La Fiscalía rebaja de 6 a 1 año la pena para el alcalde de Barjas
La Fiscalía ha rebajado de seis a un año la petición de cárcel para el alcalde de Barjas, Alfredo de Arriba, por delitos de malversación de caudales públicos y falsificación en documento público supuestamente cometidos cuando ordenó el ingreso de una subvención en una cuenta a su nombre.
La Audiencia Provincial de León ha celebrado este lunes la vista oral, en la que Alfredo de Arriba ha declarado no haber recibido beneficio económico en la operación por la que está imputado para la ejecución de una obra, que según ha asegurado fue realizada por la mercantil 'O Couto', participada por el cuñado del regidor, y por la que fue acusado el Consejo Comarcal del Bierzo de presuntas adjudicaciones irregulares de obras forestales.
Alfredo de Arriba, para el que el Ministerio Público solicita la la inhabilitación durante dos años, ha dado “por hecho el error de haber figurado en la titularidad de esa cuenta si bien era la única fórmula” al carecer de una propia la Junta Vecinal, y ha garantizado que no percibió “ni un céntimo” de esa obra.
Asimismo, el regidor socialista ha asegurado que esta empresa no acometió ninguna obra más para el Ayuntamiento de Barjas y que la oposición en el consistorio le ha “acusado de todo” para que se fuera y poder ocupar la alcaldía.
El fiscal, en su escrito provisional de acusación, explicó que en 1996 el Ayuntamiento de Barjas acometió la pavimentación de las calles de Guimil y Serviz, asumiendo la ejecución de la obra con un presupuesto de 2,5 millones de pesetas, de los cuales 1,2 millones eran subvencionados por el Consejo Comarcal del Bierzo.
En 1997, una segunda imputada en el caso, E.G.S, fue contratada interinamente para suplir las funciones del secretario titular, mientras ejercía de socia gerente de la empresa Trafica S.L, que según sostuvo el Fiscal fue quien llevó a cabo las obras, y emitió una certificación falsa firmada por ella y contando con la colaboración plena del alcalde de Barjas.
En ella, se acreditaba que la Junta Vecinal se había reunido, sin que fuera cierto, dando por finalizadas las obras y reclamando el ingreso de la ayuda en una cuenta a nombre de los dos acusados, según la acusación.
En la exposición final, la Fiscalía ha reducido la petición de condena por el delito de malversación de caudales públicos de 2.400 a 200 euros de multa y de los dos años de prisión que solicitaba en un principio a dos meses, que serán computados por el abono de 600 euros. Por el delito de falsificación documental ha rebajado la solicitud de cuatro años de prisión a un año de privación de libertad y una multa de 600 euros.
El caso ha quedado visto para sentencia tras la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de León.
