Si quieren, se ponen de acuerdo (PP y PSOE)

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León y Julio Villarrubia, secretario general del PSOE de Castilla y León.

El acuerdo recibe el rimbombante nombre de “Acuerdo básico entre la Junta de Castilla y León y el Partido Socialista de Castilla y León en materia de instituciones propias de la comunidad, consejo de la juventud, sector público empresarial y fundacional, plan de choque de empleo local, y ordenación, servicios y gobierno en el territorio”.

En el documento, de cuatro páginas, y suscrito por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, y Julio Villarrubia, secretario general de los socialistas de la comunidad, se alcanzan una serie de acuerdos básicos en cuatro materias: instituciones propias de la Comunidad, Consejo de la Juventud, Reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad y Plan de choque de empleo local.

En la rueda de prensa posterior ambos han reconocido que se han quedado fuera diversos puntos, sin concretar, en los que no fue posible un pacto. Los líderes del PP y del PSOE han agradecido uno al otro su propensión al diálogo y han agradecido el trabajo realizado por sus equipos. Consideran que este acuerdo pone las bases para una recuperación económica de la comunidad autónoma y que se reduce gasto público con el acuerdo sobre el sector público de la Comunidad Autónoma. El acuerdo incluye dotaciones económicas a incluir en los próximos Presupuestos 2013 de la Junta, que se conocerán en detalle en las próximas semanas.

El acuerdo (literal)

1.- Instituciones propias de la Comunidad

  • Los presupuestos de las cuatro Instituciones: Procurador del Común, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Consejo de Cuentas, formarán parte de la sección presupuestaria de las Cortes, y sus remanentes se destinarán a las Consejerías sociales de la Junta.
  • Se suprimirán los altos cargos de estas instituciones excepto sus Presidentes, y los Consejeros del Consejo Consultivo y de Cuentas. Al suprimirse las Secretarías Generales se creará una Secretaría única dependiente de la Presidencia de las Cortes.
  • Se revisarán, y en su caso ampliarán, las funciones de las Instituciones, se avanzará en la tramitación telemática, las publicaciones se realizarán únicamente en formato electrónico, y se acortarán los plazos de emisión de informes o consultas.
  • Se homologarán progresivamente las retribuciones del personal de estas Instituciones con las del personal de la Comunidad, y también las condiciones de trabajo en cuanto a horario, jornada, vacaciones, permisos, licencias e indemnizaciones. Las plazas vacantes no se dotarán presupuestariamente.
  • El CES mantendrá el número de consejeros. Dos de los consejeros que actualmente nombra la Junta pasarán a nombrarse por las Cortes a propuesta de los grupos parlamentarios. Se creará un “Grupo de enlace” con la sociedad civil, cuyos miembros no cobrarán dietas.
  • Se suprimen las dietas de los consejeros del CES. La Presidencia de las cuatro Instituciones, así como los cargos de los consejeros del Consultivo y de Cuentas, se podrán desempeñar sin dedicación exclusiva, siempre que se solicite a petición propia.
  • El contenido de este acuerdo se incluirá en un proyecto de Ley de reforma de las Instituciones propias de la Comunidad.

2.- Consejo de la Juventud

  • El Consejo de la Juventud aglutina a las formas organizadas de participación juvenil: asociaciones de carácter autonómico, entidades prestadoras de servicios a la juventud, secciones juveniles de otras asociaciones, y Consejos de Juventud de carácter local, provincial y comarcal.
  • Tiene cuatro objetivos fundamentales: fomentar la participación y el asociacionismo juvenil; canalizar las propuestas de los jóvenes hacia la administración y la sociedad; sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas específicos de la juventud; y prestar servicios y apoyo a las entidades juveniles.
  • El Consejo de la Juventud es un Ente público de derecho privado dotado de personalidad jurídica propia, y en consecuencia forma parte de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma. El Consejo de la Juventud seguirá manteniendo su configuración y las ayudas de la Junta de Castilla y León hasta que se decida su futuro en el marco de la reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad.

3.- Reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad

  • El sector público empresarial y fundacional de Castilla y León está formado por 38 entidades sobre las que la Comunidad tiene pleno poder de decisión. El cumplimiento de los objetivos del déficit, imprescindible para garantizar los servicios públicos fundamentales y la recuperación del crecimiento económico y el empleo, hace necesaria su reducción.
  • Para ello las partes firmantes acuerdan constituir un grupo de trabajo para concretar y seguir la reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad. A tal fin se realizará un informe financiero y de gestión que determine la necesidad y dimensión del futuro sector público de la Comunidad.
  • El objetivo de la reordenación será el de reducir el coste de su gasto corriente y de personal en, al menos, un 50% antes del 31 de diciembre de 2013.

4.- Plan de choque de empleo local

  • La consecuencia más dramática de la crisis es la destrucción de empleo, lo que hace más necesario que nunca el impulso de políticas de empleo. En esta dirección, se acuerda apoyar un plan de choque de empleo que se centrará en el empleo local y en los jóvenes.
  • El plan de choque de empleo tendrá una dotación, para su ejecución en el ejercicio 2013, de alrededor de 30 millones de euros. Sus objetivos, como se ha mencionado, serán el empleo local y el empleo joven.
  • El pacto sobre este plan de choque de empleo es compartido y forma parte del Dialogo Social. En este ámbito, se ha negociado su contenido como parte integrante del Plan de Estímulos que firmarán próximamente las organizaciones integrantes del Diálogo Social.

5.- Ordenación, servicios y gobierno en el territorio

  • Se considera esencial una definitiva y completa ordenación de todo el territorio de Castilla y León. Para ello se creará como ámbito territorial esencial las “unidades básicas de ordenación y servicios del territorio”, que deberán reunir una serie de requisitos mínimos, y constituirán la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar dicha ordenación.
  • Las “unidades básicas de ordenación y servicios del territorio” se configurarán en un nuevo mapa territorial en el que deberán converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León.
  • Defendemos la autonomía municipal. Por ello la premisa es la no supresión forzosa de ningún municipio, y de ninguna entidad local menor. Profundizaremos en la cooperación entre las entidades locales menores y los municipios a los que pertenecen.
  • Se articularán nuevas fórmulas más flexibles para mejorar la cooperación entre las ciudades de más de 20.000 habitantes y los municipios de sus alfoces.
  • Revisaremos y reestructuraremos las actuales mancomunidades, impulsando las “Mancomunidades de Interés General”, fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios, que deberán coincidir sustancialmente con las “unidades básicas rurales de ordenación y servicios del territorio” y tendrán una cartera de servicios común. Estas “Mancomunidades de Interés General” no supondrán la creación de nuevas estructuras administrativas.
  • Reformaremos y modernizaremos las Diputaciones Provinciales para adecuarlas al nuevo modelo, suprimiendo duplicidades. Se promoverá que la elección de los diputados provinciales sea por sufragio directo.
  • Defenderemos la promoción y fomento de las instituciones de autogobierno de la Comarca del Bierzo.
  • En materia de cooperación financiera local, los presupuestos de la Comunidad para el año 2013 consignarán fondos incondicionados dirigidos a los municipios por importe de 1.000 € básicos por cada municipio y 14 € por habitante. Dicha distribución se efectuará de forma ponderada teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: población, nivel competencial y entidades locales menores dependientes de los mismos, fijando en todo caso una cuantía mínima de 2.000 € por municipio a la que se añadirán los 1.000 € básicos. Ningún municipio de Castilla y León podrá percibir en el año 2013 con cargo a estos fondos más de 1.500.000 €.
  • Estas partidas se incrementarán un 10% en los presupuestos para 2014, y en idéntico porcentaje en los presupuestos para 2015. En el futuro se tenderá a que la financiación sea incondicionada en el mayor porcentaje posible.
  • La cooperación financiera local para 2013 también incluirá para empleo local alrededor de 20 millones de euros destinados a tal fin en el plan de choque de empleo que se pacta en el punto 4 de este acuerdo.
  • Una vez que el Estado apruebe la modificación de la legislación básica sobre régimen local, y la Comunidad Autónoma apruebe la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el territorio, la Junta de Castilla y León asume el compromiso de aprobar, en los tres meses siguientes, un Proyecto de Ley que regule la forma efectiva de materializar la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la redacción del artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía.
  • Se impulsará la consecución de un Pacto Territorial sobre la cooperación económica local, a negociar en el seno de la Federación Regional de Municipios y Provincias.
  • Los entes locales gestionarán las competencias fijadas en la legislación básica del Estado y en la legislación sectorial. La Junta de Castilla y León asumirá progresivamente aquellas competencias que legalmente le correspondan y sean impropias de los entes locales.
  • El contenido de este Pacto en materia de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio ha sido objeto de acuerdo con el Partido Popular de Castilla y León. La Junta de Castilla y León se compromete a reflejar el contenido del mismo en el futuro Proyecto de Ley sobre Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio.
  • La consecución de este acuerdo conlleva el máximo respeto a su contenido por las entidades y organizaciones firmantes. Así como el apoyo al mismo en todas las instituciones donde se debata.
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