Impugnan la ordenanza reguladora de alojamientos turísticos en Salamanca
La presidenta de la Asociación de Empresas Salmantinas de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Aesvat), Teresa Majeroni, avanzó este jueves que a lo largo del día de mañana interpondrá un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la vía de lo contencioso administrativo para interesar la impugnación de la ordenanza municipal reguladora del uso de apartamentos turísticos de Salamanca, recientemente aprobada en sesión plenaria del Ayuntamiento.
Majeroni recordó que la agrupación empresarial, creada el pasado año, surgió para regular las viviendas de uso turístico con los objetivos de “mejorar como sector” y también para responder ante las instituciones, responsables de validar una legislación que, en sus palabras, “no ha escuchado nuestros intereses” e “impone medidas restrictivas que atentan contra nuestra seguridad jurídica”. En resumidas cuentas, “a ordenanza municipal ha cambiado las reglas del juego en mitad del partido”.
La presidenta de los propietarios mostró a su sector, en declaraciones recogidas por Ical en la sede provincia del CEOE Cepyme, en la plaza San Román, un complemento a la oferta hotelera. “Hay familias en las que alojarse en un hotel puede resultar muy caro, también podemos ser alojamiento de larga duración para para estudiantes de español y, en definitiva, somos una solución más económica”, resumió en referencia a su servicio.
En este sentido, añadió que, en consecuencia, tienen un impacto económico directo en el seno de sus empresas, y también como particulares, pero matizó que también existe un impacto indirecto indirecto pues subcontratan, por ejemplo, servicios de limpieza, lavandería y mantenimiento y, además, recomiendan a sus clientes establecimientos hostelería o rutas turísticas. “Además, contribuimos a revitalizar barrios que están más deshabitados y rehabilitamos viviendas vacías”, apostilló.
“Hemos invertido esfuerzo, tiempo y dinero en mejorar nuestros apartamentos y ahora nos dicen que somos ilegales. Y creemos que no podemos ser un argumento político para recaudar más votos. Hay muchos casos en los que se necesita vivienda, pero hace falta construir más. Nosotros queremos que Salamanca crezca y que sea un referente turístico y de enseñanza del español”, lamentó.
Falta de negociación
Según sus datos, existen unas 600 viviendas de uso turístico en Salamanca y, la nueva ordenanza podría afectar a aproximadamente el 50 por ciento, aunque no Aesvat no supo precisar el dato. La principal. En este sentido, según director general de CEOE Cepyme Salamanca, Ricardo Andrés, el motivo principal de la impugnación es que la ordenanza es “restrictiva” y que “no ha tenido una negociación con el sector”.
“Hay que pelear y lo vamos a hacer para que no tenga efectos retroactivos. Por que hay un montón de apartamentos que cuentan con todos lo permisos y con la nueva ordenanza se quedan en una situación irregular”, advirtió. En este sentido, se pedirá ante los tribunales la nulidad de la ordenanza. “Entendemos que existen razones jurídicas de peso, vinculadas al Plan General de ordenación Urbana, y esperamos que se pueda abrir un periodo de negociación”, aclaró.
En concreto, los empresarios critican las limitaciones que se imponen para ubicar pisos turísticos exclusivamente en la planta baja o en la primera planta. “Esto deja a muchas viviendas fuera. Por eso, lo que vamos a pedir es que se anule, ya que infringe la normativa del PGOU y, una vez que se anule, abrir un periodo de negociación”, reiteró Andrés.
Carácter retroactivo
Por su parte, el letrado Alfonso Hernández, uno de los redactores de la impugnación de la ordenanza matizó que no solo los miembros de la asociación están detrás de este requerimiento jurídico, sino también una serie de particulares que cifró en aproximadamente un centenar. “La negociación se tendría que haber hecho a la hora de regular esta ordenanza. Y el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con los propietarios ni ha recabado el sentir del sector”, lamentó.
“No aceptamos, en absoluto, la retroactividad de la norma porque lo que produce de facto es la obligación de cese de los arrendamientos de algunas de las viviendas de uso turístico. Los apartamentos que están dispuestos a impugnar son perfectamente legales a día de hoy”, recalcó, recordando que se presentaron más de 80 alegaciones al borrador e la ordenanza. “No estamos hablando de fondos buitre, sino de Pepe, de Juan, etcétera”, manifestó en este sentido.
Según el abogado, la interpretación que hace el Ayuntamiento hace del PGOU establece que se está haciendo un uso terciario para estas viviendas, lo que tiene una serie de restricciones y especificó que aplica, también con carácter retroactivo, la obligación de comunicación ambiental, que se empezó a aplicar en julio de 2020, y recordó que “hay viviendas de uso turístico anteriores”. “No estamos hablando de una actividad empresarial sometida al régimen de licencia, estamos hablando de arrendamiento. Creemos que el Ayuntamiento se ha hacho un lío”, apuntó.
Por otro lado, Hernández supuso que “si mañana desaparecieran todos los apartamentos de uso turístico, Salamanca no podría asumir sus necesidades de alojamiento” y matizó que no están en contra de la regulación, sino de aquella que “prohíbe lo que ya existe”. Es necesario legislar para evitar el intrusismo y que haya viviendas ilegales. Paro también es necesario que se protejan los intereses de los propietarios, no solo se mire los incumplimientos“, reclamó.
Sobre las polémicas molestias a los vecinos, el letrado recordó que existe normativa y régimen sancionador para denunciar cualquier comportamiento que contravenga las ordenanzas municipal, así como procesos punitivos internos dentro de las plataformas de reserva de estos apartamentos. “Hay pisos de estudiantes, hay ‘narcopisos’, hay ocupaciones ilegales y hay prostíbulos en viviendas. Esto no viene de los pisos, viene de las personas”, zanjó.
