El PSOE denuncia que Castilla y León vive una situación de “alerta demográfica”
La viceportavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Ana Redondo, denunció este viernes que Castilla y León vive una situación de “alerta demográfica”, atendiendo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, según los cuales entre 2011 y 2012 se han perdido 42.990 habitantes en la Comunidad, con un saldo vegetativo negativo en las nueve provincias. “En breve conoceremos también los datos de 2013, y la pérdida demográfica rondará los 20.000 habitantes·, vaticinó.
Redondo explicó que según las proyecciones del INE, en 2023 Castilla y León habrá perdido el 8 por ciento de su población actual, pasando de los 2.517.000 habitantes con que cuenta en estos momentos a 2.321.000. “Esto demuestra claramente que las medidas de la Agenda de la Población han sido un fracaso rotundo, y que el 'método El Almendro' para computar población, seguido por el consejero de la Presidencia, que contabiliza los ciudadanos a 25 de diciembre, cuando todos vuelven a casa por Navidad, es inválido a la hora de establecer las medidas necesarias para paliar el grave descenso demográfico que sufrimos”, denunció.
La representante socialista recordó los seis objetivos principales planteados en la Agenda de la Población, detallando cómo, en su opinión, se han trasladado esos retos a medidas concretas. Así, explicó que para mejorar los apoyos de emancipación juvenil se ha aplicado una reducción presupuestaria en los tres últimos ejercicios del 10 por ciento en políticas de juventud, suprimiendo programas como el de vivienda juvenil y con cifras de desempleo joven que ronda en Castilla y León el 50 por ciento.
Respecto al objetivo de mejorar y extender los apoyos para que las familias puedan tener el número de hijos que deseen, censuró la “reducción drástica de los programas de conciliación de la vida laboral y familiar”, así como que la autonomía sea la que más ha visto reducidos los salarios medios de todo el país, y sobre el objetivo de extender apoyos a la integración social de los inmigrantes, afirmó es imposible cumplirlo con “un retroceso del 30 por ciento presupuestario desde 2011” y con las cifras de caída de afiliados inmigrantes a la Seguridad Social que se ha producido.
Respecto a la mejora de los apoyos al retorno de emigrantes, apuntó que la Ley de Ciudadanía en el Exterior “pretende ser un revulsivo”, si bien cuenta con el problema de “no ir acompañada de una memoria económica ni de un solo euro presupuestario”, y sobre la posibilidad de favorecer la entrada de ciudadanos de otras comunidades autónomas, comentó que Castilla y León es la segunda región que más habitantes exporta a otras autonomías españolas y reivindicó la necesidad de aumentar la “competitividad demográfica”, algo que sólo es posible “mejorando la calidad de vida y el empleo” “No somos atractivos para el resto de españoles, y para serlo necesitamos más recursos”, detalló.
Redondo concluyó su repaso a los objetivos (frustrados en su opinión) de la Agenda de la Población, argumentando que ha sido “un completo fracaso” el intento de mejorar la evolución demográfica en el medio rural. Así, denunció el “progresivo desmantelamiento de servicios” en los pueblos, con la eliminación de oficinas bancarias, la reducción del transporte a la demanda y la merma de servicios ferroviarios, sanitarios o educativos, que “se acelerará con la Ley de Reforma de la Administración Local”.
Nueva demarcación notarial y registral
Redondo compareció acompañada por el alcalde de Tordesillas, José Antonio González, que reivindicó la necesidad de “acercar los servicios al ciudadano”, una tendencia que, para él, “se está dando la vuelta en la actualidad”, algo que hace que los habitantes de núcleos rurales piensen que son “ciudadanos de segunda” respecto a quienes viven en ciudades. “A los ayuntamientos de municipios pequeños sólo nos queda unirnos para presentar alegaciones conjuntas ante medidas como la revisión total de la demarcación notarial y registral que promueve el Ministerio de Justicia”.
En ese sentido, explicó que el Registro de la Propiedad de Tordesillas se creó en 1862, cuando la localidad contaba con muchos menos habitantes que ahora, y que ahora se ve amenazado ya que cuenta con menos de los 2.500 documentos registrales anuales que exigiría la nueva normativa. González aseguró no entender el “afán de quitar servicios” como éste a los municipios, ya que no le suponen un cargo presupuestario a las arcas del Estado, al ser una concesión, y pidió “cordura” a la Administración central, ya que “si quieren que la gente viva en los pueblos habrá que prestar servicios en los pueblos”.
Según anunció Ana Redondo el PSCyL ha presentado tres iniciativas a la mesa de las Cortes de Castilla y León, entre las cuales figura una proposición no de ley para debatir esa nueva demarcación notarial y registral. Además, han solicitado la comparecencia en las Cortes del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, para informar sobre esta cuestión, y la comparecencia de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, por el mismo motivo.
