Coacciones, amenazas y grabaciones enredan San Andrés del Rabanedo
El tercer municipio de la provincia, San Andrés del Rabanedo, sigue teniendo en su consistorio su particular 'casa de los líos'. A los durísimos problemas de gestión económica que arrastra, que ha llevado a varios ERE y recortes de gasto en lo que llevamos de legislatura, se une la precaria situación de su gobierno municipal (PP), con varios frentes abiertos con la oposición por su gestión.
Esta semana el tema estrella es la denuncia presentada por el concejal leonesista del PAL, Francisco Gómez, en los juzgados de León por un posible delito de coacciones y amenazas. Una denuncia que surge tras mantener dos conversaciones con el alcalde de San Andrés, el popular Goyo Chamorro, la segunda de ellas grabada sin el consetimiento del alcalde y entregada en los juzgados con la denuncia como prueba.
En la misma, cuya transcripción puedes leer en la revista Interviú de esta semana, el alcalde sugiere al concejal del PAL de San Andrés que evite realizar ciertas preguntas sobre la financiación del PP en el municipio, tal y como hizo en el último pleno del 2013. Le comenta que sus denuncias sobre contrataciones de una empresa constructora pueden hacer enfadar a los miembros de su consejo de administración y les vincula con el uso de sicarios en caso de sentirse ofendidos.
Esta conversación ha llevado con concejal a presentar la denuncia por coacciones y amenazas y pedir protección para su familia. En rueda de prensa, y arropado por la plana mayor de su partido, Francisco Gómez ha explicado que su denuncia no va contra el alcalde, “del alcalde no tengo temor a que me haga nada” pero ha explicado su temor a la advertencia y que pueda afectar a su familia. Por ello ha solicitado además de la denuncia medidas de protección, que de momento la jueza ha desestimado pero que ha recurrido.
El alcalde de San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro (PP).
La grabación fue realizada por Francisco Gómez en el despacho del alcalde tras la primera conversación con las advertencias. Ha reconocido que se puede cuestionar haberla realizado sin la autorización de Goyo Chamorro pero afirma que es válida al intervenir él en ella y que era la única forma de poder demostrar la existencia de esa posible amenaza sobre su persona. Gómez considera que la denuncia es pertinente porque “no tengo que vivir acojonado y que nadie me diga lo que tengo que preguntar o no. Mi deber como oposición es hacer preguntas”.
Según Gómez el alcalde de San Andrés, que fue citado como imputado por la juez, reconoció su voz en la grabación pero alegó que la conversación se produjo en términos “políticos” y en ese contexto explicaba sus palabras. La juez apuntaba en el auto de citación que además de la existencia de delitos de coacciones y amenazas podría existir un delito de cohecho, al vincularse la cuestión con una posible financiación irregular del PP de San Andrés, que el PAL reconoce que no sabe de su existencia. Apuntan a que si el alcalde se niega a constestar sobre el asunto puede haber algo que no quiera que se sepa.
Francisco Gómez ha reconocido que la situación del Ayuntamiento de San Andrés roza lo “insostenible” y rechaza la acusación de judicialización de la vida política municipal de la que le acusa el PP de San Andrés. Considera que el problema es que se hacen cosas mal y su función como oposición es denunciarlo y tratar de corregirlo, “sino sería cómplice de esas actuaciones”.
De momento la denuncia sigue su curso en los juzgados, además del recurso contra el archivo de la causa contra el alcalde por adjudicar a una empresa de su concuñado las obras de la guardería municipal. Parece que el futuro de la política municipal de San Andrés pasa indefectiblemente por los juzgados.
El alcalde contesta a las acusaciones y se querellará contra el concjal del PAL
El alcalde de San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro, ha anunciado por su parte que se querellará contra el portavoz del PAL, Francisco Gómez, después de que éste “grabara una conversación privada sin su consentimiento y la haya utilizado en los medios de comunicación y para fundamentar una denuncia por amenazas”, ha expresado el alcalde a través de un comunicado de prensa.
“Se trata de una conversación privada que tuvo lugar en mi despacho, a petición suya, el día 7 de enero a primera hora de la mañana en la que Gómez me preguntó por muchos temas y a los que yo le respondí en total confianza”, ha indicado el regidor que fundamenta las acciones legales en la vulneración del derecho a la intimidad así como otros contenidos en el Código Penal.
Además resalta el regidor que hay que tener en cuenta que las medidas de protección solicitadas por el denunciante han sido archivadas. “Respecto a esta cuestión, y al 'miedo' que aduce el denunciante, hay que dejar constancia de que desde ese momento hasta que presentó la denuncia y solicitó las medidas de protección transcurrieron varios días por lo que no estaría muy atemorizado por lo que yo le había dicho”, ha resaltado Chamorro.
El alcalde ha dejado claro en el mismo comunicado que “judicializar la vida política no es su estilo”. “De hecho, no lo he hecho con las numerosas acusaciones e insultos vertidos hacia mi persona pero, en este caso, Gómez ha abusado de mi confianza y de saber que, tanto para él, como para el resto de ciudadanos, las puertas de mi despacho están abiertas”.
