La Diputación retoma pero privatiza la educación de adultos en 97 municipios de la provincia
El Programa de Educación de Adultos, un viejo y muy demandado servicio que vino siendo sustentando por la Diputación en los pueblos de la provincia leonesa y en el que la Junta de Castilla y León y la presidenta Isabel Carrasco metieron la tijera en 2012 después de un cuarto de siglo de éxitos, regresará de la mano del nuevo equipo de Gobierno que preside Juan Martínez Majo. Pero no sin una considerable polémica.
Polémica en primer lugar porque este, que fue un servicio público desde su origen hasta su desmantelamiento, con educadores que dependían laboralmente de la propia Diputación, renace ahora pero privatizado. El pasado 9 de diciembre se firmó el contrato con la empresa que se ha alzado con este contrato, Eulen Servicios Sanitarios, por un importe final de casi 180.000 euros para el desarrollo de este primer curso, con posibilidad de prórroga por esa misma cantidad para el curso siguiente, hasta mayo de 2018, según establecen las bases.
Con esta cuantía, la oferta de Eulen recoge la contratación de 10 educadores que serán los encargados de dar las clases a unas 1.800 personas de casi 100 municipios. También habrá un coordinador de todo el servicio. En total once empleos no públicos pero de los cuales sólo el de coordinador contará con la titulación oficial necesaria para dar clases, ya que es el único caso en el que los pliegos matizan que sea diplomado en Magisterio, no así el resto de profesores. Cabe recordar que antes de ser suprimido el servicio en 2012, la plantilla era de 20 personas, cuyas plazas fueron amortizadas.
Por otro lado, igualmente con la documentación del concurso en la mano, la jornada lectiva será superior a 12 horas semanales, al precio unitario de 27,3 euros IVA incluido, como se recoge en la propuesta de Eulen. Durante los ocho meses que tendrá cada curso, eso arroja un salario bruto de poco más de 1.300 euros al mes para los educadores.
Aquí se suma un flagrante incumplimiento de la propia institución, ya que el Plan Estratégico 2015/2019 de la Diputación en el área de Educación preveía para este servicio la contratación pública de docentes a través de bolsa de empleo que, solo a media jornada, elevaría el salario hasta los 1.400 euros pero a jornada completa podría alcanzar los 20.885 euros brutos, dentro de la categoría categoría laboral C1.
Teniendo en cuenta este último caso, se puede ver que el salario de un educador de adultos sería el doble si la institución provincial hubiera cumplido su propio plan y los profesionales no fueran 'externalizados', como finalmente se ha hecho.
Según los expedientes de todo el proceso, serán un total de 97 los municipios los que albergarán las clases semanales para los adultos interesados, agrupados esos pueblos en 16 áreas diferentes. Según los gustos expresados en una encuesta previa pasada a los municipios, se impartirán clases de educación en la salud, talleres de memoria, de cálculo mental, de reciclaje, así como múltiples contenidos sobre nuevas tecnologías, como dominio básico de Internet o uso y manejo del teléfono móvil.
Pérdida de casi un cuarto de curso
No es la única chapuza: el curso debería haber comenzado el pasado mes de octubre pero a causa del retraso en la adjudicación de todo el proceso las primeras clases serán imposibles de desarrollar antes del mes de enero, con la pérdida de casi una cuarta parte de este primer curso.
Y para rematar, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya tuvo que corregir un error en los plazos de presentación de ofertas, debido a una tramitación de urgencia del expediente que no se tuvo en cuenta.
CGT denuncia que dediquen “recursos públicos a beneficios privados”
Todo ello, pero sobre todo la decisión final de privatización de un servicio público más, en este caso educativo, ha provocado las duras críticas de la sección de Enseñanza del sindicato CGT que en un duro comunicado censura que con la adjudicación privada “se empeorarán las condiciones económicas y laborales de los trabajadores”. “De nuevo, un derecho básico, como es el de la educación, se convierte en un medio para dedicar recursos públicos al beneficio privado. ¿Podría alguien explicar por qué se se elimina la gestión directa de ese servicio por parte de la Diputación para entregarlo a una empresa? ¿Qué beneficios se obtienen de ello? ¿Para quién?”, se pregunta este sindicato.
