La Junta trasladará al Gobierno un acuerdo social para que se analice el impacto del ‘impuesto dulce’

La Junta de Castilla y León trabaja en un acuerdo político y social que trasladará al Gobierno central para que se analice el impacto económico de la puesta en marcha del llamado 'impuesto dulce' en una Comunidad que produce el 85 por ciento del azúcar que se moltura en España.

En la rueda de prensa posterior al Consejero de Gobierno, la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, calificó de “razonable” que se tomen medidas para una alimentación más sana y saludable pero rechazó que se haga vía impositiva, a través de un gravámen a las bebidas carbonatadas.

“Trabajaremos desde el punto de vista social y político y con el Gobierno de la Nación para que se analice el impacto que puede tener una medida más vinculada a la salud que a la recaudación pero que causaría un claro perjuicio en la economía de Castilla y León”, explicó la portavoz, que recordó que el sector ya sufrió cierres, reestructuración de plantas y la cuota fijada por la Unión Europea.

Tras reiterar que se trabaja para que el final de las cuotas se vea como una oportunidad en un cultivo de carácter social, con 6.000 profesionales vinculados de forma directa, recalcó que se dirigirán al Gobierno para que se estudie el impacto de un impuesto que, aunque se vincule a la salud, su aplicación tendría un efecto en la economía de Castilla y León.