UPA-COAG denuncia la “indefensión judicial, política y social” de los ganaderos por los ataques de lobos
La Alianza UPA-COAG que forman ambos sindicatos ararios denunció hoy la “indefensión absoluta a nivel judicial, político y social” en la que se encuentran los ganaderos de Castilla y León. “Sufren en primera persona la expansión incontrolada de lobos en la Comunidad y, por lo tanto, son víctimas económicas de la fauna salvaje en su propio patrimonio personal cada vez que se produce un ataque”, denunció.
La organización profesional, aludiendo a los datos de la propia Administración regional en el primer trimestre del año 2018, explicó que los ataques de lobos se han disparado un 80 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, y en lo que va de año cerca de 2.000 ataques de lobos son los que se han registrado en las provincias de Ávila y Segovia, no sí en la de León.
“Es un auténtico escándalo lo que está ocurriendo y la situación en la que viven los afectados, no solo por el quebrtanto económico que sufren sus explotaciones, sino el daño moral que padecen cada vez que se produce una sentencia como la conocida en las últimas horas sobre la paralización cautelar de la caza del lobo al norte del Duero durante esta temporada”, denunció la Alianza.
En este sentido, sostuvo que el sector ganadero vive una situación actual de “absoluto acoso en un círculo vicioso” y concretó desde las instancias políticas y judiciales “no se adoptan medidas de control y de defensa hacia las personas”. Así, exigió “actuaciones firmes” ante la prevalencia y expansión de los cánidos, como lo atestiguan las cifras oficiales de la Junta de Castilla y León.
La Alianza UPA-COAG no solo considera justificada la caza de ejemplares debido a los altísimos niveles poblacionales, distribución geográfica e índice de reproductividad de la especie, sino que apunta que es “incomprensible que no se presenten alegaciones suficientemente pormenorizadas y no genéricas” por parte del Gobierno regional, tal y como recoge la última sentencia, para que se actúe “de una vez por todas con la contundencia que la situación exige”.
La organización recordó finalmente que la situación actual no solo es problemática para los ganaderos, “como pone en duda alguna de las sentencias judiciales”, sino que, a su juicio, resulta “límite en muchas zonas de la región”. Por ello, consideró que apelar a la continua expansión de la fauna salvaje, tal y como reclaman con sus actuaciones los grupos ecologistas, “es una auténtica temeridad además de acrecentar aún más el problema del despoblamiento y de peligros constantes para la población que habita en el medio rural”.
