Piden penas de hasta nueve años para la trama que vendía carne de caballo en mal estado desde Toreno y Astorga
El caso por la venta de carne de caballo en mal estado vinculada a los mataderos de Toreno y Astorga escribe un nuevo capítulo en el ámbito judicial. Y es que la Fiscalía ha pedido penas de entre cuatro y nueve años y medio de prisión para los once presuntos miembros de un “grupo criminal” que estarían implicados incluso en exportaciones a Italia o Bélgica, según informa la Agencia Efe.
Las investigaciones saltaron a la luz en abril del año 2017. Fue entonces cuando un operativo internacional de la Guardia Civil intervenía los mataderos de dos localidades leonesas, Astorga y Toreno. Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional atribuye a la trama hechos constitutivos de delitos contra la salud pública, de falsedad documental y de grupo criminal. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales recogido por Efe.
Los mataderos de Toreno y Astorga eran epicentros de una trama dedicada a vender carne de caballo no apta para el consumo humano. Aunque el caso fue pilotado en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, luego recayó en la Audiencia Nacional, desde donde ahora el Ministerio Fiscal hace sus solicitudes de pena.
La Guardia Civil, en colaboración con Europol, acabó desmantelando una red que alcanzó a Francia, Portugal, Bélgica, Italia, Rumanía, Suiza, Holanda y Reino Unido.
Sólo en España se detuvo a 65 personas por los presuntos delitos de maltrato animal, falsedad documental, prevaricación, contra la salud pública, blanqueo de capital y organización criminal, alcanzando a siete comunidades autónomas. La provincia de León fue clave en la trama.
Fue en su día el diario El País el que desveló que desde el matadero de Toreno se distribuyeron para su venta y posterior consumo humano partidas que a priori estaban destinadas a alimentar a algunos felinos de Vigozoo, el Parque Zoológico de Vigo. En el matadero de Toreno en concreto, la investigación policial y judicial señala a Fernando de Sousa, quien, según el juez, “introducía carne en forma de subproductos en cadenas de supermercados de ámbito nacional, generando un riesgo para la salud pública”.
