La oposición en Castilla y León acepta negociar la reforma de la administración autonómica
Los grupos parlamentarios Socialista y Mixto aceptaron este martes iniciar las negociaciones del proyecto de ley de reforma de la administración de la Comunidad, que presentó en comunicación el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, pero rechazaron las formas en las que han conocido las propuestas con las que el Ejecutivo prevé ahorrar 45 millones de euros a través de 66 medidas.
Así, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, aseguró que con estas medidas la Junta reconoce “66 fracasos” en su manera de gobernar y sostuvo que el problema del Ejecutivo es “la falta de credibilidad” y de transparencia. Asunto este último, en el que según el consejero, Castilla y León es referencia internacional.
Sin embargo, para José Francisco Martín las 88 solicitudes de comparecencia, entre ellas desde el 25 de febrero de 2012 a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para explicar su plan de racionalización del gasto público, que tiene pendientes la Junta demuestran esta falta de transparencia. Al mismo tiempo, Martín citó como ejemplo también de la falta de credibilidad de la Junta su reforma del sector público empresarial y fundacional donde se ha escondido “debajo de la alfombra” la creación de una comisión para estudiar esta reforma y donde “gracias” al Consejo de Cuentas se saben ejemplos de mala gestión en estas empresas y fundaciones públicas. “Así sólo se comportan los bandoleros”, remachó Martín, a quien afeó el consejero de la Presidencia y portavoz en su turno de réplica y que retiró posteriomente el socialista pero reconoció que viendo estas prácticas “le hierve la sangre”.
Al socialista le acusó De Santiago-Juárez de “deprimirse” con buenas noticias en Castilla y León y le recordó que la credibilidad que tiene la Junta se la dan los ciudadanos cada cuatro años. Además, le volvió a instar a sentarse y dialogar para conseguir llevar a las Cortes el proyecto de ley en marzo de 2014 y que va a modificar doce o trece leyes y que se solicitará su tramitación urgente porque los ciudadanos piden que se adelgace la administración.
Por su parte, el procurador de Izquierda Unida, José María González, quien se mostró de acuerdo siempre con hablar, negociar, debatir y proponer“ y a quien se lo agradeció el consejero, junto con su ”tono“, aseguró que esta comparecencia deja ver lo que, a su juicio, ocurre desde septiembre de 2011 y que es ”la instalación por vía de la racionalización administrativa de un permanente golpe de estado de lo público“. ”Hablar de racionalización para aniquilar lo público“, subrayó José María González. ”Las medidas son recetas para la anorexia administrativa“, denunció el procurador de Izquierda Unida.
González se refirió también al Informe CORA que, a su juicio, tiene un tono de “ordeno y mando” de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que está redactado de manera imperativa y que destruye el estado autonómico con el argumento del “ahorro y la austeridad”.
En este sentido, José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que el informe CORA “no impone nada a las comunidades, les hace recomendaciones” que la Junta no aceptará si supone un mayor coste por la prestación del servicio.
Por su parte, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, remarcó que a la Junta le sobra estructura pero necesita gastar más en servicios públicos, por lo que volvió a pedir que se reduzca “el bosque” de entes y que la Junta “no haga trampas” y esconda unos entes públicos en otros. Además, coincidió con González en que si el Informe CORA impone competencias “estaríamos ante un golpe a la democracia”.
Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, defendió unas medidas que plantean “una reforma y una mejora en la eficacia y en la austeridad del gasto”. Además, animó a los grupos a que tomen la “oportunidad” del plazo que se abre hoy, hasta mañana a las 9.30 de la mañana, para que presenten propuestas de resolución que mejoren el texto. “Sería un error reununciar a presentar propuestas y alternativas en la reforma de la administración”, subrayó Fernández Carriedo. .
También, el popular defendió el buen hacer de Castilla y León durante los últimos años, algo que, a su juicio, le permite no tener que abordar ahora en la actual situación grandes reformas, como por ejemplo, su renuncia a la televisión o la policía pública. “Nuestra posición es mejor que la de otras comunidades autónomas”, sostuvo el portavoz del PP en las Cortes. “Esta es una iniciativa adecuada y coherente con el programa electoral y de gobierno”, concluyó.
