El PP cree posible una “emergencia sanitaria” sin médicos este verano en León pero no culpa la Junta sino a la ministra

La presidenta del Partido Popular (PP) de León y vicesecretaria de Sanidad y Educación nacional, Ester Muñoz, ha confirmado que su formación ve una “posible emergencia sanitaria” en la provincia de León por la falta de médicos el próximo verano, pero culpó de ello en el Congreso de los Diputados a la ministra de Sanidad, Mónica García, asegurando que “será la culpable” de esa situación de emergencia.

Se refería Muñoz al cierre anunciado por la Junta de Castilla y León, administración competente en el ámbito sanitario, de un total 116 camas, casi todas en en el Hospital de León y y algunas en el Hospital de El Bierzo, “por la falta de facultativos”, a pesar de que ese tipo de cierres, por ejemplo la planta 12 del Hospital leonés, se viene produciendo desde hace más de una década cada inicio de verano.

En su intervención, la política leonesa recriminó a la ministra que “es consciente de la situación de vamos a vivir este verano y de lo que le están pidiendo los consejeros de Sanidad” de las diferentes comunidades autónomas. Y añadió, destacándolo en una nota de prensa, que “este país no se puede permitir una ministra de Sanidad que asegure no tener competencias ante el cierre de centros sanitarios, hospitales y camas este verano por la falta de médicos”.

“¿Sabe lo que es tener un consultorio en el que un médico se va a coger la baja y no contar con otro que le sustituya?”, preguntó la presidenta provincial a la ministra de Sanidad, al tiempo que le acusó de que “no ha gestionado nunca nada, solo sabe de camisetas y pancartas”.

Por otro lado, también este miércoles el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, pidió hoy a la Junta de Castilla y León y el Sacyl que “se esfuerce un poco” y cambie el plan de verano porque todos los años se centra en “cerrar camas”, por lo que instó a que pongan medidas para que sea más atractivo, porque los enfermos “no tienen la culpa”, dijo.

En rueda de prensa, recordó que la Sanidad es gestionada en Castilla y León por la Junta desde el año 2000, cuando se produjo el cambio de las competencias. “El problema viene de ese momento, porque se hizo un traspaso de competencias sin que la Junta las quisiera asumir y en contra de la opinión del Gobierno autonómico”, cuando en ese momento el Ejecutivo central estaba en manos de José María Aznar., luego presidente del Gobierno. Por ello, subrayó que alguien que lleva 24 años con unas competencias y que dice que no tiene profesionales “se tendría que preguntar qué ha hecho en todo este tiempo para no atraer sanitarios”.

Propuesta sobre puestos de difícil cobertura

UGT ha enviado una propuesta a la Gerencia Regional de Salud para que sea estudiada en la próxima Mesa Sectorial de Sanidad con el fin de atajar la situación vinculada a los puestos de difícil cobertura en la Atención Primaria, que podría afectar a unas 600 plazas en el conjunto de la Comunidad, según apuntaron desde el sindicato en una rueda de prensa. Piden que se cuantifiquen y califiquen las características de dichos puestos y se lleve a cabo un plan de incentivación, tanto con medidas económicas como de otras índole.

Desde el sindicato acusaron a la Junta de trabajar con “poca memoria” y de “incompetentes”, dado que “se les olvidó aplicar una norma propia” al respecto, en relación al Decreto-ley 1/2019, de 28 de febrero sobre medidas urgentes en materia de sanidad, que venía a solucionar la problemática de las plazas con difícil cobertura, aunque se quedó “sin la catalogación y calificación” para identificar cuáles eran esos puestos determinados. “Fue una cortina de humo y llevan años sin realizar la gestión y el trabajo de estudio”, por lo que el problema sigue a día de hoy, afirmó el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña.

Esta propuesta se configura, en primer lugar, por la cuantificación de las plazas de difícil cobertura, dado que es “imprescindible” la descripción, cuantificación y características que implican que una plaza (de la categoría que sea) sea considerada de difícil cobertura; para valorar la gravedad del problema y diseñar un plan de ataque, plan de prevención y programación de necesidades futuras.

De esa forma, es necesario analizar las características propias del lugar de trabajo, donde se enmarcan las distancias de desplazamiento, la distancia media semanal a los lugares efectivos de asistencia sanitaria, el turno que se realice, así como las horas de Atención Continuada que conlleva dicho puesto, vacantes en dicho puesto y categoría y meses en vacante, señaló la secretaria regional de Sanidad de UGT, Rosa López.

También, exigen detallar las características propias de la población diana sobre la frecuentación y necesidades por usuario, el número medio por pacientes, la densidad de la población, el índice de envejecimiento y la sobrecarga estacional, que se unen a las características socioeconómicas, como puede ser el precio medio de vivienda en alquiler y compra, asó como un mercado inmobiliario con oferta digna y suficiente. Además, pidieron tener en cuenta zonas de trasformación social y las condiciones familiares y conciliación.

Como segundo eje de la propuesta, se encuentra la incentivación de las plazas de difícil cobertura con el fin de que sean “más atractivas y lograr la retención de profesionales”, apuntó. Entran en juego las medidas económicas, como puede ser el complemento retributivo específico por cobertura y permanencia mínima de periodicidad revisable, ayudas económicas para desplazamiento o vivienda en el municipio donde presten asistencia, con unas cuantías adaptadas a la zona y revisables; y facilitar la prolongación de la edad de jubilación parcial o total, así como la jubilación activa mejorada.

No económicas

Dentro del capítulo de incentivación, desde UGT apostaron por medidas no económicas de la mano de la flexibilidad en la jornada laboral para la conciliación de la vida laboral y personal, pudiendo concentrar la jornada en cuatro días laborables o el incremento en un 50% el puntaje de calificación de las becas de empleo a lo que correspondería a los servicios prestados.

En ese sentido, Rosa López señaló que el documento propuesto incluye incrementar el puntaje de baremación en procesos selectivos y concursos de transferencias en un 40% sobre lo que corresponde a los servicios prestados, tener una puntuación especifica en el acceso a los distintos grados de Carrera Profesional por la ocupación de puestos de difícil cobertura, además de otra puntuación específica en la calificación, en su apartado independiente, en la acreditación o reacreditación como tutor de formación sanitaria especializada y/o profesor universitario.

A mayores, contar con un acceso preferente a participación de proyectos de investigación, la exención o reducción de guardias de Atención Continuada si lo impide la conciliación familiar, “debidamente justificadas y con criterios preestablecidos claros y razonables”; y tener claro que hay más categorías en la Atención Primaria con este problema, el cual debe ser extensible. 

Precariedad e incentivación

Ante las premisas y declaraciones políticas sobre la falta de profesionales sanitarios, desde UGT negaron esas justificaciones al asegurar que según los datos de 2022 publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España es el “cuarto país de la Unión Europea con un mayor número de médicos por mil habitantes”, concretamente 4,6, siendo la media europea de 4 por 1000 habitantes. 

“Este dato debe hacernos pensar que, teniendo una media mayor que Europa, no es la falta de profesionales el problema más importante que tenemos y sí la gestión y distribución de estos profesionales, sus condiciones de trabajo y su mínima incentivación”, trasladaron.

Además, Tomás Pérez Ureña puso sobre la mesa la precariedad laboral a la que se enfrentan algunos profesionales, que se une a la diferencia de medios materiales entre unos centros sanitarios urbanos de otros rurales u hospitales comarcales, las grandes distancias y desplazamientos o los agravios comparativos en materia de formación, por lo que aclaró que un profesional sanitario “no puede perder dinero y calidad de vida” por trabajar en estas zonas.

Además, consideró que los cerca de 6.000 euros de incentivos al año estipulados en su momento para este tipo de plazas y médicos son “insuficientes”, porque rondarían los 350 euros mensuales en 14 pagas y “ningún profesional” se va a trasladar de Valladolid a El Bierzo, por ejemplo, por esa cantidad a mayores, aseveró.