IU demanda a la Junta la habilitación excepcional de las trabajadoras de ayuda a domicilio de 55 y más años
IU presentó hoy una proposición no de ley en las Cortes regionales en la que insta al Ejecutivo autonómico a establecer un proceso extraordinario en la Comunidad, mediante una orden, para habilitar a las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio de 55 y más años de forma directa, sin pasar por el proceso de evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vía no formales.
El procurador de IU en las Cortes regionales, José Sarrión, estimó que unas 300 personas, mayoritariamente mujeres, se podrían beneficiar de esta medida, contemplada en una resolución estatal del 3 de noviembre de 2015, donde se preveía otorgar la certificación para ejercer estas profesiones, que será obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2017, a este grupo de edad si acreditaban una experiencia mínima de 2.000 horas en esa categoría profesional en los últimos diez años.
José Sarrión destacó que otras autonomías como Andalucía, Castilla-La Macha y Asturias ya han regulado esta iniciativa, y arremetió contra la Junta por su falta de sensibilidad y “desidia”, cuando Castilla y León es una autonomía altamente envejecida y “es importante garantizar la atención a los mayores del medio rural”. Sarrión recordó que la Junta se escuda en que está a la espera de una normativa nacional que regule este procedimiento y sostuvo que el Ejecutivo regional “se equivoca” en su argumentación porque esa regulación permitiría a los que obtuvieran el reconocimiento trabajar en todo el territorio nacional, pero primero se puede establecer en la Comunidad.
Sarrión recordó que el proceso general de acreditación de la experiencia, requiere haberse inscrito en la convocatoria que se abrió en 2015; someterse a una baremación con un número de plazas limitadas; pagar 30 euros en tasas y 40 por el título; recibir cuatro sesiones de asesoramiento y después pasaar un examen. En total, estimó que se puede tardar diez meses en obtener la acreditación que se exigirá a partir de 2018.
Así, remarcó que el reconocimiento de la tarjeta profesional de forma automática a este colectivo, si cumple los requisitos, reduciría el plazo a 15 días; conseguirían el certificado todas, y no sólo las que se hubieran apuntado al proceso de evaluación y las que pasasen la baremación; se ahorrarían 70 euros y no tendría que sufrir la ansiedad de un examen. “Es una medida absolutamente razonable y necesaria y no entendemos porque en Castilla y León, el Gobierno regional no tiene la sensibilidad de establecerla”, resumió.
