El PP propone formalmente una reducción de procuradores en las Cortes de Castilla y León

Cortes de Castilla y León

Ical

El Grupo Popular, con 53 procuradores de los 84 de las Cortes de Castilla y León, planteó hoy formalmente una reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el número de procuradores, el límite de mandatos de los presidente de la Junta, de las Cortes y de los parlamentarios y su aforamiento, si bien garantizó que esos cambios sólo se harán por consenso, como “siempre” se han producido en los que se consideran asuntos de Comunidad.

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, presentó hoy en rueda de prensa una proposición no de ley, que se debatirá en el próximo pleno de las Cortes -previsto para la próxima semana- en la que se recogen “medidas ambiciosas, realistas y coherentes” para avanzar en la transparencia, participación y regeneración de la vida pública.

La iniciativa presentada ahora se enmarca en la propuesta del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el último debate de política general del pasado mes de junio, en la necesidad de avanzar hacia la regeneración democrática, la austeridad y la lucha contra la corrupción. Fernández Carriedo recordó las palabras del jefe del Ejecutivo del riesgo de una posible quiebra del sistema y el mensaje de que ante ello “no vale el inmovilismo y hay que reaccionar”.

Con esa base, la propuesta del Grupo Popular pide la posición favorable de las Cortes para iniciar los trabajos de estudio de una futura reforma del Estatuto de Autonomía en la que se recoja la reducción del número de procuradores manteniendo un adecuado grado de representatividad territorial, limitar su aforamiento, establecer un límite de mandato para el presidente de la Junta, de las Cortes y procuradores y dejar en nueve el máximo de consejerías de la Junta.

Fernández Carriedo admitió la dificultad de su aprobación para las próximas elecciones, dado que estas se convocan a finales de marzo y el proceso, en caso de que los grupos estuvieran de acuerdo, requiere la presentación de una proposición de ley de reforma del Estatuto, su aprobación en las Cortes y también en Congreso y Senado.

No obstante, el portavoz popular remarcó que en los asuntos de comunidad “siempre” en Castilla y León se ha hecho por consenso de PP y PSOE, afirmó que en este caso también quieren que sea así e invitó a los grupos a caminar en esa dirección. Respecto de la repercusión de una limitación del mandato del presidente de la Junta en caso de que Herrera sea de nuevo candidato cuando lleva catorce años en el cargo, señaló que las leyes no tienen carácter retroactivo y se remitió a lo que decida el ámbito interno del partido, igual que una posible instalación de primarias en el PP.

De la misma manera, la propuesta popular refiere el estudio para la reforma del Reglamento de las Cortes en la que se contemple la adecuación de esta norma al Estatuto reformado en 2007, la reducción del número de procuradores con dedicación exclusiva -ahora son 18 entre miembros de la Mesa y de dirección de los grupos-, ampliar el periodo hábil a los meses de enero y julio y creación de la Oficina del Ciudadano en cada grupo, sin que suponga un aumento económico.

También para establecer la obligación para todos los procuradores y altos cargos de las instituciones propias de la Comunidad de formular una declaración de la situación patrimonial ante notariuo al inicio y final de su mandato y la presentación anual de copia y de la sdeclaraciones de IRPF y de patrimonio si procede. Igualmente, la posibilidad de seguir en la web de las Cortes las sesiones de pleno y comisiones que no sean declaradas como secretas.

En este momento, el Reglamento establece que los procuradores están obligados a presentar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de actividades en el Registro General de las Cortes de Castilla y León, si bien el contenido de sus bienes no tiene carácter público. Precisamente, los grupos abrieron una negociación para que la web de la Cámara publicará las remuneraciones y patrimonio, no hubo acuerdo, pero a inicitiva del presidente de la Junta, que colgó sus datos, los hicieron los consejeros y los procuradores.

Participación ciudadana

La proposición popular insta a la Junta a la publicación mensual en el Portal de Gobierno Abierto de los datos de ejecución presupuestaria, a regular la participación ciudadana en anteproyectos de ley, proyectos de decreto, estrategias, planes y programas, a ganantizar por ley que las aportaciones de los ciudadanos se atenderán en la web institucional de la Junta, así como a anticipar en Castilla y León el cumplimiento de la ley estatal de transparencia.

En tal sentido, se avanzará antes de que entre en vigor el cumplimiento por las comunidades autónomas -diciembre de 2015- en la publicación en el Portal de Gobierno Abierto de todas las contrataciones que realicen la administración de la Comunidad y los entes públicos autonómicos y los informes de evaluación detallada de políticas y programas.

También, plantea el PP modificar la ley del Consejo de Cuentas para que el Plan Anula no sea aprobado por las Cortes y la modificación de la ley Electoral de Castilla y León para recoger la obligación de que se realice al menos un debate electoral por campaña autonómica. Fernández Carriedo afirmó que, en caso de que no se cambiara por ley en este periodo, el PP expresa su disposición a celebralo, como ocurrió cuando el debate de política general se convocó sin su regulación normativa.

El último apartado de la inicitiva se dirige al Gobierno central para que adopte medidas relativas a la prohibición de las donaciones de empresas a partidos políticos, la limitación de las donaciones de particulares a partidos políticos, la prohibición de que los bancos puerdan perdonar las deudas de los partidos, control parlamentario del indulto, reformas para agilizar los procedimientos penales y regulación de los mecanismos para que los corruptos devuelvan las cantidades defraudadas y aumento de los medios en la lucha contra la corrupción.

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