UPL teme que los 277 millones de crédito extraordinario vayan a pagar facturas
El procurador de Unión del Pueblo Leonés, Alejandro Valderas, expresó este viernes el temor de que una parte del crédito extraordinario de 277 millones de euros con el que la Junta ampliará el presupuesto de 2013 se destine a pagar las facturas pendientes que Madrid va a obligar a resolver en 30 días y no a los fines que se han anunciado (servicios sociales, prestaciones por desempleo e inversiones en la lucha contra incendios forestales y a la mejora de la viabilidad invernal).
El también viceportavoz del Grupo Mixto valoró así el proyecto de ley de crédito extraordinario que la Junta ha remitido a las Cortes y se someterá a debate y votación en el próximo pleno de la Cámara, previsto para los días 23 y 24 de septiembre.
En una rueda de prensa, Alejandro Valderas reclamó un debate social y político sobre los cambios que plantea el Plan Cora de Reforma de las Administraciones Públicas que promueve el Ejecutivo central y que a su juicio “son una enmienda seria a la mala gestión de la Junta”. Para UPL, “sobra mucha Junta y ese informe nos da la razón”, señaló en una comparecencia en la que repasó algunos puntos de los cambios que aplicará el Gobierno.
Alejandro Valderas explicó que el Plan Cora fija 139 medidas de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, entre las que se encuentra el control de los expedientes administrativos 'atascados' en distintos departamentos. En la Junta, dijo, destacan los acumulados en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que cifró en unos 2.500.
El Ministerio de Administraciones Públicas también exige a la Junta que devuelva 14 competencias, como la enseñanza 'online' o las inversiones en telecomunicaciones y plantea suprimir varios entes. UPL considera que deberían eliminarse muchos de ellos, pero no los que funcionan correctamente.
El Ejecutivo central también solicita la eliminación de todos los Observatorios de Castilla y León, el Tribunal de Cuentas, el Procurador del Común y el Tribunal de defensa de la competencia, “una reforma que consideramos que en el caso de lo que está duplicado nos parece muy razonable, pero cerrándolos de la forma menos traumática, con convenios para evitar despidos, subrayó Valderas.
