La sentencia sobre las ayudas al carbón evidencia para Tudanca el plan “premeditado” del PP para acabar con el sector
La sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a abonar 30 millones de euros a Uminsa, perteneciente al empresario Victorino Alonso, y 20 a Coto Minero Cantábrico (CMC), correspondientes a las ayudas del 2012 y que fueron denegadas una resolución dictada por el Ministerio de Industria el 19 de febrero 2013, demuestra según el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, “que había un plan absolutamente premeditado de acabar con la minería”.
El PSOE, recordó hoy Tudanca en León, ya advirtió en sede parlamentaria de que esto iba a pasar y el PP, añadió, “prefirió paralizar las ayudas y echar a la calle a cientos de mineros de esta provincia”. “El señor Rajoy quería acabar con la minería y el señor Herrera lo ha consentido”, dijo antes de tildar de tomadura de pelo las propuestas del ejecutivo autonómico para ayudar a la recuperación económica del Bierzo.
Un plan dotado con un millón de euros y las manifestaciones de la consejera de Cultura sobre que su apuesta son actuaciones sin concretar para potenciar el turismo en la comarca, dijo, lejos de parecer serias pueden resultar casi ofensivas. “Vale ya de esconderse y consentir un plan premeditado para acabar con el carbón”, concluyó.
En términos similares se pronunció el secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, quien acusó al Gobierno de “acosar y maltrata a la minería del carbón” y recordó a los parlamentarios del PP y al presidente provincial, Eduardo Fernández, que el martes “tienen una oportunidad de seguir acosando y maltratando a la minería si votan en contra de las enmiendas presentadas por el PSOE”, que plantean medidas para salvar el sectorl.
La sentencia de la Audiencia Nacional anula las resoluciones del Instituto del Carbón y exige que se dé traslado al Consejo de Ministros de la petición para que se proceda al abono de las cantidades correspondientes a la sociedad carbonera. La resolución judicial reconoce que ambas empresas pudieron demostrar que estaban al corriente de los pagos a la Seguridad Social en el momento de solicitar dichas ayudas.
