De los siete medios aéreos que trabajan en el incendio de Valdepiélago sólo dos son de la Junta

Imagen de archivo de las brigadas helitransportadas estatales, las Brif, que tienen base en Tabuyo del Monte (León) / @briftabuyo

Carlos J. Domínguez

Las competencias en materia de incendios forestales están transferidas a las Comunidades Autónomas. La Ley es clara al respecto y determina que en base a esta competencia cada autonomía debe diseñar su propio dispositivo de prevención y extinción de incendios, contando con los medios que sean necesarios para afrontar este tipo de desastres.

En este sentido, el papel estatal viene determinado por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que establece que el Estado ha de desplegar medios de apoyo a las Comunidades Autónomas para completar la cobertura de los montes contra los siniestros forestales.

Sin embargo, la realidad en ocasiones como esta misma tarde de miércoles o el pasado fin de semana se aprecia que, al menos en el caso de la provincia de León, la Junta de Castilla y León apenas dispone a estas alturas del año de medios profesionales y materiales suficientes para hacer frente a los no pocos incendios que sufren los montes.

De manera recurrente, la provincia leonesa no sólo es la que más superficie ve arrasada cada año sino que también es habitual que lo sufra más que ninguna en el primer trimestre y en el primer semestre del año, cuando sobre el papel para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aún no es temporada 'alta' de incendios. De hecho, el gran operativo se despliega únicamente durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Así, ocurren cosas como las vividas este miércoles a raíz de iniciarse un incendio en montes del pueblo de Otero de Curueño, en el municipio de Valdepiélago, en la Montaña leonesa, en concreto en un robledal y pinar de repoblación en una zona de fuerte pendiente, que alcanzó pronto el nivel 1 (sobre 3) de peligrosidad, aunque a última hora de esta tarde se informaba de su evolución “favorable”.

Para sofocar este incendio desde el aire fueron empleados un total de siete medios aéreos, entre helicópteros y aviones. Fuentes oficiales de la Junta de Castilla y León admitieron que de esos siete, la Consejería autonómica sólo pudo desplegar en la zona dos de ellos, sendos helicópteros provenientes de dos de las bases provinciales: Rabanal del Camino y Camposagrado. Cada helicóptero transporta además su propia cuadrilla.

Gran despliegue de medios estatales

Por contra, aunque no tenga competencia más que de apoyo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha trasladado a la misma zona un total de seis efectivos aéreos. Por un lado, desde el primer momento trasladó al lugar al helicóptero y su correspondiente Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) con base en Tabuyo del Monte (León).

Pero además, a solicitud de la Junta por su escasez de medios, trabajaron en el siniestro leonés un helicóptero Kamov bombardero procedente de la base de Ibias (Asturias) y otro Kamov más; dos aviones anfibios -hidroaviones- de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid); y además finalmente un avión de coordinación que tiene base en Matacán (Salamanca).

La polémica de dos en Valladolid y cero en León

Los medios aéreos de extinción ya fueron polémica noticia hace menos de dos semanas, al conocerse que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha para este año un contrato para los servicios de cinco nuevos helicópteros para lucha contra incendios forestales, por un importe de casi 7 millones de euros (de 6.859.340 euros), ningún de los cuales tendrá ni base en la provincia de León, la que más incendios sufre anualmente, ni tampoco en toda la Cordillera Cantábrica y sus bosques, es decir, ni en Palencia ni en Burgos.

Es más, de los cinco emplazamientos elegidos como base para estas nuevas aeronaves, dos de ellos están en la provincia de Valladolid, uno en Quintanilla de Onésimo y otro en la sede del Vivero Forestal Central de la Junta, en Valladolid capital.

En este último se instalará durante todo el año la única aeronave que tendrá operatividad durante los 12 meses del año, un helicóptero monoturbina ligero que según la propia Junta se usará “durante siete meses como helicóptero para transporte de cuadrillas helitransportadas” allí donde haya siniestros, “dos meses como equipo de Coordinación de Medios Aéreos y tres meses como sistema de captación y transmisión de imágenes y vídeo en tiempo real”.

El precedente de Porcarizas en zona muy sensible

Esta mismo fin de semana pasado ardieron 60 hectáreas en otro siniestro forestal en montes del pueblo de Porcarizas, en el término municipal de Villafranca del Bierzo, y en él se dio idéntica desigualdad de medios aéreos: tres aeronaves estatales, dos de ellos de la base de las Brif de Tabuyo del Monte y otra de Ibias en Asturias; y sólo una de las brigadas de la Junta, la de Rabanal.

Un siniestro al que, por cierto, la Consejería de Fomento quitó hierro por considerarlo una zona “no protegida”, y eso a pesar de estar plenamente dentro de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, también Red Natura 2000.

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