El Gobierno incluye doce incendios y las inundaciones en Bouzas y Manzanedo entre las zonas gravemente afectadas
El Consejo de Ministros ha incluido este martes los territorios perjudicados por trece emergencias ocurridas en la provincia de León en la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, la mayor parte de ellas en El Bierzo. Se trata de doce incendios forestales y las inundaciones provocadas por la crecida del Meruelo (en la cuenca del Boeza) en Bouzas y los desprendimientos de ladera en Manzanedo de Valdueza, que se saldaron con dos mujeres muertas y varios heridos, algunos de ellos bebés. Son dos poblaciones pertenecientes al municipio de Ponferrada, como Carracedo de Compludo, cuyos vecinos quedaron atrapados durante días por los destrozos en el vial de acceso y que, sin embargo, no ha sido incluida en este listado.
Las emergencias leonesas recogidas en el acuerdo, ordenadas según la fecha de comunicación que figura en el listado del Centro Nacional de Emergencias (CENEM), incluyen el incendio forestal del 26 de junio en Ribota de Sajambre, el del 24 de julio en Balboa, el de Vegas del Condado y las inundaciones en Manzanedo y Bouzas. La lista completa se encuentra al final del artículo.
El acuerdo aprobado por el Gobierno comprende un total de 112 episodios adversos registrados en catorce comunidades autónomas. El periodo general de referencia se extiende entre el 27 de julio y el 31 de agosto, aunque el listado incorpora algunos incendios anteriores cuyas situaciones operativas fueron objeto de comunicación y seguimiento por el Sistema Nacional de Protección Civil.
La declaración permite solicitar ayudas por daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como por los gastos afrontados por las entidades locales y los perjuicios sufridos en establecimientos industriales, comerciales y de servicios. También podrán acogerse las personas físicas o jurídicas que aportasen medios o realizasen prestaciones durante la respuesta a las emergencias.
La inclusión en el acuerdo no implica la concesión automática de las ayudas. Las personas, empresas y administraciones afectadas tendrán que acreditar los daños y cumplir los procedimientos establecidos en cada línea de apoyo. El Gobierno podrá incorporar nuevas medidas cuando disponga de una evaluación más completa de las consecuencias.
Entre las actuaciones previstas también se encuentran posibles exenciones o reducciones en el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y ayudas estatales de hasta el 50% del coste de los proyectos municipales destinados a reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos dañados.
