Ponferrada adjudica el contrato de basuras a FCC con la oposición del PP y vecinal
El pleno municipal de Ponferrada dio hoy luz verde a la adjudicación del contrato unificado de los servicios públicos de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y mantenimiento y conservación de zonas verdes y jardines a la empresa FCC, con un coste anual de 5,8 millones de euros. El punto salió adelante con el voto de calidad del alcalde, Samuel Folgueral, ya que la votación se saldó con 12 votos a favor y 12 votos en contra debido a la ausencia del concejal de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), Argimiro Martínez, en ese momento por ser parte interesada como trabajador de dicha empresa.
Una sesión bronca, avivada por la presencia en el salón de pleno de medio centenar de vecinos de Flores del Sil y Cuatrovientos, que manifestaron su oposición a la adjudicación del nuevo contrato que prevé la recogida de basura en estos barrios en días alternos. Así, en el momento de comenzar el debate de este punto levantaron sus pancartas en las que podía leerse “Estamos de recortes hasta los mismísimos”, “Ayuntamiento de Ponferrada con 120 millones de deuda quiere firmar un contrato de 20 años por importe de 130 millones”, “Basta ya de pelotazos” o “Municipalización si, privatización no”.
El portavoz del grupo de no adscritos, Santiago Macías, defendió la adjudicación del nuevo contrato por ser “beneficioso” para las arcas municipales, al suponer un ahorro anual de 2,2 millones de euros que se eleva a los 40 millones de euros en sus 20 años de vigencia -17 años más tres de prórroga-. Asimismo, destacó que garantiza los empleos y permite el no tener que aplicar nuevos impuestos al tiempo que, aseguró, se mantiene la calidad del servicio que incluso se extiende a todo el municipio, dando servicio a pedanías y a zonas urbanas en las que antes no se prestaba.
Unos aspectos que también defendió su socio de gobierno. El portavoz de IAP, Emilio Cubelos, puso el acento en el “ahorro significativo” que supone la unificación de los contratos de recogida de basuras y jardines, así como la “mayor eficiencia” que implicará la ampliación de las zonas de limpieza y mantenimiento de jardines, así como la fiscalización diaria que se podrá hacer del funcionamiento del servicio. “Se producirá una recogida eficiente y satisfactoria adaptada a las necesidades reales”, afirmó Cubelos.
En cuanto a las críticas sobre la duración del contrato, hasta los 20 años, el portavoz de IAP explicó que se fijó esta vigencia para que la adjudicataria del servicio pudiera amortizar las inversiones que tendrá que realizar para cubrir la necesidades del servicio de un modo eficiente. “La empresa necesita hacer una fuerte inversión en maquinaria y tenemos que dar el plazo suficiente para que pueda amortizarla”, añadió Cubelos, que insistió en que el “el tiempo dará o quitará razones” en cuanto al mantenimiento de la calidad del servicio.
Por su parte, el portavoz del PP, el exalcalde Carlos López Riesco, dudó de que el nuevo contrato pueda garantizar el mantenimiento del servicio y se puso del lado de los vecinos e Flores del Sil y Cuatrovientos que, en su opinión, “no debe ser los que paguen los ahorros o los pluses que se den a otros ciudadanos”. A este respecto, valoró que la densidad de población en estos barrios es igual o mayor que la de otras zonas de la ciudad donde se mantiene la recogida diaria. Así, pidió al equipo de gobierno que recapacite, denunció el trato “discriminatorio” a estos ciudadanos y aseguró que no existe ningún dato objetivo que justifique esta reducción de la recogida de basura.
Un debate entre el bipartito y la oposición en la que volvió a salir a la luz el 'tasazo' que pretendía implantar hace un año el PP y que suponía un incremento de 80 euros en el recibo de basuras. Para Macías, el portavoz 'popular' no puede dar lecciones y denunció su “demagogia”, recordando que hay otros barrios de la capital berciana en los que la recogida se realiza cada dos días y “el servicio no se ha resentido”. La respuesta de Riesco fue insistir en que ese servicio se debe prestar en función de la densidad de población y que la factura del ahorro no debe ser pagada por estos vecinos. “Es un error y es una injusticia”, añadió.
La última palabra la tuvo el alcalde, Samuel Folgueral, que hizo un alegato a favor del contrato que permite un importante ahorro económico y la fiscalización para saber cúal es el coste real del servicio. Así, recordó que el anterior contrato firmado por el PP tuvo una vigencia de siete años y se prorrogó otros dos, pasando de cuatro a 7,2 millones anuales. “La ciudad no se ja duplicado para que se haya tenido que duplicar su cuantía”, apostilló el regidor, que también reconoció que se valoró la posibilidad de municipalizar el servicio pero que tendría un coste superior al de la oferta presentada por FCC, en torno a 522.000 euros más al año.
“No es un corsé cerrado”
Folgueral insistió en que se mantendrá la calidad en la prestación del servicio en los barrios de Flores del Sil y Cuatroviento y puntualizó que, de todos modos, el nuevo contrato “no es un corsé cerrado” porque el pliego prevé la posibilidad de introducir las correcciones y los ajustes pertinentes para garantizar su prestación siempre en las mejores condiciones. “Se pueden realizar las correcciones oportunas, no merma la calidad del servicio, que lo tengan claro”, añadió el alcalde ponferradino.
Por otro lado, la sesión plenaria de este viernes también supuso la aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2014, valorado en 54,8 millones de euros, tras desestimar la alegación presentada por una empresa por una factura pendiente de pago -relacionada con las obras del castillo de los Templarios-, con la abstención del PP. El bipartito realizará un estudio “más profundo” de la factura y prevé hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder a su pago cuando corresponda.
Otro de los puntos abordados fue la propuesta de Alcaldía para formalizar ante el Tribunal Constitucional un conflicto para la retirada de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración local por considerarla lesiva al atentar contra la autonomía de los ayuntamientos y el trabajo que se realiza desde las juntas vecinales. Una propuesta que partió de la iniciativa del PSOE, que dio traslado de ella a todos los grupos políticos con representación municipal, incluido el PP, que votó en contra.
