Izquierda Unida de León reclama soluciones a la paralización del contrato de ambulancias
Izquierda Unida (IU) en León pide un desbloqueo para el contrato del servicio de ambulancias, paralizado por un recurso judicial, que afecta a 360 trabajadores en la provincia.
Como solución, proponen que el servicio se gestiones de forma pública, asegurando que esta solución “beneficiaría a una provincia como León, con su especial orografía y distribución territorial, donde este servicio es insuficiente para atender a la demanda de la población, especialmente en las zonas rurales”.
El contrato fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, a petición del sindicato CGT. La Junta pactó un aumento del 87,5% del precio del servicio por el que pagaría 736 millones en los próximos seis años: “La privatización de este servicio produce un sobrecoste en el mismo que podría invertirse en mejorar la calidad del mismo”, afirma IU en su comunidado dirigido a los medios de comunicación.
“El criterio para establecer el servicio de transporte sanitario tendría que ser técnico en función de las necesidades de salud de la población de una Comunidad Autónoma tan extensa como la nuestra y no en función de los beneficios que cada paciente y su traslado suponen a una determinada empresa”, asegura la coordinadora local de IU de León, Carmen Franganillo.
Desde la organización niegan que el principal problema del transporte sanitario se solucione incrementando el coste del contrato. “El coste de 809 millones de euros hasta 2028 sirve para poner parches a la precarización del servicio sanitario, con una empresa que tiene diez expedientes anteriores por incumplimientos”, comunican, “De poco nos sirve construir los mejores hospitales si no hay forma pública de llegar a ellos y las personas que lo necesitan con urgencia han de acudir a la utilización de vehículos privados porque la ambulancia no llega”.
Respecto a los conflictos laborales y la precarización del empleo en el sector, a juicio de Izquierda Unida, la Junta de Castilla y León es tan responsable como la empresa: “El PP se ha puesto siempre de parte de la empresa, lo cual la incapacita a la Junta para realizar una labor de mediación. La clave de la suspensión del contrato que ahora decreta el TARCYL está precisamente en las prestaciones laborales”.
