El Gobierno recurrirá a los tribunales si Castilla y León paga parte de la extra

ileon.com/ical

Si la Junta -y los ayuntamientos de León y Ponferrada y la Diputación- había anunciado que devolverá parte de la paga extra de 2012 que los tribunales han reconocido como derecho a cobrar a los trabajadores públicos, el números dos del Ministerio de Hacieda y Administraciones Públicas ha echado este miércoles un jarro de agua fría sobre esa decisión.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado que se está a la espera de que el Tribunal Constitucional dictamine sobre un recurso interpuesto contra el pago efectuado por el País Vasco, “entre tanto no haya este pronunciamiento, que determine la exigencia de adoptar cualquier medida sobre la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación el real decreto y no se puede abonar”.

Rotundo Beteta afirmó que “cualquier actuación unilateral que se lleve a cabo por estas instituciones será recurrida por parte de la Administración del Estado por incumplimiento de este real decreto”.

Reacción de la Junta

La consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, afirmó este miércoles que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, “se ha precipitado” al anunciar que recurrirá la devolución de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos anunciada por Castilla y León. Del Olmo se preguntó, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes, “qué va a recurrir si no hay ningún acto legislativo, administrativo ni hay tampoco ningún acuerdo”.

La titular de Hacienda recordó que se han emitido sentencias que han ido saliendo a lo largo del último mes, que obligan a la Junta de Castilla y León al abono de la parte proporcional de la extra (lo devengado desde el 1 de junio hasta que entró en vigor el real decreto ley, el día 13 de julio, del Gobierno de España), y además condenan a la Administración autonómica a abonar las costas y los intereses de demora.

La consejera manifestó que todo el problema llega por un Real Decreto estatal del que es responsable el Gobierno y sostuvo que “evidentemente si nos van a recurrir y luego tenemos que pagar costas e intereses, habrá que reclamárselo a quien ha producido este hecho, que es el Gobierno de España”.

La consejera de Hacienda insistió en que le “parece bien” que Beteta recurra lo que pueda, “que no sé qué es”, reiteró, pero advirtió de que el Gobierno regional, le reclamará los gastos en los que incurra por su decisión, por un acto cuya responsabilidad es “exclusiva” del Ejecutivo central. “Nosotros vamos a reclamarle al Gobierno que nos pague estos gastos que va a tener que pagar la Comunidad por un acto de exclusiva responsabilidad del Gobierno de España. Es un elemento de negociación, si es que nos quieren compensar por esos gastos que vamos a tener”, aseveró.

Del Olmo también se cuestionó qué hará “el señor Beteta” con las entidades locales que ya han anunciado que pagarán la extra y no sólo los 44 días pendientes, incluso su cuantía íntegra, porque “no va a recurrir sólo a las autonomías”.

La consejera exhortó a que alguien desde el Ejecutivo central le “dé la instrucción de que no se tienen que cumplir las sentencias” y constató que “estamos en un estado de derecho y evidentemente entiendo que las sentencias tienen que ser cumplidas”. Unas decisiones judiciales, dijo, que acarrean costas e interese de demora. En este sentido aseguró que la Junta cumplirá esas sentencias, porque “hay que cumplirlas”.

En este sentido, recordó que están negociando con los sindicatos que representan a los empleados públicos la “manera más fácil para todos de cumplir estas sentencias sin que nos cueste tanto”. 2Si llegáramos a un acuerdo que de momento no hemos alcanzado, nos evitaríamos el pago de costas y el pago de intereses. Yo creo que esto es lo más importante“, resumió.

La consejera asumió que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre esta regulación y constató que lo tendrán en cuanta en la negociación que están llevando a cabo. “Cualquier sentencia que afecte tanto a la constitucionalidad de la paga extra como al devengo de esos días a los que me he referido, evidentemente vamos a acatarla y a respetarla. Eso lo estamos negociando con los sindicatos. No sólo nosotros, todos los ciudadanos”, dijo.

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