El pleno rechaza una comisión política para investigar el incendio de Ordoño II
El Ayuntamiento de León ha decidido finalmente que no creará una comisión de investigación de carácter político para analizar algunas circunstancias del incendio del edificio de Ordoño II del pasado 10 de agosto, al margen de la investigación policial en la que participan expertos de León, Valladolid y Madrid, y cuyo contenido final está a punto de darse a conocer.
El PP ha contado con el apoyo de los dos concejales de la UPL y el debate sobre la idoneidad o no de esta comisión ha generado un intercambio de opiniones, enrocado en las posturas que mantienen desde el principio el equipo de gobierno, respaldado por los leonesistas, y el grupo socialista, impulsor de esta medida que se ha quedado en nada.
Incluso en última instancia el nuevo portavoz municipal socialista José Antonio Díez trató de optar por el camino del medio y mostró su disposición a trasladar esta investigación a la Comisión Municipal de Control, siempre y cuando se garantizasen tantas comparecencias como se solicitasen, sin coste alguno para los ciudadanos y todas las comparecencias de carácter público. Por los votos de PP y UPL lo impidieron.
Entre la lectura del punto y la negativa final media casi una hora de un debate enquistado que ha repetido hasta la saciedad las declaraciones que unos y otros han mantenido desde que tuvo lugar el suceso que el 10 de agosto arrasaba parte de las instalaciones del edificio de Ordoño II.
El PSOE, valedor de la iniciativa, ha vuelto a insistir en que esta comisión debe servir para aclarar las dudas que siguen, a juicio del portavoz José Antonio Díez, en boca de la población, porque se ha perdido un buen contingente del patrimonio de todos los leoneses y se debe aclarar, para que no quede duda alguna, hasta el más insignificante de los detalles.
El portavoz del equipo de gobierno, José María López de Benito ha vuelto a declarar, por enésima vez, que se ha dado todo tipo de información en tiempo real y con total transparencia de todos los detalles relacionados con el siniestro y ha asegurado que en ningún momento se han sentido apoyados por la oposición, pese a las manifestaciones de su portavoz José Antonio Díez, que sólo ha hecho que alimentar el bulo.
Agua y rastro
Pero este no ha sido el único asunto que se ha traducido en un largo debate sobre asuntos que curiosamente unos y otros, socialistas y populares, y leonesistas, han tenido que defender y rechazar, dependiendo del papel que las urnas les haya otorgado en cada momento.
Es el caso de la aplicación del IPC interanual a la tasa de agua. En esta ocasión el equipo de gobierno ha mantenido que se trata de una obligación que marca la ley y que la repercusión será tan sólo de unos céntimos más en la cuenta trimestral de cada usuario.
Enfrente, el PSOE ha criticado la subida y ha subrayado, en boca de la concejala Susana Travesí, que unida a los recortes y las medidas aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy, todo en conjunto ha hecho que los leoneses hayan visto mermado su poder adquisitivo en un 11%.
En este punto intervino el portavoz leonesista Javier Chamorro quien a su vez recordaba que hace pocos meses, antes del cambio por orden de las urnas, era la concejala socialista Natalia Rodríguez Picallo quien defendía la obligatoriedad de la subida de la tasa en relación al IPC, y era entonces el PP quien clamaba por la subida y votaba en contra, como ha hecho en esta ocasión el PSOE.
Algo similar sucedió con la amortización de plazas de excedentes, curiosamente de trabajadores municipales que pidieron la excedencia para seguir trabajando en la misma administración.
En esta ocasión la concejala de personal Nuria Lesmes quiso recordar que esta era una situación heredada del PSOE, aunque a renglón seguido la concejala socialista Susana Travesí le recordó que el PP había gobernado casi dos décadas y que algo tendría que ver con esta situación.
Tampoco hubo acuerdo a la hora de aprobar definitivamente el nuevo reglamento que regula el rastro. El PSOE acusa al equipo de gobierno de no tener en cuenta las alegaciones a todo el reglamento de dos asociaciones de comerciantes y el PP asegura que se han tenido en cuenta todas las voces que han querido expresar su opinión y sus alegaciones, como ha sucedido con las de la FELE.
