Los curiosos, y frecuentes, consensos en las Cortes autonómicas

Siete de cada diez iniciativas del Grupo Popular debatidas durante este año en las Cortes de Castilla y León se aprobó por unanimidad de la Cámara, algunas con demandas al Gobierno de Mariano Rajoy y otras destinadas a la Junta de Castilla y León. De manera que la formación mayoritaria que gobierna la Comunidad estuvo arropada y no se quedó en soledad parlamentaria como le ocurre al PP en el Congreso. El pleno acogió cuatro de cada diez propuestas de la oposición socialista, pero la mayoría sirvió para fijar una posición de Comunidad, como en financiación autonómica, Política Agrícola Común, minería o entidades locales.

El grupo mayoritario llevó al plenario 13 proposiciones no de ley, ocho recibidas por unanimidad de los parlamentarios y cinco con la abstención de alguno de los grupos de la oposición. La bancada socialista presentó 57 iniciativas en los plenos celebrados en este año -34 proposiciones no de ley y 23 mociones- con el resultado de ocho aprobadas, de ellas siete por unanimidad, además otras cuatro obtuvieron un respaldo a algunos de sus puntos.

Además, las leyes remitidas por el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera contaron con el apoyo de uno u otro grupo de la oposición, caso de los textos de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio; Instituciones propias de la Comunidad; Estímulo a la creación de empresas; Integración de inmigrantes y Ciudadanía en el exterior. Fuera del consenso sólo quedó una ley, la de Pesca de Castilla y León, que salió del Hemiciclo con los votos del PP. Por el contrario, hubo unanimidad en la ley de Igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Sin embargo, la mayoría del PP ha mantenido a lo largo del ejercicio un apoyo cerrado a la reforma de las pensiones y a la Lomce -proyectos del Gobierno central-, y a la Agenda de la Población de la Junta. En el primer caso, tumbó las cinco proposiciones no de ley de los socialistas para pedir al Gobierno su retirada. En el segundo, desestimó cualquier solicitud de la oposición a la política demográfica. Los grupos Socialista y Mixto negaron su aval al pacto sanitario, una de las medidas 'estrella' de la Consejería de Sanidad.

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, y la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, coinciden -en declaraciones a Ical- en que el diálogo es un valor de Castilla y León y apuntan al consenso con el que se han aprobado las distintas reformas del Estatuto de Autonomía y al marco del Diálogo Social (Junta, sindicatos y patronal), recogido en la carta autonómica de autogobierno. “La cultura de acuerdo existe y no se ha tenido que construir por la crisis”, afirma el popular. “Con el consenso se pretende mejorar la vida de los ciudadanos”, dice la socialista.

Entre las razones que ve el popular para que las propuestas de su grupo se hayan recogido por unanimidad en la mayoría de los casos, está que Castilla y León no ha hecho excesos, se gobierna desde la moderación y no ha tenido que tomar, precisamente por ello, decisiones “tan dramáticas” como en otros territorios. “Aquí no puede salir la gente a la calle en contra del cierre de la televisión autonómica, como ha ocurrido en Valencia, porque no hay televisión autonómica”, explica.

Sin embargo, Ana Redondo pone en valor “la generosidad y responsabilidad” del Grupo Socialista y asegura que el consenso “no es tan favorable” cuando el PP está en la oposición, ante la opinión del popular de que se gobierna desde la moderación, unido a que en la Comunidad las decisiones sobre los ajustes han sido “menos dramáticas”. “Hemos tenido a los ciudadanos antes que los intereses partidistas”, defiende la viceportavoz.

Buscar la complicidad

Fernández Carriedo ve difícil el rechazo de la oposición a una política de moderación, marcada por el diálogo con los agentes sociales y con un “catálogo” de leyes sociales remitidas a la Cámara, muchas de ellas para ampliar derechos subjetivos recogidos en el Estatuto de Autonomía. “Es difícil plantear una oposición frontal a medidas como la renta garantizada de ciudadanía”, apostilla.

Redondo, que se muestra menos optimista sobre el efecto y el cambio en la voluntad de quien gobierna que han podido tener las propuestas aprobadas en las Cortes, considera que la Junta y el Grupo Popular han buscado el consenso para “tener una interlocución más fácil” con un gobierno de su mismo color político. “Las disputas con el Gobierno le han llevado a buscar la complicidad de la Cámara, ante lo que no consigue del Gobierno”, argumenta.

La viceportavoz socialista estima que no existen dos partidos populares distintos, uno en Madrid, que ha tomado unas medidas, y otro en Castilla y León más moderado en sus ajustes, sino estrategias políticas diferentes en determinados momentos. Redondo se pregunta si realmente hay un enfrentamiento con el Gobierno en algunos asuntos pactados en la Comunidad, que después se han aceptado por la Junta. “Ha faltado fluidez entre el Gobierno y la Junta”, opina la parlamentaria, que añade que algunas materias que perjudicaban aquí se podían haber solucionado a través del diálogo y la negociación.

“Lo importante es lo que afecta a la vida de los ciudadanos”, remarca Redondo, convencida de que los diputados y senadores del PP no se han unido a los asuntos de comunidad aprobados en las Cortes y recuerda el rechazo unánime de la Cámara a la reforma local del Gobierno. “En eso reside la utilidad del Parlamento”, apostilla. “El Grupo Popular ha puesto un punto de equilibrio en la búsqueda del acuerdo y ha llevado a las Cortes temas que eran objeto del debate general”, defiende Fernández Carriedo.

El número sobre los temas

Los grupos parlamentarios se conjuraron este año en la defensa de las entidades locales menores, en contra de la reforma local del Gobierno y en reivindicar que la ley estatal tenga en cuenta las peculiaridades de Castilla y León, en apoyo al futuro de la minería, en el mantenimiento del mapa actual de partidos judiciales, en la posición que debe defender la Junta en la revisión del modelo de financiación autonómica y en la negociación de los fondos de la PAC, iniciativas presentadas por el Grupo Socialista.

Igualmente, aunaron sus fuerzas en las propuestas del Grupo Popular en defensa del modelo farmacéutico de la Comunidad, en contra del cierre de Paradores, a favor de las térmicas y en el rechazo del copago de medicamentos de enfermos crónicos. Las medidas antidesahucios de los populares se aprobaron por unanimidad con incorporaciones de PSOE y Mixto (IU). A la Junta han pedido que abone la extra de Navidad de 2012 (44 días) y que reforme la ley de policías locales. “Lo importante es que una institución dé marcha atrás”, dice Redondo. “Más importante que el número son los temas”, remata Fernández Carriedo.

Entre las propuestas 'populares' que no recibieron el respaldo de todos los grupos están las relativas a los casos de bebés robado -asunto que se debatió por primera vez en las Cortes-, colaboración en incendios forestales, homologación de créditos de formación profesional, el programa Releo de libros de texto y el pacto sanitario de la Consejería de Sanidad con medio centenar de colectivos.