El Gobierno se lanza contra el fraude fiscal
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la situación del sistema financiero y, en particular, sobre el calendario de reformas comprometido para los primeros 6 meses del año.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el ministro se dirigirá por carta inmediatamente al gobernador del Banco de España para que le informe sobre las retribuciones de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han sido intervenidas o que han necesitado apoyo de dinero público.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que de acuerdo con los datos del informe, “el Gobierno adoptará las medias oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar llevando sus tareas”.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado al Consejo las directrices para la elaboración de un plan general de control del fraude para el año 2012, con la que el Gobierno espera elevar la recaudación en 8.171 millones de euros.
La vicepresidenta ha avanzado que se intensificará la investigación del fraude fiscal, así como el control en la fase recaudatoria. Además, se aumentará la colaboración con las administraciones tributarias de las comunidades autónomas.
Sáenz de Santamaría ha destacado que Hacienda está estudiando la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para luchar así contra la economía sumergida y la utilización de dinero negro en esos pagos.
Situación Seguridad Social
El Gobierno ha anunciado además que la Seguridad Social acabó 2011 en números rojos, con un total de 668 millones de euros de déficit, pese a que las previsiones era que lo hiciera en equilibrio presupuestario o ligero superávit. Pese a la cifra la vicepresidenta y portavoz ha dicho que “las pensiones se pagarán, pero este país necesita medidas extraordinarias”. La Seguridad Social no cerraba un ejercicio con déficit desde 1998.
Además, el Ejecutivo ha señalado que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne a las Comunidades Autónomas con el Ejecutivo Central, se examinará también la situación del sector público con el objetivo de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha presentado un informe en el que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública. “Es una tarea compartida del Estado, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales redimensionar el sector público para mejorar el control del déficit”, ha fijado la vicepresidenta, que también ha informado de que en la reunión se “pedirá una explicación de por qué solo se ha reducido el 13%” del número de entidades públicas o altos cargos fijado en 2010 (69 de 515). Castilla y León es una de las comunidades más incumplidoras y en la que sus entidades públicas tienen un mayor nivel de endeudamiento.
