La Fiscalía ve indicios penales en irregularidades electorales en San Román y dos pueblos de Balboa
La Fiscalía de Ponferrada ha concluido sus investigaciones respecto a dos denuncias impulsadas hace meses por el PSOE, ordenando buscar a los presuntos autores de posibles delitos electorales ocurridos en las localidades de San Román de Bembibre (municipio de Bembibre) y Castañoso y Chan de Villar (municipio de Balboa).
El fiscal jefe ha notificado al Partido Socialista que las labores previas de investigación concluyen que se aprecian indicios de carácter penal por delitos en materia de propaganda electoral, en el primer caso, y en irregularidades en votos por correo en el caso de los pueblos de Balboa.
Por este motivo, la Fiscalía ha ordenado al Juzgado la apertura de dos procesos diferentes de diligencias previas judiciales, instando a tomar declaraciones a posibles autores y víctimas, y recabar pruebas sobre estos presuntos delitos.
En San Román de Bembibre, el origen de la denuncia del PSOE fue la publicación en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal de documentación contra el entonces alcalde y candidato socialista, Jesús Esteban, algo que el fiscal cree que podría estar penalizado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por haber, presuntamente, influido en la orientación del voto de los vecinos.
Tanto en Castañoso como en Chan de Villar, el responsable de la Fiscalía de Ponferrada observa posibles anomalías en el voto por correo, que en el Régimen Electoral General estaría penado de 6 meses a 3 años de prisión o multas de 12 a 24 meses.
Para la Ejecutiva Provincial del PSOE, estas dos nuevas decisiones judiciales no son más que la comprobación de que las pasadas elecciones se batió el “triste récord de juego sucio” en la provincia leonesa, que obligó a esta formación a defender la legalidad en un número muy elevado de municipios.
En este sentido recuerda que también durante la precampaña, los socialistas tuvieron que denunciar censos escandalosamente hinchados en municipios gobernados por el PP, los cuales pudieron ser paralizados justo a tiempo por las autoridades judiciales, en casos tan llamativos como Borrenes, Valdepiélago, Crémenes, San Emiliano, Valdelugueros y Oencia, alguno de los cuales pretendían incrementar los empadronados en más de un 30% de los vecinos reales.
