El PSOE denuncia las irregularidades en la gestión de la Galería de Orellan.
El PSOE continúa denunciando que el Ayuntamiento de Borrenes siga adelante con su concurso para encargar la gestión de la galería de Orellán a una empresa privada, a pesar que el Consejo de Gobierno de la Junta debería ser el único organo encargado de la gestión de las Medulas.
Ante las preguntas continuas del PSOE al Ayuntamiento de Borrenes y la JCyL, no han recibido ninguna respuesta sobre el anterior contrato y el actual concurso. El PSOE afirma que “es insostenible que la Junta con su silencio siga amparando la actuación de un ayuntamiento que acumula una irregularidad sobre otra y que sigue sin dar explicaciones”.
Los socialistas piden que se paralice inmediatamente el concurso hasta aclarar la nueva situación en la que queda la gestión de los servicios en las Medulas tras la aprobación del plan. El PSOE “no entiende” que el Ayuntamiento haya adjudicado la gestión a una empresa privada sin que ésta tenga que “desembolsar un solo euro ni por la concesión ni por la explotación anual del servicio; y a cambio el concesionario se queda con el 100 % de los ingresos generados por la explotación de la galería”.
Este partido denuncia que la gestión del PP ha provocado que de los 72.000 euros anuales que según un informe de Intervención genera la explotación de la galeria, y que una vez descontados los costes de explotación supondría un rendimiento anual de 40.000 €, “el Ayuntamiento de Borrenes no ha percibido ni un solo euro en estos casi 12 años de explotación yendo la totalidad de este dinero al bolsillo de un particular”.
Además, en los casi 12 años de explotación no se ha levantado una sola acta de inspección y se ha permitido por parte del PP que el adjudicatario explotase el servicio sin tener un seguro de responsabilidad civil en vigor, ni redactado un plan de seguridad, tal y como denuncian los socialistas. “El adjudicatario llegó a realizar obras no permitidas y no autorizadas, y además nunca se le ha requerido un informe económico anual sobre la situación económica de la explotación”.
El PSOE añade que en el año 2009 finalizó el contrato para la gestión del servicio y sin embargo, el Ayuntamiento ha permitido que el adjudicatario siguiese explotando dicho servicio desde entonces hasta hoy; lo que es tanto como “consentir y amparar la ocupación ilegal de un bien público y la apropiación indebida de los recursos generados por dicho bien sin que exista cobertura legal o contractual que permitiera esto”.
