Barbón insiste en que lo “lógico” es que Asturias custodie el proyecto de autonomía con la Región Leonesa
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado su discrepancia con la Junta de Castilla y León por sus reticencias a trasladar a Asturias la documentación del proyecto de Estatuto de autonomía de Asturias y la Región Leonesa redactado durante la Guerra Civil, recientemente descubierto en el Archivo General Militar de Ávila. Frente al argumento del Gobierno autonómico de PP y Vox de preservar la “unidad de los archivos”, el dirigente socialista defiende que la procedencia de los documentos justifica su custodia en Asturias.
“Con respeto, discrepo”, ha respondido Barbón en sus redes sociales después de conocerse la postura de Castilla y León. El presidente asturiano argumenta que los archivos “corresponden al Consejo de Asturias y León” y recuerda que el Principado conserva actualmente el despacho de Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, además de otros materiales pertenecientes a aquel organismo. “Dada la composición del Consejo, lo lógico es que esos archivos estén en Asturias”, sostiene.
Barbón incide especialmente en el valor histórico de lo encontrado. “Se trata además del primer proyecto de Estatuto conocido de autonomía de Asturias y León”, señala antes de cuestionar directamente su actual ubicación: “Ávila, en ningún caso, parece el mejor lugar para albergar ese proyecto y las actas de dicho Consejo”. El Gobierno asturiano ya había anunciado su intención de solicitar formalmente que las actas y documentos incautados al Consejo Regional de Asturias sean trasladados al Archivo Histórico de Asturias para quedar allí a disposición de investigadores.
Castilla y León defiende que permanezca en Ávila
La posición choca con la expresada esta semana por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que defendió «la unidad del archivo y la unidad de los archivos». El Ejecutivo autonómico sostiene que conservar conjuntamente la documentación en Ávila facilita su protección y el trabajo de historiadores e investigadores.
Carriedo aprovechó además las preguntas sobre el hallazgo para reivindicar el actual modelo autonómico. Frente a las lecturas históricas o políticas que pueda suscitar la existencia de un proyecto que planteó unir Asturias con León, Zamora y Salamanca, el portavoz aseguró que los ciudadanos pueden sentirse «muy orgullosos» del recorrido realizado por Castilla y León durante el actual periodo democrático.
Las relaciones entre los presidentes del gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco son buenas, con ambos asistiendo a las tomas de posesión del otro, la última en Valladolid en junio de este año. Pese a la distancia política los dos gobiernos han compartido posturas como financiación autonómica o infraestructuras y en su coincidencia en diversos foros públicos han destacado las buenas relaciones entre ambas autonomías.
Un proyecto para unir Asturias, León, Zamora y Salamanca
La disputa institucional por los papeles tiene su origen en un documento hasta ahora desconocido localizado por el historiador Pablo Martínez Corral en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata de un proyecto denominado 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León', elaborado durante la Guerra Civil y relacionado con la experiencia política del Consejo Soberano de Asturias y León, una institución política que funcionó de forma independiente durante unos meses de 1937.
El borrador consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y constituye el primer proyecto conocido de un Estatuto conjunto para Asturias y la Región Leonesa. Su artículo inicial planteaba una Región Autónoma asentada sobre la base histórica del reino asturleonés e integrada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca, aunque el territorio republicano del momento no abarcaba todas ellas.
No llegó a entrar en vigor y los investigadores llaman a no confundirlo con un Estatuto aprobado: el documento carece de fecha, firma y constancia documental de aprobación. Su importancia reside, sin embargo, en demostrar que en plena contienda existió un intento de convertir la organización excepcional surgida en el Frente Norte en una estructura autonómica estable dentro de la Segunda República.
El diseño era ambicioso. Contemplaba unas Cortes regionales, un presidente del Consejo Regional y un Consejo de Comisarios, además de Hacienda propia, Tribunal de Casación, Policía y Orden Interior. Entre sus competencias figuraban obras públicas, ferrocarriles, carreteras, agricultura, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y gestión de recursos naturales, e incluso recogía facultades para la expropiación y socialización de empresas y riquezas naturales. El proyecto permanecía, en cualquier caso, integrado en la República española y no respondía a un planteamiento independentista.
