Gallardón afirma que “subsistirán todas las sedes judiciales” actuales y no se cerrarán juzgados en ningún partido judicial

E. Rodríguez/ ICAL

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, afirmó hoy que “subsistirán todas y cada una de las sedes judiciales que en estos momentos existen en España, sin excepción” y que “no se cerrará” ningún juzgado de primera instancia o instrucción en ninguna capital de provincia, ni tampoco en ningún partido judicial de España “sin excepción”.

El ministro, que clausuró en Ávila el II Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, respondió así a la preocupación que le trasladó el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago- Juárez, en ese mismo foro. El portavoz del Gobierno regional advirtió de que si se aplicaran a otros servicios esenciales los criterios de eficiencia y carga de trabajo en los que se basa el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “tendríamos que cerrar todos los servicios del medio rural”.

Por ello, reclamó que esa nueva ordenación de la justicia tenga en cuenta las peculiaridades de la Comunidad, como la dispersión poblacional, y evitar que si se aplica esa regla “haya un órgano judicial por cada 10.400 kilómetros cuadrados”.

El consejero incluyó en sus reivindicaciones que Castilla y León también pueda formular propuestas para la ubicación de las sedes desplazadas, al margen de tener o no transferidas las competencias de justicia. Una ubicación que fijará la nueva Ley de Demarcación y Planta. De Santiago- Juárez dijo no entender por qué se han marcado “dos categorías” en este sentido y reiteró la petición de la Junta de que “tanto las que tienen las competencias como las que no, participen haciendo propuestas” y no con una “simple audiencia”.

Ante esta petición, Ruiz- Gallardón aseveró que el Gobierno dará “voz y voto” a todas las comunidades autónomas y afirmó estar dispuesto a llegar a un acuerdo con el PSOE para que la nueva Ley de Planta registre que cualquier modificación sobre la demarcación actual “tenga que ser informada favorablemente por la comunidad autónoma respectiva, aunque ahora no vayamos a modificarla”, aseveró.

El ministro aclaró que los tribunales provinciales de instancia que contempla el anteproyecto de ley asumirán las competencias de las audiencias provinciales y de los órganos unipersonales, esto es, los juzgados de primera instancia e instrucción. No obstante matizó que los tribunales provinciales de instancia no son “sustitutos” ni “herederos” de estos órganos unipersonales.

Ruiz- Gallardón alegó que esta organización aporta “flexibilidad” al funcionamiento y competencias que puede tener cada sede y permitirá un mejor aprovechamiento de los medios materiales y humanos porque pertenecerán al mismo órgano. De esta forma se distribuirán en función de la carga de trabajo de cada juzgado, y no con un criterio territorial. “Permitirá reasignación de efectivos sin necesidad de crear juzgados o modificar la planta constantemente”, agregó.

Sede TSJCyL

En cuanto al debate abierto sobre la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ruiz- Gallardón aseveró que “mantendrá la sede establecida desde su constitución” y, por tanto, que la ley “consagra la titularidad de Burgos como sede”. No obstante, no precisó si, aunque Burgos siga siendo la sede, esta podría desdoblarse con algunas salas a Valladolid.

Sobre este tema, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago- Juárez, reiteró que el Gobierno regional “no tiene ninguna intención” de abrir un “debate estéril” puesto que la sede del TSJCyL, está donde fija la Ley de Cortes de 1987, es decir, Burgos.

Competencias

Coincidieron el consejero portavoz y el ministro de Justicia en insistir en que para sentarse a negociar sobre la transferencia de estas competencias a la Comunidad es preciso completar la reforma marcada por el anteproyecto de ley del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta y también, el nuevo modelo de financiación autonómica, agregó de Santiago- Juárez.

Una negociación en la que, hasta el momento, hay una diferencia de 30 millones de euros entre el coste efectivo que estima el Ministerio y el que baraja la Junta, que también reclama cláusulas de garantía que comprometan una serie de inversiones.

No obstante, el consejero rechazó que Castilla y León sea una “comunidad de segunda” por no tener transferida la justicia, ya que más que la cantidad de competencias, lo que importa es la “calidad” con la que se gestionan cada una de ellas. De lo contrario, en vez de asumir una nueva competencia, se estaría asumiendo un “déficit” que perjudicaría al resto de servicios públicos.

Etiquetas
stats