UPL pide al pleno que exija la ubicación del centro de control del AVE en León
La Unión del Pueblo Leonés exige al plenario de la capital leonesa que muestre su total disconformidad con la decisión de Adif y del Ministerio de ubicar fuera de León, tal y como estaba previsto, el centro de control de la Alta Velocidad para todo el noroeste.
Esta es una de las dos mociones que la UPL ha registrado este viernes y que se completa con otra que demanda en este mismo sentido, que el pleno diga no, en este caso contra el anuncio que ha hecho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón el pasado siete de mayo en la Comisión de Justicia en la que avanzó la intención de su ministerio de suprimir las audiencias provinciales.
El encargado de dar a conocer los pormenores de la propuesta ha sido el concejal Eduardo López Sendino, que ha vuelto a reiterar el incumplimiento que significa trasladar a Madrid el centro de control de la alta velocidad para todo el noroeste, para el que se había reservado dos plantas del nuevo edificio construido con este propósito frente a la nueva estación de RENFE.
Se incumplen las promesas, pero también se pierden puestos de trabajo muy cualificados tal y como ha subrayado López Sendino que entiende que el siguiente podría ser que este centro se ubicase finalmente en Valladolid.
Audiencias
En la segunda de las mociones, la UPL exige al pleno que muestre su total oposición a que Justicia lleve a cabo los planes que ha adelantado el ministro Gallardón de eliminar las audiencias provinciales, ya que toda la gestión quedaría en manos del TSJ que en Castilla y León tiene dos sedes, Burgos y Valladolid y a León le corresponde esta última.
El anuncio del ministro iba en el mismo paquete de la supresión de los partidos judiciales que en el caso de esta provincia afectaría a los de Astorga, La Bañeza, Sahagún y Cistierna y Villablino, y sólo quedarían León y Ponferrada.
Sendino ha explicado que esta supresión, además de una nueva centralización de la justicia, acarrearía la pérdida de muchos puestos de trabajo de todos los colectivos implicados en esta área.
Por ejemplo, cualquier recurso de apelación, ha explicado Sendino, obligaría a todas las partes implicadas a trasladarse a Valladolid para esta gestión.
