La Junta de Castilla y León abre expediente a Iberdrola por vaciar Ricobayo un mes y medio después
La Junta de Castilla y León no inició ningún proceso sancionador contra Iberdrola por el vaciado del embalse de Ricobayo hasta esta semana, un mes y medio después del desembalse del principal pantano de la provincia de Zamora, y que provocó el rechazo de varios alcaldes de pueblos de la zona y el reproche del Ministerio de Transición Ecológica. Según informó la Consejería de Medioambiente a elDiario.es esta semana, la actuación de la Junta contra la empresa se había limitado a informar a la Confederación Hidrográfica del Duero y al Ministerio de Transición Ecológica de la disminución de la cota del principal pantano de Castilla y León.
Cuando este periódico preguntó a la Junta si se habían iniciado procesos sancionadores por el impacto contra las especies piscícolas, como sí había hecho la Xunta de Galicia, la Consejería señaló que únicamente se habían elaborado informes medioambientales para la CHD, que como responsable de la gestión de las aguas era el organismo encargado, pero que no se había iniciado ningún trámite punitivo. Tras preguntar directamente al Gobierno autonómico si consideraban que la empresa había incumplido artículos de la norma Patrimonio Natural, la principal ley en materia ambiental de la Comunidad que permite sancionar directamente a las empresas hidroeléctricas, la Junta aseguró entonces que sí se había iniciado el proceso sancionador esa semana, tal y como prevé la norma autonómica.
Según la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, la Junta considera como graves el incumplimiento del régimen de caudales ecológicos o reservas de caudal establecidos en los planes hidrológicos de las cuencas “cuando pueda causar daños irreparables a las especies amenazadas o sus hábitats”. Aunque la empresa concesionaria considera que el desembalse se produjo dentro de lo permitido, tanto los alcaldes de la zona como la ministra Teresa Ribera calificaron de excesiva la disminución del cauce. Ecologistas en Acción alertó de que se ponían en riesgo “el equilibrio medioambiental y la biodiversidad”.
La normativa autonómica añade como sanción grave “el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas tendentes a la minimización de la afección ambiental”, es decir, considera susceptible de ser punible que la concesionaria, en este caso Iberdrola, no hiciese nada para evitar daños contra la fauna y la flora del entorno de Ricobayo. Según explican desde la Consejería de Medioambiente, Seprona hizo una evaluación de posibles daños ambientales sobre la mortandad de peces resolviendo que no era especialmente “grave”.
Por último, Iberdrola también incumplió la Ley de Patrimonio Natural autonómica en cuanto a la cota de los embalses. Según el artículo 40 de la norma, cuando se disminuya el contenido de embalses de forma que se ponga en peligro la fauna acuática sin avisar con 30 días de antelación; en caso de grandes embalses o presas con 90 días. Sin embargo, la concesionaria no informó de que iba a proceder al vaciado del embalse de Ricobayo, de acuerdo con la Consejería, motivo por el que también podría sancionarse.
