Guada y Alonso exigen la dimisión de Carrasco
Las concejalas, Ana Guada y María José Alonso, han exigido hoy públicamente la dimisión de Isabel Carrasco al frente de la Diputación Provincial tras conocerse la sentencia judicial que anula las oposiciones convocadas para cubrir 40 plazas de auxiliar administrativo, plazas a las que accedieron varios familiares de cargos públicos del PP.
Para ambas concejalas la sentencia “ratifica la existencia de indicios de irregularidades en las citadas pruebas, como la composición del tribunal, la filtración de exámenes y las notas de corte”.
Según Guada y Alonso, dichos indicios “ya fueron puestos de manifiesto en su día en el Auto dictado por la Sala de lo Penal, cuya demanda está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial”.
Estos hechos -añaden las concejalas- que vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución y que deben de presidir el acceso a la función pública, pone de manifiesto una vez más la relación clientelar existente en las entidades locales a la hora de cubrir las plazas vacantes.
Guada y Alonso señalan que la citada sentencia viene a ser la guinda a una legislatura en la Diputación “que ha estado presidida por la arbitrariedad y los favoritismos por parte de su Presidenta, como también ha quedado de manifiesto en las denuncias realizadas por la oposición respecto al reparto sectario de subvenciones a los municipios, hecho denunciado por varios alcaldes, el despido improcedente de los trabajadores de las Oficinas de Desarrollo Local, la negativa a su derecho de manifestación o el trato de favor a empresas con las que mantiene una vinculación personal”.
Según Guada y Alonso, Carrasco ha convertido la institución provincial en su “cortijo particular donde hace y deshace a su antojo, por lo que está obligada a aceptar su responsabilidad política y por tanto presentar su inmediata dimisión”.
Clientelismo en el Ayuntamiento
Las concejalas añaden que lo ocurrido en la Diputación no es un hecho aislado ya que los últimos procesos selectivos de plazas convocados por el ayuntamiento de León también se encuentran bajo sospecha tras la anulación judicial de una de ellas y al encontrarse las otras recurridas en espera de sentencia judicial
El gobierno socialista municipal, al igual que el gobierno popular en la Diputación -dicen las ediles- “practican un vergonzoso clientelismo en su política de persona”l. Esta situación -añaden- ha sido incluso reconocido públicamente por el vicealcalde, Javier Chamorro, al afirmar en marzo de 2007 que “era necesario acabar con el enchufismo laboral en el ayuntamiento de León, hecho que no se ha producido”.
