La Diputación de León 'lanza' a sus abogados contra su antiguo letrado por una deuda y pierde
La Diputación de León ha tenido que mantener un pulso judicial con el anterior abogado que defendía los intereses de la institución provincial hasta hace unos pocos meses, el leonés Alejandro García Moratilla, y ha perdido hasta el punto de que un juez decretó el embargo de alguna cuenta provincial para asegurarse de que le paga una deuda por antiguos servicios prestados.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha condenado a la Diputación leonesa a pagarle y ordenado que para ello embargara cuentas de la institución, algo que no ocurrirá porque el equipo de Gobierno del PP que preside Juan Martínez Majo ha ordenado a su vez y “de inmediato” satisfacer la antigua factura impagada que Moratilla reclamaba y que ascendía a casi 11.000 euros por un trabajo judicial realizado para la Diputación iniciado en el año 2014.
El auto condenatorio para la Diputación data del pasado 25 de enero. El juez da la razón a García Moratilla, el letrado al que la presidenta Isabel Carrasco encargaba todos los muchísimos litigios judiciales de la institución, y que vino prestando durante años sus servicios 'a dedo' hasta que a finales del pasado año el nuevo equipo de Gobierno de Majo resolvió por concurso público que sus asuntos serían desde entonces defendidos por dos bufetes, ambos de fuera de León.
Han sido estos los que tenían ahora la encomienda provincial de evitar el pago de la vieja factura a Moratilla y que éste reclamó ante los Tribunales una vez que supo que ya no seguiría trabajando para la Diputación.
En el amplio período de tiempo de contratos 'a dedo' para García Moratilla por orden del PP en el Palacio de los Guzmanes, que fueron criticados durante años por algunos diputados, como fue el caso de Matías Llorente (UPL), el abogado leonés ha sido protagonista ante los Tribunales de casos muy mediáticos y obtenido importantes beneficios para su bufete aprovechando el altísimo grado de litigiosidad que la Diputación vivió especialmente en vida de Carrasco y que colearon después de su asesinato.
Casos muy sonados
Muchos han sido los juicios perdidos por él en todas las instancias posibles ante denuncias internas de tipo laboral por problemas de reestructuración de la plantilla, muy particularmente en el Servicio de Asistencia a Domicilio (SAM), ante decisiones políticas arbitrarias para 'apartar' a algunos funcionarios en detrimento de colocar a otros afines al PP y a la todopoderosa presidenta. Esta o esta fue sólo unos de los muchos ejemplos. Varapalos al conocido como “entramado carrasquista” que vivió la Diputación leonesa en aquella época.
Por otro lado, apuntado como un éxito llamativo, García Moratilla fue el artífice de conseguir que Alejandro de Pedro, el imputado como 'conseguidor' de la trama corrupta Púnica que afectó al sucesor de Carrasco, Marcos Martínez Barazón, se saliera con la suya cuando denunció a la institución para cobrar facturas sospechosas con las que ambos presidentes sacaban partido personal con dinero público, según estimó en su día la Audiencia Nacional.
El abogado Moratilla también cobró notoriedad pública cuando en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco en 2016 fue llamado a declarar como testigo por las defensas de las dos condenadas, Montserrat González y su hija y exfuncionaria de la Diputación, Triana Martínez, para intentar demostrar que la presidenta perseguía y acosaba laboralmente a esta última hasta el extremo de pedirle que devolviera cantidades cobradas de más cuando Triana y Carrasco mantenían una excelente relación, con el consentimiento inicial de ésta.
En aquel litigio ordenado por Carrasco y que mantuvieron sus sucesores, Martínez Barazón y Emilio Orejas, la Diputación perdió varias veces y en numerosas instancias todo intento, lo que le supuso pingües beneficios a Moratilla como el letrado encargado.
Dos sentencias fueron contrarias a la institución, o lo que es lo mismo, favorables a Triana Martínez, e incluso aún así se decidió elevar el caso a instancias superiores, con el coste que eso suponía. Aquel vano empeño acabó costando a las arcas públicas de la Diputación mucho más dinero del que se le pedía a Triana Martínez, unos 11.000 euros. “Valía más el collar que el perro”, resumió en el juicio de Carrasco el abogado de la joven y su madre, José Ramón García.
