UPyD denuncia que los abusos de las preferentes se pudieron evitar
Unión Progreso y Democracia recuerda a los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León que, pese a la repentina preocupación por los pequeños ahorradores afectados de la región, pudieron haber evitado los abusos en la venta de acciones cuando formaban parte de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro de la región.
Los partidos presentes en el Parlamento regional permanecieron durante años en los principales órganos de decisión de las entidades financieras, también en sus últimos años cuando “algunos consejeros se aprobaron jubilaciones millonarias o cuando se empezaron a comercializar estos activos de alto riesgo” denuncia la formación magenta.
UPyD afirma que ha sido el único partido que ha alzado la voz en el momento en el que “se han detectado irregularidades o dejación de funciones, y que ha presentado una querella contra los directivos de las cajas de ahorro y contra los responsables de los principales órganos de control económico del Estado: el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.
Asimismo, la formación magenta considera que las medidas paliativas por las que saca pecho el Gobierno regional (34 oficinas de información, 10 juntas de arbitrajes y la posibilidad de elevar una queja a los servicios de reclamación de órganos de control económicos) son “una suma de paños calientes que pone de manifiesto que para el ejecutivo de Juan Vicente Herrera se trata de una reclamación más, cuando no es el caso”; aquí de lo que “estamos hablando es de un fraude generalizado dirigido por entidades con consejos de administración compuestos en buena parte por políticos y de, como poco, una negligente actuación de los principales organismos de control de nuestra economía, el Banco de España y la CNMV y que por tanto requiere de una actuación política en toda regla y no de un procedimiento estándar”.
El responsable de la Gestora de UPyD en Castilla y León, Rafael Delgado, muestra su preocupación por los casi 20.000 afectados en la región. Delgado se pregunta por qué el Gobierno regional no hace más e incide en que el compromiso de la administración pública tenía que haber sido mayor.
