no se corresponde con la realidad que vivieron luchando contra el fuego o la de los ciudadanos que vieron cómo sus pueblos ardían sintiéndose abandonados”.
Los forestales califican esta versión de “distorsión premeditada de los acontecimientos de este verano” que solo pretende ocultar su nefasta gestión y los incumplimientos reiterados de las leyes estatales básicas de agentes medioambientales y bomberos forestales, entre otras“.
Además, recuerdan que este colectivo profesional sigue sin ser reconocido con la categoría de bombero forestal “arriesgando su vida por 1200 euros al mes, con una formación casi inexistente y una precarización laboral que impide la continuidad en este sector, ya que no garantiza unas condiciones de vida dignas”.
También critican que los agentes medioambientales “a pesar de ser directores de extinción en más del 90% de los incendios forestales, continúan trabajando sin una ley autonómica que regule sus funciones, lo que les genera una gran inseguridad jurídica”.
Los trabajadores del operativo exigen también una plantilla 100% pública “sin empresas intermediarias” y una ley autonómica de agentes medioambientales, ambas “son realidades ya en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, mientras que en Castilla y León se les niega sistemáticamente cualquier tipo de mejora o reconocimiento”.
Desde el conjunto del operativo remarcan que el cambio reside en “una eficiencia del gasto del dinero público, que repercuta directamente en la mejora de los montes, y no como hasta ahora en beneficio de un conglomerado de empresas privadas”.
