Podemos solicita la comparecencia de 130 personas en la comisión que investiga las cajas

Carlos S. Campillo / ICAL El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández.

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El Grupo Parlamentario Podemos solicitó este viernes la comparecencia de 130 personas en la Comisión de Investigación de las cajas de ahorro abierta en las Cortes de Castilla y León. Inicialmente, había incluido a dos dirigentes socialistas, Antonio Muñoz y Enrique Clemente, fallecidos en 2012 y 2016, por lo que rectificó y pidió disculpas a sus familiares y amigos.

El portavoz de la formación 'morada' y vicepresidente de la comisión, Pablo Fernández, confió en que el PP y el PSOE “estén a la altura” y no bloqueen ninguna petición “ni se aprovechen del límite temporal que ambos partidos han pactado para limitar la duración de la comisión, utilizándolo como excusa para que alguno de los comparecientes solicitados se quede sin declarar”.

Entre las propuestas de Podemos figuran políticos autonómicos encabezados por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo; el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco; el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo; la presidenta del PP de Soria y procuradora, Mar Angulo; el exportavoz del PSOE en las Cortes Óscar López, y el actual secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín.

Entre la larga petición de comparecientes también se encontraba inicialmente el socialista Antonio Muñoz, fallecido en julio de 2012, que llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Salamanca y sindicalista de UGT, y Enrique Clemente, también socialista, que murió en abril de 2016 y que fue vicepresidente tercero de Caja España-Duero.

Podemos también solicitó la presencia en la comisión de los presidentes de todas las cajas objeto de investigación, miembros de sus consejos de Administración y diferentes cargos técnicos de las entidades financieras. Además, pidió la convocatoria de distintos representantes de la sociedad civil, entidades de defensa de los consumidores, como Facua, sindicatos y de la plataforma de afectados por las preferentes, entre otros.

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