Expertos plantean voto preferencial en listas cerradas y limitación de mandatos en la reforma del Estatuto de Autonomía
Los expertos en Derecho Constitucional Paloma Biglino, Augusto Martín y Luis Delgado coincidieron hoy en que el voto preferencial en listas cerradas es una “medida muy positiva” para la regeneración y calidad democrática, donde defendieron también la limitación de mandatos y un mayor control político, aunque estimaron que no todas ellas tienen que recogerse en el Estatuto de Autonomía, sino que algunas están ya en leyes.
Biglino, Martín y Delgado, profesores en las universidades de Valladolid, Salamanca y Burgos, analizaron las medidas de regeneración y calidad democrática propuestas por la Junta para incluir en una cuarta reforma del Estatuto de Autonomía, cuya negociación han abierto los grupos de las Cortes de Castilla y León.
La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid habló de normas para “permeabilizar” los partidos políticos y estimó que una de ellas sería las primarias, que ve “discutible” que esté en el Estatuto, pero advirtió de que sólo son para los números uno y luego, en las elecciones, hay una lista cerrada como un “solo menú del día”. Además, añadió que en el Senado son abiertas y no cambia porque el partido decide los nombres.
“Sería una medida muy positiva, no altera el voto y eximiría de realizar primarias”, argumentó Biglino al plantear listas cerradas con voto preferencial, medida compartida por Augusto Martín Luis Delgado, ya que los tres expresaron dudas sobre las primarias y sus articulación legal, que, para el segundo, a la vista de los problemas en algunos partidos, como en el PSOE, la decisión de si son abiertas o cerradas y los avales pueden ser “una trampa de regulación”.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Augusto Martín fue más lejos en la propuesta de listas cerradas con voto preferencial y propuso un modelo mixto en el que se compaginen las candidatuas actuales y el voto preferencial abierto hasta a tres candidatos así como un mínimo de votos que podría estar en Castilla y León en un diez por ciento. “Evita la fragmentación y no complica al votante”, aseveró.
Limitación de mandatos
Luis Delgado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos, afirmó que “hay razones” para limitar el mandato -está planteado para el presidente de la Junta, Cortes e instituciones propias- como que una persona no se perpetúe en el cargo y facilitar la alternancia política, aunque cuestionó que en el Estatuto se deba incluir el número de consejeros de un Ejecutivo.
Por su parte, Biglino estimó que la limitación de mandatos puede servir para reducir el “excesivo peso” del Ejecutivo, pero en su intervención abogó, en especial, por el control político y jurídico de los representantes públicos y estimó que ya está recogido en las leyes, y “no es imprescindible” que algunas de esas medidas estén en el Estatuto.
La experta de la UVa propuso que la máxima norma institucional básica incluya un estatuto de la oposición para reforzar el respeto, la lealtad institucional y el control político por las minorías al Ejecutivo. “Sin el respeto a las minorías, no hay mayorías”, aseveró. “Las fuerzas políticas tienen que ser generosas y con perspectiva de futuro”, apuntó para recoger esa medida.
Augusto Martín, que como sus compañeros observó que esas medidas de calidad democrática se producen por un descontento que lleva a la desafección de los ciudadanos por los casos de corrupción en los partidos políticos, calificó de “importante” la limitación de mandatos desde la idea de la no profesionalización de la política, que en España es “elevado”, y subrayó los jóvenes que salen de los partidos y permanecen mandatos al no tener una profesión. El experto abogó por limitar mandatos de los concejales y también de los procuradores.
En cuanto a aspectos que no estén en la propuesta de reforma y se puedan recoger, Luis Delgado estimó “excesivo” algunas de las que van en regeneración democrática y Paloma Biglino también consideró que “no es imprescindible” incluir todas en la reforma, aunque propuso proclamar la independencia del Consejo de Cuentas, como el modelo francés o europeo, para garantizar su independencia y evitar un reparto de cuotas conforme a la representación en el pleno para elegir a sus miembros.
Tras manifestar Biglino que el aforamiento se puede eliminar aunque no es imprescindible, los tres expertos no ven inconveniente en que se recoja en el Estatuto que los promotores de una Iniciativa Legislativa Popular la pueden defender en pleno. “Desde el punto de vista simbólico se puede recoger”, apostilló la catedrática de la UVa, para quien la ILP influye más en el impulso de una ley que en su aprobación. “Es más cosmético, pero se puede incluir”, añadió Martín, que defendió eliminar el uno por ciento de firmas por provincia.
Por último, el experto de la Usal se mostró “critico” con una reforma “condicionada por el clima político” como el pacto PP-Ciudadanos para la investidura del presidente de la Junta, en la que Herrera ofreció una reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de las Cortes. Sin embargo, zanjó que “conduce a la melancolía” abrir el debate y decir que no se hará en esta legislatura, como ha manifestado el consejero de la Presidencia.
