La Junta ha respondido a casi 5.000 preguntas en las Cortes en lo que va de legislatura

El Ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera ha respondido a 4.838 preguntas entre escritas y orales formuladas por los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León -en especial por los de la oposición parlamentaria-, en lo que va de esta octava legislatura (2011-2015), lo que representa un incremento medio de casi el 43 por ciento en el control a la Junta si se compara con el mismo periodo del anterior mandato.

La estadística de la Consejería de la Presidencia, que tiene entre sus competencias las relaciones con las Cortes de Castilla y León, registra la contestación a 4.167 preguntas escritas, a 671 orales y a 610 peticiones de documentación. Estos datos, suponen un aumento del 50 por ciento en el caso de las preguntas escritas, sobre las 2.782 presentadas en el mismo tramo de la pasada legislatura, un 18,5 por ciento en las orales que realizan los procuradores en pleno y comisión, frente a las 566, y un 60 por ciento en las peticiones de documentación, que en el anterior periodo fueron 380.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, califica de “perfecto” el aumento del control a la Junta de Castilla y León, asegura que se sienten “cómodos” en esa faceta y recuerda que los grupos políticos realizan su función mientras que el Gobierno responde. Tras aplaudir que haya más actividad legislativa, subraya que el incremento se produce con tres consejerías menos y un 20 por ciento inferior de altos cargos en esta legislatura.

“No se puede acusar a la Junta de falta de colaboración y de transparencia”, asevera el consejero portavoz, convencido de que hacen un esfuerzo ante el aumento de la actividad parlamentaria pero añade que es una de sus obligaciones como la de la oposición es de control e impulso legislativo. De Santiago-Juárez valora que el Ejecutivo autonómico responde a las preguntas de los grupos con “la calidad adecuada” y no entra a juzgar el rigor de las preguntas. “Se responde trasladando toda la información que se solicita”, afirma.

Tras negar la critica de la oposición de “opacidad y falta de transparencia”, defiende que la Junta acuda a la prórroga para responder a algunas preguntas -el plazo inicial es de veinte días siguientes a su publicación, que se puede doblar-, así como que se pida a los procuradores que se acerquen a las sedes de la administración autonómica para ver determinada documentación. “Lógicamente, cuando hay más preguntas, y el Reglamento lo permite, nosotros lo utilizamos”, explica.

Precisamente, la oposición socialista acusa al Ejecutivo de vulnerar el Reglamento con una nueva solicitud de prórroga para 70 preguntas de su grupo, algo que considera “impresentable y un desprecio al trabajo parlamentario”, así como que evidencia “falta de voluntad política de transparencia” para cumplir con la norma de la Cámara.

En el debate que se cruzan la Junta y la oposición entre lo que permite el Reglamento de las Cortes y el retraso en la respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos, De Santiago-Juárez recuerda que la reforma de la norma de gobierno de la Cámara se aprobó por consenso de quien gobierna y de quienes realizan la tarea de control. “Si aumentan las peticiones no se pueden quejar de lo que figura en el Reglamento, si no les gusta, que lo cambien”, reta. “Se podría entender la critica a la prórroga si se hubieran reducido las preguntas”, añade, mientras rechaza que abusen de ese mecanismo parlamentario.

Transparencia y mala información

En su rechazo de falta de transparencia por parte del Ejecutivo, el consejero portavoz introduce la última polémica con la oposición tras la inclusión de una enmienda del Grupo Popular al plan anual de fiscalizaciones del Consejo de Cuentas para que la auditoria de empresas públicas y fundaciones se elimine de los informes especiales y se retrase un año como trabajo estadístico, si bien su control se hará en la cuenta general de la Comunidad.

Al respecto, cree que los socialistas han confundido la critica a la falta de transparencia con una “mala información” en su denuncia, insiste en que la fiscalización se realiza por mandato legal y recuerda que el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, José Francisco Martín, ha cuestionado la validez que aporta esa estadística. “No nos negamos a fiscalizar, el PSOE no lo ha entendido”, recalca.

Por otro lado, después de que el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, haya condicionado un acuerdo sobre la futura ley autonómica de transparencia a la auditoría de empresas públicas y fundaciones, el consejero portavoz recomienda al dirigente socialista que se lea la ley reguladora de la institución de fiscalización para que vea que no se suprime el control al sector público. “Ajustarse a la realidad implica conocer las cosas, las frases hechas no conducen a nada”, concluye en referencia a la advertencia del líder del PSCyL de que no lo van “a tolerar” y se harán “sí o sí”.