El Gobierno reforma el mercado del alquiler
El Consejo de Ministros ha elaborado un anteproyecto de Ley que modifica la ley de arrendamientos urbanos e incluye medidas para dinamizar el mercado del alquiler de viviendas.
La ministra de Fomento, Ana Pastor ha manifestado que el Gobierno intenta que “sea una ley equilibrada, que haya mayor seguridad jurídica, más viviendas en alquiler y mayor flexibilidad, buscando siempre el equilibrio entre los derechos del arrendador y del arrendatario”.
La ministra ha destacado que el mercado del alquiler en España no constituye una alternativa eficaz al mercado de la propiedad debido a una insuficiencia de oferta, la falta de competitividad por el nivel de las rentas, la falta de profesionalización del mercado y la ausencia de un equilibrio entre los derechos e intereses de arrendadores y arrendatarios.
Pastor ha asegurado que la reforma “sacará al mercado las viviendas vacías, facilitará el acceso a las mismas a los colectivos más vulnerables y permitirá una mayor movilidad de los trabajadores”.
La ministra ha señalado que los objetivos de la medida son flexibilizar el mercado de alquiler, reforzar la seguridad jurídica, mejorar la regulación del proceso de desahucio y establecer estímulos fiscales.
Respecto a la flexibilización del mercado de alquiler, Ana Pastor ha indicado que la norma prevé que las partes puedan pactar la actualización de la renta aunque no esté en el contrato. Además se reduce el plazo de prórroga forzosa de los contratos de alquiler a tres años. El inquilino puede desistir del contrato cuando quiera siempre que lo comunique con un mes de antelación. El propietario podrá recuperar la vivienda para residencia habitual en los mismos casos que prevé la ley anterior, sin necesidad de que se haya pactado en el contrato, con un preaviso de dos meses.
Para reforzar la seguridad jurídica, la ministra ha señalado que el comprador de una vivienda arrendada sólo estará obligado a mantener al inquilino en los arrendamientos inscritos en el Registro de la Propiedad.
La norma agiliza los plazos y procedimientos de desahucio por impago de rentas reduciendo la intervención judicial al mínimo imprescindible. Se habilita un plazo de 10 días para que el inquilino pague la deuda pendiente y se simplifican los procedimientos judiciales.
En cuanto a las medidas de carácter fiscal, se crean exenciones fiscales para lograr la equiparación tributaria de los residentes y de los no residentes. También se introduce una modificación del gravamen sobre bienes inmuebles para no residentes. Ana Pastor ha destacado que lo que se pretende es “potenciar que los no residentes que tienen viviendas vacías puedan sacarlas a alquiler”.
Además, se modifica el régimen fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Éstas tributarán en función del resultado del ejercicio, se incrementarán las rentas exentas del 20 al 25% y el tipo de gravamen se fija en el 19%.
Incentivos a la adquisición de viviendas
La ministra de Fomento ha añadido que con la finalidad de dinamizar el mercado inmobiliario se establecerá una exención del 50% de las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos que sean adquiridos entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, siempre y cuando no exista vinculación entre las partes. Dicha exención se practicará en el ejercicio en el que se produzca la transmisión.
