El PSOE pide el compromiso de la Junta para no aplicar la reforma local
El PSCyL-PSOE reclamó este viernes el “compromiso claro” de la Junta de Castilla y León para no aplicar la reforma local del Gobierno, aprobada ayer en el Congreso, para mantener los servicios básicos de proximidad en sanidad, educación y CEAS con calidad, para preservar el empleo y para buscar mecanismos que eviten que otras funciones prestadas ahora por los municipios se supriman o se privaticen.
En una rueda de prensa para valorar el impacto de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el secretario autonómico de Política Municipal, Juan José Zancada, y el portavoz del grupo en las Cortes en esa materia, Francisco Ramos, expresaron el total rechazo a una norma que desmantela servicios básicos, vacía de competencias a los municipios y vulnera competencia de régimen local del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Zancada pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que siga el ejemplo de su homólogo gallego, Alberto Núñez, que ya ha dicho que revisará la ley y la adaptará al mundo municipal de Galicia, y que dé garantías para que se mantengan los 3.600 consultorios locales, las escuelas rurales y los servicios de CEAS y residenciales. El dirigente socialista planteó al Ejecutivo que busque mecanismos para la gestión desde lo público de funciones relativas a las aguas, alumbrado y limpieza por los ayuntamientos.
Por su parte, Ramos afirmó que la ley tiene “dificultades de aplicación” y estimó que será origen de conflicto en el ámbito institucional y del empleo y aumentará la litigiosidad en los tribunales ordinarios. El procurador preguntó que pasará a partir de enero con los servicios de proximidad y qué pasará con funciones no asignadas como juventud, consumo, igualdad de oportunidades, promoción económica o educación de adultos, gestionadas ahora por los ayuntamientos. “Se mantendrán o habrá recortes”, añadió.
En cuanto a la sintonía entre la reforma local y la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, aprobada por PP y PSOE en septiembre en las Cortes, ambos dirigentes expresaron la voluntad de diálogo y de trabajar para mantener el acuerdo y dar garantías en la prestación de los servicios, preservar el empleo y evitar conflictos. Zancada afirmó que esa es la voluntad que ha expresado el secretario general del PSCyL, Julio Villarrubia, en la carta que ha dirigido al presidente de la Junta para analizar ambas normas.
“Hay que ver si la Junta va a garantizar los servicios o hace seguidismo de la ley estatal”, afirmó Zancada, que insistió en el compromiso del Ejecutivo para preservar los actuales servicios que prestan los municipios en educación, sanidad y en el ámbito de los social. Ramos apeló a la responsabilidad de los grupos de las Cortes, en particular del PP, para evitar tensiones institucionales y para que no se supriman servicios y empleos.
El procurador explicó que la ley de Ordenación parte de una gestión de cooperación en la prestación de los servicios a través de las mancomunidades de interés general, diputaciones y consorcios y estimó que la ley estatal es “profundamente provincial y centralizadora” al potenciar a las corporaciones provinciales. “Es la incompatibilidad fundamental” con la ley autonómica, consideró Ramos, que añadió que la decisión sobre la prestación de un servicio estará en manos del Ministerio de Hacienda con informe de la Junta no vinculante.
Decisiones de comunidad
Por ello, vaticinó “conflictos abiertos entre la Junta y los presidentes de algunas diputaciones” por entender que “se arrebata” competencias de régimen local a las comunidades que unas pasan al Estado y otras de los municipios a las diputaciones provinciales. “Unas diputaciones dirán una cosa y otras otra”, precisó, para recordar la “mala experiencia” de las cajas por el peso de las provincias y abogó por decisiones de comunidad.
El procurador también consideró que las enmiendas de la Junta se han preocupado más de las cuentas autonómicas, en el sentido que la costaría asumir consultorios, escuelas rurales y servicios de proximidad -valoró 382 millones- que en garantizar la calidad de los servicios públicos y el empleo, en lo que afirmó que está centrado su partido. La pregunta, en su opinión, es si se van a prestar los servicios y sí existen garantías de que no se va a cerrar, por ejemplo, ningún consultorio. En esa línea, recordó que el pacto territorial estableció una moratoria de tres años con los actuales servicios hasta la puesta en marcha de los mapas básicos de ordenación.
Por su parte, Zancada mantuvo que el recurso se presentará por su grupo en Madrid, afirmó que otras comunidades -Andalucía, Asturias y Canarias- le suscribirán y precisó que también estarán a disposición de los ayuntamientos que quieran abrir esa vía, ya que, según la ley, se puede presentar también un recurso de inconstitucinalidad por una séptima parte de los ayuntamientos.
