La Junta de Castilla y León prorroga los presupuestos pero asegura que los hará si hay Gobierno central
La Junta de Castilla y León trabaja ya en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020, si bien el próximo año comenzará con las cuentas de 2018. Para ello, el Consejo de Gobierno aprobó hoy en su última reunión del año el decreto que regula las condiciones de la prórroga presupuestaria, que se mantendrá hasta que haya unos nuevos presupuestos.
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, explicó en la comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo que no renuncian a la elaboración de unas nuevas cuentas para la Comunidad en 2020, que serían las primeras del gabinete de PP y Ciudadanos.
No obstante, Francisco Igea expuso que la Junta afrontará los primeros meses de 2020 con una prórroga de los presupuestos de 2018, como, añadió, hace el Gobierno de España. Por ello, insistió en la necesidad de contar con un Ejecutivo en el país que inicie la elaboración de un marco presupuestario, que permita a Castilla y León tener las cifras e indicadores, como el techo de gasto.
Sin estas variables, continuó el portavoz de la Junta, no pueden aprobar las cuentas del nuevo ejercicio, puesto que podría llevar aparejado un mayor déficit público, como a su juicio ha ocurrido en otros territorios. No obstante, admitió que la ausencia de unas nuevas cuentas conlleva que no se pueden iniciar nuevos proyectos.
Asimismo, la Junta indicó que el decreto establece la prolongación de los créditos iniciales de 2018 en todos los capítulos, y de forma específica los asociados a los compromisos realizados por la Junta hasta este momento, así como aquellos que resulten “imprescindibles” para atender los servicios públicos, facilitar la gestión administrativa y garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
En términos generales, se establece la prórroga de los créditos iniciales en vigor salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse.
Esto implica que, mientras se mantenga la prórroga, la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal, capítulo uno; los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales, capítulo dos; y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad, capítulos tres y nueve.
En cuanto al resto de los gastos, el Decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos –cuatro ó de transferencias corrientes, seis ó de inversiones reales, siete ó de transferencias de capital y ocho ó de activos financieros– cuyos créditos se prorrogan, dando continuidad a las medidas que se venían realizando a lo largo del ejercicio.
Esto supone, y así lo recoge el Decreto, que la Junta seguirá ejecutando partidas correspondientes a cualquier prestación que viniera realizando de forma sistemática a lo largo del ejercicio, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.
Añade también que se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.
Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad, y a la 31, Política Agraria Común (PAC).
