La Junta limitará el alquiler de sus viviendas al 30% de los ingresos familiares

El alquiler de las viviendas de la Junta no superará el 30 por ciento de las rentas de las familias afectadas por la crisis económica. Así lo recoge una enmienda del Grupo Mixto al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de vivienda que los 'populares' apoyarán este miércoles, 11 de diciembre, durante la segunda sesión del Pleno de las Cortes. Además, PP y PSOE no cierran la puerta a un pacto sobre el texto si la negociación avanza en aspectos como la promoción directa o la lucha contra los desahucios.

La nueva norma surge de un decreto de 22 medidas urgentes en materia de vivienda que el Gobierno autonómico aprobó a finales de julio y que las Cortes convalidaron un mes después para paliar la dramática situación que vivían muchas familias de la Comunidad a consecuencia de la crisis. El PP ha enmendado el texto, consensuado en el Consejo del Diálogo Social, con una treintena de propuestas, ha apoyado cuatro de cada diez de las del PSOE y ha pactado una decena más con el Grupo Mixto, con quien aseguran han logrado una “sintonía” en esta materia.

Los procuradores del Grupo Popular y Socialista, Alfonso García Vicente y Ana Muñoz de la Peña, reconocieron que el texto llega al Pleno sin un “acuerdo”, pero señalaron que existe “espacio” para acercar posturas. El parlamentario 'popular' subrayó que se han incluido nuevos colectivos de especial protección y se ha ampliado el abanico territorial de las viviendas rurales. Además, recordó que es la ley en materia de urbanismo y vivienda con el apoyo social más amplio, ya que los grupos han recogido en sus enmiendas las propuestas de sindicatos y patronal.

García Vicente advirtió de que si los socialistas votan en contra sería la primera vez que un proyecto del Diálogo Social no recibe el respaldo mayoritario de los grupos. Por su parte, la socialista Muñoz de la Peña remarcó que el PP no puede “esconderse” en este órgano ya que recordó que de las 30 enmienda del PP, sólo 12 se ciñen a los planteamientos de los agentes sociales y económicos. Aseguró que el resto son de “cosecha propia”, lo que a su juicio indica que ni al grupo mayoritario le gustaba la ley.

Líneas rojas

Asimismo, la procuradora socialista aseguró que no pueden apoyar la norma si no se admite el 60 por ciento de sus enmiendas, aunque insistió en que queda la “oportunidad” del Pleno. “El PP rompió posibilidad de acuerdo en Ponencia y lo manifestó en Comisión”, dijo. “Nos lo ponen muy difícil”, añadió, si bien admitió que están abiertos a la negociación e incluso a renunciar a algunas de sus pretensiones, si se recoja el compromiso de que la Junta continúe con la promoción directa. A su juicio, es una “barbaridad” que el Ejecutivo no vaya a construir ninguna casa más.

También, la dirigente socialista expresó el rechazo de su grupo a que se liberalice toda la política de vivienda protegida, así como a que la Junta deje de ejercer sus labores de control y tutela, renunciando a la política de vivienda, que pretende realizar a costa de los ayuntamientos.

Además, denunció que el PP ha aprovechado esta norma para introducir una modificación sustancial en la Ley de Derecho a la Vivienda, que se aprobó por consenso en 2010. Explicó que algunas medidas “van más allá” del decreto de medidas urgentes y no servirán para “ayudar” a los ciudadanos ya que restringen los derechos de acceso a la vivienda o modifican aspectos como el uso del suelo dotacional.

Cordura y abstención

Sin embargo, el PP espera que al final prime la “cordura” y la “lógica” puesto que el texto ha sido enriquecido con las propuestas de sindicatos y patronal. También, García Vicente subrayó la “sintonía” con el Grupo Mixto y confió en que apoyen el texto ya que trabajan para pactar la enmienda que limita los alquileres de las viviendas de la Junta al 30 por ciento de los ingresos de la familia.

Sin embargo, el procurador de IU José María González aseguró que no votarán a favor de la ley y sólo se abstendrá si al final se aceptan un grupo de enmiendas de las 44 que presentaron, entre las que reconoció que no figurarán de ninguna manera las referidas a los desahucios.