Majo: “O buscamos una solución a las juntas vecinales o las haremos desaparecer nosotros”
La sombra del pernicioso efecto en todos los pueblos de León del Real Decreto ministerial que, en su artículo 5º, obliga a las juntas vecinales a la incumplible obligatoriedad de sancionar cada acuerdo que adopten con presencia del secretario de su respectivo ayuntamiento sobrevoló una vez más el Pleno de la Diputación celebrado esta mañana.
Tras el respiro, cifrado en un año, hasta las próximas elecciones municipales, que otorga la carta ministerial que responía a la consulta enviada desde el Palacio de los Guzmanes, fue unánime hoy la visión de que hay mucho que trabajar en este año hasta mayo de 2019 para 'salvar' a las 1.232 pedanías leonesas (más de un tercio de todas las existentes en España). Un trabajo para que el que el diputado de UPL, Matías Llorente, exigió que “desde la Diputación hagamos una propuesta de lo que queremos, porque lo cual es un batiburrillo de la de dios”. La idea unánime es otorgar “un futuro para las juntas vecinales con un control de su gestión”.
El presidente de la institución y del PP provincial, Juan Martínez Majo, recibió los aplausos de todos los grupos políticos representados, excepto de En Común-IU, pero los recogió con cautela. Porque coincidiendo con la visión de que la presión en Madrid y ante la Junta de Castilla y león no puede cejar, explicó que “después de que nos han dado lo que pedíamos, ahora estamos dispuestos a articular medidas”.
Y es que a su juicio “o buscamos una solución o las haremos desaparecer nosotros”, porque insistió en que “derogar ese artículo del Real decreto no sirve para nada”, porque a su juicio la supervivencia de las juntas vecinales depende de “darles estabilidad y seguridad jurídica”.
“Un parche”
Desde el Partido Socialista, su portavoz, José Pellitero, fue el primero de muchos a los que, pese a todo, la moratoria estatal les parece “un parche”, reclamando una solución definitiva. Por eso, lamentó que el PP no haya dado prioridad a su moción en la que exigen al Gobierno y la Junta acabar con la situación actual. Por eso, reclamó “ir de la mano” a Madrid.
Desde Ciudadanos, Juan Carlos Fernández defendió que una regulación es vital, porque “una junta vecinal no puede ser un chiringuito, porque es una administración”. Y desde Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz se limitó a “felicitar” al equipo de Gobierno, porque gracias a sus gestiones “tenemos plazo”.
Ayuda desde el SAM, ¿sí o no?
La única voz discordante, la del diputado de En Común-IU, Miguel Flecha, reclamó un pleno más que sea el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) el que preste ayuda en los pueblos, algo que enfadó a Majo, que le exigió “que por lo menos se lea el Real decreto, que deja claro que no podemos hacerlo, al menos por el momento”.
Una respuesta que En Común pone en duda, a tenor del artículo 10, que reza literalmente que “las Entidades Locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000 euros, podrán ser eximidas por la Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, de la obligación de crear o mantener el puesto de trabajo de Secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar una agrupación con otras Entidades Locales para mantener dicho puesto”. Y en ese caso “las funciones atribuidas al puesto eximido serán ejercidas por los Servicios de Asistencia”, en este caso el SAM.
Tenso inicio del nuevo interventor
El Pleno, por otro lado, supuso el estreno del recién nombrado interventor de la Diputación, Rafael Benito y Benítez de Lugo, y no pudo ser más accidentado. Porque en el trámite de aprobar una modificación de crédito, se vio obligado a intervenir personalmente para defenderse de las irónicas y lacerantes críticas del bercianista Pedro Muñoz, quien le afeó que en la Comisión dijera que “es posible que se haya incumplido la regla de gasto” en la institución. “¿Cómo que es posible? O se ha incumplido o no se ha incumplido... pero no, resulta que es un misterio, yo alucino en colores”.
El alto funcionario, en tono templado, recordó que a 31 de marzo el informe de estabilidad “no está hecho”, aunque a Hacienda ya se han remitido, en plazo, los datos de la liquidación. Y además faltan dos meses para cumplir con el trámite de elaborar un Plan Economico y Financiero. De modo, resaltó, que “hacen falta algunos ajustes para poder determinar si (la Diputación) ha cumplido la regla de gasto... y parece que se ha incumplido”.
Lo cual, matizó, no significa que “haya ilegalidad” al adoptar el acuerdo, al que por cierto se abstuvieron sólo Ciudadanos y En Común, éste criticando que este punto conlleve nuevas inversiones en el parking de Santa Nonia en la capital leonesa, que fue gestionado 29 años de manera ilegal por una entidad social y que volverá a ser sacado a concurso en breve.
Sí a una EBAU que no perjudique a alumnos leoneses
Por último, entre palabras como “oportunista” o “demagógica”, se aprobó una moción del PP sin previa negociación para exigir al Ministerio de Educación unas pruebas de la EBAU (antigua Selectividad) única en toda España, para impedir que los alumnos de Castilla y León, con mayor nivel de exigencia que otras autonomías, se vean perjudicados.
