Villanueva defiende la legalidad de las adjudicaciones eólicas atacando a Anticorrupción
Defensa al ataque. El consejero de Economía y Empleo, Tomás, defendió este lunes en su comparecencia en las Cortes para explicar la investigación sobre una presunta 'trama eólica' la rectitud y sujeción a la legalidad con que se han tramitado todos los expedientes de autorización administrativa para el desarrollo de energía eólica en la Comunidad y destacó que si se ha producido algún perjuicio en los intereses públicos, dentro de la investigación que mantiene la Fiscalía Anticorrupción, la Junta tomará “activamente posición” a través de sus servicios jurídicos.
Tomás Villanueva compareció ante la Diputación Permanente de las Cortes a petición propia al conocerse la presunta trama eólica, donde se defendió criticando que la Agencia Tributaria “se ha negado” a remitir el informe que solicitó el Gobierno autonómico porque es información confidencial y reservada. También lamentó que en ningún momento se haya requerido a la Junta los expedientes administrativos sobre la trama, que cifró en 35 parques eólicos en las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria, entre 2004 y 2007.
El escándalo se destapó al publicar El País que un informe de la Agencia Tributaria, trasladado a la Fiscalía Anticorrupción, hablaba de presuntos pagos millonarios -de hasta 110 millones de euros- realizados a exaltos cargos de la Junta como Rafael Delgado, exnúmero 2 de Tomás Villanueva en la consejería de Economía hasta el 2007 y durante los 8 años anteriores.
El País publica en su edición de este lunes una entrevista con el empresario José María González Vélez, que confiesa que tuvo que ceder parques eólicos a cero euros a petición de la Junta porque en caso contrario no serían adjudicatarios de más.
Tomás Villanueva también pidió a los grupos políticos que valoren la “responsabilidad, seriedad y rigor” con la que “siempre ha obrado” la Junta y “no busquen tergiversar” las informaciones “con el solo objetivo de crear confusión en el momento político en el que nos encontramos”.
El responsable político desveló que de la información publicada han identificado 35 parques eólicos entre 2004 y 2007 en Burgos, León, Soria y Palencia, que serán “posiblemente” a los que se hace referencia en relación con las empresas presuntamente implicadas en la trama. El consejero lamentó una y otra vez que desconocen el contenido del informe de 94 páginas que la Agencia Tributaria ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y constató que no se han puesto en contacto con el Gobierno regional hasta la fecha para informales de “ninguna investigación”.
Es más, el consejero denunció que la Agencia Tributaria “se ha negado a remitir el informe a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, que lo solicitó inmediatamente, alegando que es información reservada y confidencial”, tras su publicación el pasado día 20. Aseveró también que en ningún momento se han requerido a la Junta los expedientes relativos a las autorizaciones, que se vinculan a las presuntas irregularidades.
Villanueva resaltó que todos los expedientes se tramitaron conforme a la regulación vigente , adecuada, dijo, a los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de la Energía (hoy CNMC) y repitió que las autorizaciones de los 35 parques investigados “se han vuelto a verificar en los últimos días”. “Puedo afirmar que su tramitación se ha ajustado escrupulosamente a la legalidad”, dijo. Asimismo incidió en que el orden de tramitación de los expedientes respetó siempre “su antigüedad” y, en términos generales, se cumplieron los plazos en el procedimiento.
El consejero también analizó la limitación de las transmisiones de autorizaciones y cambios de titularidad, que requieren, dijo de una autorización expresa de la Administración siempre que superen el 50 por ciento de las acciones de capital social. Al respecto defendió que las operaciones acogidas a esta norma “se han autorizado cumpliendo de forma rigurosa el citado decreto”. “Toda esta tramitación se ha seguido a rajatabla en el caso de los 35 expedientes que hoy nos ocupan”, apostilló.
Con todo, Villanueva indicó que “evidentemente” los acuerdos que se pudiesen haber establecido entre particulares o empresas en cuanto a condiciones de compraventa de acciones de titulares de parques eólicos “corresponden al ámbito privado y no son competencia, ni responsabilidad de la Junta, más allá del adecuado seguimiento de las consecuencias en materia de impuestos que estas transmisiones puedan tener”.
Situación del sector
La Diputación Permanente, que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Nepal y que se alargó durante algo más de dos horas, pudo conocer también la situación del sector eólico, que ocupó también un parte importante de la intervención del consejero. En concreto, Tomás Villanueva expuso que Castilla y León está a la cabeza en producción eólica en España, con un total de 230 parques eólicos, con 5.556 megavatios. El consejero indicó que otros 1.581 megavatios de 84 parques están autorizados, pero aún no han iniciado las obras.
Tomás Villanueva defendió la regulación del sector en la Comunidad y señaló que “ha permitido durante todos estos años un desarrollo ordenado de la energía eólica y frente a los planes de promoción o concursos que se han producido en otras comunidades, los resultados obtenidos en Castilla y León indican que el sistema de competencia de proyectos ha permitido un grado adecuado de apertura”.
El consejero defendió que España no puede prescindir de este tipo de energía y abogó por seguir agilizando administrativamente los procedimientos y por proseguir con la cooperación con los diferentes agentes implicados. Aseveró que el nuevo marco regulatorio, sin primas a la producción, ha obligado a redefinir el futuro del sector, y precisó que esta campaña han pagado las tasas administrativas 140 expedientes de parques, y se han archivado 1.008, “lo cual ayudará a simplificar de forma clara el escenario de la energía eólica en Castilla y León, que era muy complicado por el gran número de solicitudes en el territorio, en muchos casos solapándose unas sobre otras”. En este contexto, precisó que se han identificado unos 3.000 nuevos megavatios con expedientes vivos que puedan tener viabilidad técnica.
Por último, repitió la necesidad de seguir apostando por esta actividad, que da empleo a 740 personas en mantenimiento y a 1.200 en industrias, y recordó su impacto en el desarrollo económico del mundo rural, facilitando rentas para los propietarios de terrenos que en muchos casos eran de titularidad municipal. En concreto, concretó, “estas rentas han alcanzado la cifra de 22,2 millones de euros anuales, incrementando los ingresos de las administraciones locales”.
