La factura del nuevo contenedor marrón en León aumenta casi otro millón más y acumula tres años de retraso
La implantación del contenedor marrón en León sigue acumulando retrasos y todavía más sobrecostes. Tres años después de que debiera estar operativo el sistema de recogida separada de biorresiduos, el Ayuntamiento de León acaba de adjudicar por 911.809,66 euros el contrato para dotar de cerraduras inteligentes a los contenedores que ya había comprado, una inversión que se suma a los 1.062.985 euros gastados en 2024 para adquirir 750 depósitos que permanecen almacenados y sin utilizar.
La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 21 de agosto acordó adjudicar el contrato a la empresa Formato Verde SL por 753.561,70 euros, a los que se añaden 158.247,96 euros de IVA. El contrato es para una duración de cuatro años e incluye tanto el suministro como la instalación de los sistemas de acceso y la tecnología necesaria para gestionar el nuevo servicio, una especie de 'cerradura' personalizada para que cada vecino acceda a poder depositar separadamente este tipo de basuras, aquellas que se pueden pudrir y son susceptibles de reconvertirse en abonos.
El desembolso supone que el Ayuntamiento tiene que dedicar casi otro millón de euros a hacer utilizables unos contenedores que ya costaron más de un millón de euros. Además, ese dinero a mayores se lo lleva la misma empresa, la gallega Formato Verde SL. Los 750 depósitos fueron adquiridos ya en 2024, pero han sumado meses y meses almacenados en instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha al no disponer, precisamente, de las cerraduras y sistemas tecnológicos previstos para la recogida separada de materia orgánica. Este mismo verano el equipo de Gobierno aseguró que comenzaba ya su distribución paulatina por los primeros barrios y calles, pero siguen sin cumplir los requisitos de acceso controlado y personalizado por cerradura.
El contrato adjudicado ahora fija en un total de 600 euros el precio unitario de cada una de las cerraduras inteligentes. Una simple división arroja que la cuantía de este contrato tendría que dar para poner las cerraduras a algo más de 1.500 contenedores. Hay que tener en cuenta, además, que las condiciones del nuevo contrato contempla las tarjetas de cada usuario, a 0,75 euros cada una; los grabadores de tarjetas, con un precio unitario de 55 euros, y el software y las comunicaciones necesarios para gestionar todo el sistema, con un precio unitario de 61 euros más.
Las cerraduras permitirán a los vecinos acceder a los contenedores mediante tarjetas de proximidad o una aplicación móvil. El sistema permitirá además registrar el uso de los depósitos y facilitará al Ayuntamiento información para controlar el funcionamiento del servicio y optimizar las rutas de recogida, aseguran ahora.
Hay que recordar que estos nuevos contenedores, los de color marrón, servirán exclusivamente para depositar biorresiduos, es decir, restos de frutas y verduras, carne y pescado, cáscaras y restos de huevo, restos de poda, posos de café e infusiones o servilletas de papel usadas.
La nueva adjudicación se produce después de que el Ayuntamiento ya tuviera que recurrir a otra inversión millonaria para poder completar la infraestructura necesaria. A finales de 2025 aprobó destinar otros 1.634.449,51 euros a la construcción de una instalación para el pretratamiento de la fracción orgánica, un proyecto encargado ya hace más de medio año a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) de la Junta de Castilla y León.
Así, entre la compra de los 750 contenedores, las cerraduras inteligentes adjudicadas ahora y la nueva instalación de tratamiento, el coste de poner en marcha esta infraestructura supera ya los 3,6 millones de euros, sin contar otros posibles gastos asociados a la implantación del servicio, que pese a todo continúa sin un calendario de implantación total claro.
La mayor parte de estas inversiones se suponen financiadas con fondos europeos Next Generation, aunque el Ayuntamiento también ha tenido que aportar recursos propios, y el problema es que los retrasos acumulados hacen que se hayan podido perder parte de esos millonarios recursos europeos.
Con esta situación, la capital se sigue situando a la cola de la implantación obligatoria de este nuevo contenedor y sistema de reciclaje de la llamada “quinta fracción”, en un panorama provincial de muy desigual cumplimiento, pero en todos los casos totalmente fuera del plazo marcado por la Unión Europea.
